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El asesino de Fátima estuvo en la cárcel por vulnerar medidas cautelares sobre otra mujer

En 2016 fue absuelto por falta de pruebas de los delitos de coacción y maltrato contra la fallecida muerta el martes en Sevilla

La Policía en el edificio donde vivían la víctima y su supuesto asesino, en Los Pajaritos (Sevilla).
La Policía en el edificio donde vivían la víctima y su supuesto asesino, en Los Pajaritos (Sevilla).PACO PUENTES
Eva Saiz

Enrique Román Bernasconi, el presunto asesino de Fátima, la mujer de origen magrebí de 36 años que fue hallada este martes apuñalada en el rellano de su casa en el barrio sevillano de Los Pajaritos, era un maltratador habitual. El 14 de marzo de 2014, Román fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla a 14 meses de cárcel por un delito continuado de quebrantamiento de una medida cautelar, que fue adoptada en su contra en relación con otra mujer distinta de la fallecida. El fallo fue recurrido y la Audiencia Provincial rebajó la pena a 11 meses de cárcel. Cuando en marzo de 2017 se le requirió para ejecutar la pena, las autoridades comprobaron que el hombre ya estaba preso por otro delito distinto de los malos tratos.

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Tras cumplir condena por el quebrantamiento de la medida cautelar, salió en libertad definitiva el pasado 19 de marzo y regresó a su piso, en el 2º del número 3 de la sevillana calle Carena, justo debajo de donde vivía Fátima, su antigua pareja, junto a sus hijos. Fue entonces cuando el miedo volvió a entrar en el cuerpo de la joven.

La fallecida había denunciado a Román en diciembre de 2016. El día 2 de ese mes, a las 18.30, Fátima se había bajado del coche de Román junto con su hija, que entonces tenía 11 años. Fue entonces cuando él, “movido por el ánimo de impedir a su pareja el legítimo ejercicio de su voluntad”, según el escrito de la Fiscalía facilitado por el Tribunal Superior de Andalucía, salió del coche y “le arrebató el bolso tras zarandearla”, dejando a la mujer “sin sus efectos personales y sin las llaves de su domicilio”. La hija de Fátima “trató de apartar al acusado de su madre y de recuperar el bolso”. Y Román, “con ánimo de menoscabar la integridad física de la menor, le propinó varios empujones, sin que llegara a causarle menoscabo físico”.

Fátima no ratificó estos hechos ante el juez y renunció a interponer las acciones penales y civiles que le correspondían. No obstante, el proceso siguió adelante porque, al haber un testigo -la hija de la mujer-, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 remitió el procedimiento a los juzgados de lo Penal. Durante el juicio, tanto ella como su agresor se acogieron a su derecho a no declarar. La menor también “por razón de parentesco”, que se reconoce en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cuya aplicación es muy cuestionada por los expertos en los casos de violencia de género.

La vista tuvo lugar el 30 de junio de 2017 y un día después, la juez decidía absolver a Román por entender que por no haber testimonio ni de las partes ni de la testigo no había “prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia”. “Con tan débil medio probatorio se hace imposible determinar la certeza de los hechos por los que se acusa”.

Vivía atemorizada

Debido al regreso de Román al barrio, Fátima empezó a tomar precauciones. Los vecinos aseguran que había instalado una alarma en casa y que, en los últimos meses, se había visto asaltada por sucesos extraños: le dejaban basura en su puerta y se encontró con el coche rallado. A pesar de ello, no alteró su rutina diaria. Todas las mañanas, la joven acompañaba a la niña al instituto; unos hábitos que su presunto asesino conocía. Este martes, cuando Fátima volvía de dejar a su hija, Román le acuchilló en el rellano.

El caso de 2014, por el que Román cumplió condena, no es el único que ha protagonizado por violencia de género. En varios juzgados de Sevilla se están tramitando otras tres denuncias por malos tratos presentadas por tres mujeres distintas. Además, sobre él pesa una orden de alejamiento contra otra mujer, residente en Córdoba. Este viernes pasa a disposición judicial por el asesinato de Fátima.

La fallecida no ratificó en 2016 su denuncia contra su presunto asesino, pero sí lo hizo en el caso de su marido. La joven acudió a la Policía Local, que activó el protocolo de seguimiento. “Aquí estuvo durante semanas un coche de policía en la puerta”, confirman algunos vecinos. El procedimiento se inició el pasado 5 de febrero. Y, por los hechos denunciados, está en prisión.

Los dos hijos menores de Fátima están tutelados por la Junta de Andalucía. Se encuentran en casa de una amiga de la fallecida. Su situación es dramática: el niño pequeño fue quien escuchó los gritos de su madre en el rellano antes de ser asesinada. Y el padre está en prisión.

Si se confirma este caso, son ya 42 víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año. Y 971 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando se iniciaron las estadísticas oficiales.

El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja rastro en la factura del teléfono, aunque debe eliminarse del registro de llamadas.

Seguimiento a las víctimas que renuncian a ratificar la denuncia

Que Fátima no hubiera ratificado su denuncia contra su supuesto asesino, pudo haber condicionado su futuro. “Cuando una víctima no se presenta al juicio o decide no declarar, el juez tiene que sobreseer, salvo que se trate de violencias tan graves que las evidencias están por encima de lo que ella pueda declarar. Pero es muy difícil sentenciar en contra de un agresor cuando la víctima no colabora en el proceso. Todos los protocolos policiales y judiciales quedan sin efecto en estos casos. Es necesario la colaboración de la víctima”, incide Marina Rodríguez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Interior

La reforma de la ley de violencia de género de Andalucía contempla el"acompañamiento y seguimiento" a través del Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) para las mujeres que retiren su denuncia y desistan de continuar el procedimiento por miedo, porque deciden reanudar la convivencia con su agresor… De esta manera, los profesionales del SAVA pueden detectar casos de peligro y alertar a la fiscalía.

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Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.

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