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Gil Tamayo asume un “silencio cómplice” de la Iglesia con la pederastia pero lo extiende a toda la sociedad

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española pide al resto de la sociedad que no se calle y que asuma "su cuota de responsabilidad"

El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo (izquierda), junto al obispo de Salamanca, Carlos López, en la octava Semana de Pastoral.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido que durante años la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española" ante estos delitos.

"Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio", ha considerado Gil Tamayo en una entrevista con la agencia Efe concedida una semana antes de concluir su mandato. Será ordenado obispo de Ávila el 15 de diciembre y antes, el 20 de noviembre, se celebrarán elecciones al cargo de secretario general.

En la misma línea, el portavoz de los obispos españoles ha considerado que la "inacción" de la Iglesia ha sido la misma que la de toda la sociedad española. "Compartíamos esa cultura y ahora nos percatamos de que ha sido un silencio cómplice". "Ahora hay una condena justa de la sociedad, pero hemos convivido hasta hace no mucho tiempo con una dejación social con estas cuestiones igual que se ha convivido, desgraciadamente, con la violencia contra la mujer", ha añadido.

Tras reconocer la responsabilidad y el silencio de la Iglesia ante la pederastia, Gil Tamayo ha asegurado que en España existe una campaña "intencionalizada" para desacreditar a esta institución y en la que no se duda, incluso, en instrumentalizar a las víctimas y convertir su testimonio en un espectáculo. En su opinión, se está "criminalizando" a la Iglesia mediante una campaña mediática y política con el objetivo de "desacreditar a una institución que puede levantar la voz ante otras cuestiones e interesa callarla". Tampoco está de acuerdo con que las penas o el castigo que impone la Iglesia a los pederastas sean "leves".

"Las penas han sido más leves por parte del Estado, que las prescribe" y que deja a las víctimas sin posibilidad de defenderse, ha dicho. Por ello, ha insistido en la necesidad de buscar "un remedio compartido" y que toda la sociedad asuma su responsabilidad ante los casos de pederastia. Unos casos que, ha explicado, todavía no se pueden cuantificar pero en los que se está trabajando para "prevenir, curar, reparar y castigar", con la intención clara de "acabar con la pederastia en las filas" de la Iglesia.

En una reciente entrevista con EL PAÍS, Fernando Giménez Barriocanal, jefe de finanzas de la Conferencia Episcopal Española y el único de la institución que ha accedido a ser entrevistado por este periódico, aseguró que el porcentaje de pederastia en la Iglesia española es "irrelevante", respecto a este delito en otros ámbitos.

"Se está construyendo un relato sobre este tema que no tiene nada que ver con la realidad de la Iglesia. Ustedes pueden coger los datos de Eurostat sobre este tema y ver los porcentajes que hay de las distintas casuísticas y entonces uno dice: ¿y por qué solo se pone el foco en la Iglesia si es un porcentaje insignificante? Estamos hablando es un porcentaje irrelevante, irrelevante, irrelevante. Irrelevante en el conjunto de la sociedad", aseguró Giménez Barriocanal.

Tal y como ha venido publicando EL PAÍS, la Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.

Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores. Las penas impuestas han ido desde una multa hasta 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.

España tiene 18.000 sacerdotes, por lo que las condenas por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos en la Iglesia y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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