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Más de mil firmas piden ilegalizar el sindicato de prostitutas

Colectivos feministas, universidades y políticas como Cristina Narbona denuncian la prostitución como “una forma violenta de opresión” a las mujeres

Conxa Borrell y Sabrina Sánchez, dos de las responsables del sindicato Otras, en Barcelona en agosto.
Conxa Borrell y Sabrina Sánchez, dos de las responsables del sindicato Otras, en Barcelona en agosto.

“El feminismo ha sido abolicionista desde su raíz”, arranca un manifiesto por la abolición de la prostitución que recaba apoyos desde este martes, a apenas horas de que la Audiencia Nacional analice dos demandas relacionadas con el sindicato de prostitutas Otras. Más de un millar de personas y organizaciones respaldan un escrito para “cambiar este modelo de sexualidad que sigue priorizando una masculinidad tóxica”. El manifiesto define la prostitución como “una forma violenta de opresión y explotación de millones de mujeres en todo el mundo”. "Cuando decimos que la prostitución es un trabajo estamos condenando a las más pobres a tomar una salida que, las que tenemos más recursos y derechos, no queremos para nosotras", señalan las firmantes, mayoritariamente mujeres.

Políticas del PSOE como la exministra Cristina Narbona, la diputada Ángeles Álvarez, la concejala del Madrid Purificación Causapié, la responsable del Instituto de la Mujer Silvia Buabent o la exconsejera de la Junta de Andalucía Amparo Rubiales, entre otras, respaldan el escrito que pide que se ilegalice el sindicato que el Ministerio de Trabajo inscribió “por error” el pasado agosto en el Boletín Oficial del Estado. Feministas destacados como Rosa Cobo, Octavio Salazar, Towanda Rebels, la activista Amelia Tiganus (de Feminicidio.net) y organizaciones como Themis, Médicos del Mundo, el Fórum Feminista de Madrid, No Somos Vasijas o la asociación contra la trata APRAMP, entre otras, se suman a la recogida de firmas. A última hora de la tarde de este martes se sumó la diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid y activista feminista y LGTBI Beatriz Gimeno.

También figura el respaldo de entidades de las Universidades de Henares, Valencia, La Laguna o Illes Baleares, entre otras. Consideran “innegable” el sesgo de género de la prostitución con un enorme porcentaje de prostituidas mujeres y casi la totalidad de los clientes masculinos. “Es una institución machista que perpetúa el sistema patriarcal que denunciamos y contra el que luchamos las feministas, y que viola la dignidad humana”, remachan.

Es el segundo manifiesto en apenas dos días, después de que el lunes se conociera un escrito a favor del sindicato en el que firmas como la de la cineasta Isabel Coixet o la escritora mexicana Elena Poniatowska reclamaban la retirada de las demandas, junto con distintas representantes de Podemos, como la concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez, o activistas feministas como Justa Montero, Begoña Zabala o Yayo Herrero. Y consideraban "un error de partida equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual no solo con la prostitución decidida, sino con toda la diversidad de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en este sector". 

Una ley contra la trata que multe al cliente

Este nuevo escrito sostiene que la trata existe “porque la prostitución existe”. Las firmantes consideran que la legalización del sindicato Otras “es una maniobra para legalizar de facto el proxenetismo” en España. “La demanda de los puteros es tan brutal que es imposible abastecerla con el porcentaje mínimo de mujeres que dicen ejercer libremente”, prosigue el comunicado, que pide una sanción penal “también a los puteros”. Las firmantes denuncian que sin una Ley Integral contra la Trata “solo es posible actuar si la mujer denuncia. Y sabemos que la mayoría de las mujeres no se atreven porque están coaccionadas”.

En España la prostitución es una actividad alegal. El Gobierno ha prometido una ley contra la trata y la explotación sexual cuyo contenido no ha trascendido. El consejo asesor de políticas de Igualdad del PSOE, un organismo que colabora con el Gobierno con expertos de distintos perfiles, se ha posicionado este martes a favor de la abolición y propuso una ley integral que sancione al cliente de la prostitución, como hacen ya países como Francia o Suecia, principal modelo abolicionista.

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