Los jueces obligan a Castilla y León a elaborar planes de calidad del aire

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a Ecologistas en Acción en su lucha para lograr que la comunidad elabore los planes de calidad del aire preceptivos para controlar el ozono troposférico, un contaminante con alto poder oxidante, que según la Agencia Europea de Medio Ambiente causó en España 1.800 fallecimientos prematuros en 2015. El documento, dice la sentencia, debe incluir las zonas de Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, sur y este de Castilla y León, donde se han incumplido los límites legales del contaminante marcados por la UE para la protección de la salud humana y la vegetación entre 2010 y 2014. En este tiempo se han superado anualmente en más de 25 ocasiones los 120 microgramos por metro cúbico que marca la normativa.

Los ecologistas sostienen que habría que añadir en la relación a Valladolid, Soria y la Demanda, por rebasar los límites establecidos en años posteriores. La superficie total abarca 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1.755.000 habitantes. Miguel Ceballos, experto en contaminación del aire de la organización conservacionista, sostiene que: “Es una sentencia pionera que puede tener importantes consecuencias en otras diez autonomías donde no se cumple la ley”.

Además de Castilla y León, carecen del instrumento de gestión Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Valenciano, Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco. Ni siquiera el Gobierno español ha elaborado el plan nacional para el ozono comprometido en 2015, recuerdan los ecologistas. El fallo, que puede ser recurrido en casación, echa para atrás uno de los principales argumentos de la Junta, que sostenía que no se trataba de un problema regional y aislado, sino de toda España y sur de Europa, y por lo tanto, del Estado. “No puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional”, porque, “se trata de instrumentos independientes”.

El Tribunal destaca que existen dos informes del jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 2015 y 2016 en el que se recogen las zonas donde se superaron los valores límite de ozono troposférico. “En concreto”, apostilla la sala, el informe de 10 de agosto de 2015 se refiere a las superaciones de los años 2012 a 2014 y “manifiesta que se reflejan valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, incluso donde no existen emisiones significativas de los principales contaminantes precursores a partir de los cuales se forma el ozono”.

Este se produce por la reacción entre el dióxido de nitrógeno emitido por los coches y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias junto a la radiación solar. “Provoca irritación en los ojos y vías respiratorias superiores, además de incrementar las patologías cardiovasculares”, explican los ecologistas.