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El cura abusador de La Bañeza recurre el fallo del Vaticano

El clérigo está condenado por agredir sexualmente a un menor entre 1981 y 1984

José Manuel Ramos, durante un homenaje en octubre de 2018.
José Manuel Ramos, durante un homenaje en octubre de 2018. ATLAS

La sentencia del Vaticano de hace un mes que suspende al sacerdote José Manuel Ramos y le destierra 10 años de la diócesis de Astorga (León) por pederastia aún no se ha ejecutado. Ramos, de 65 años, continúa viviendo en la casa sacerdotal de dicho obispado, ya que ha recurrido la sentencia de la Congregación de la Doctrina de la Fe que le condenaba por abusar de un menor en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre 1981 y 1984, según confirmó la diócesis. El condenado tenía 60 días para apelar la sentencia, que no es automática, lo que suspende su ejecución hasta que se resuelva.

Esta no es la primera condena por abusos que se le impone a Ramos. En julio de 2016 el obispado de Astorga le apartó de la parroquia de Tábara (Zamora) —donde residía desde 1990— después de que una víctima le denunciase en 2014 a través de una carta al Papa por abusos en el seminario menor de La Bañeza (León) a finales de los ochenta. El obispo Juan Antonio Menéndez, actual presidente de la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal, silenció el caso a la opinión pública y permitió, una vez dictada la pena, que el sacerdote diese misa al menos en tres ocasiones. Dos en Tábara en septiembre de 2016 (en una de ellas recibió un homenaje) y otra en su pueblo natal, Veguellina de Órbigo (León), en un reconocimiento al párroco de la localidad. En 2017, La Opinión de Zamora sacó el caso a la luz y la diócesis de Astorga recibió varias denuncias por abusos. Una de ellas acusaba a Ramos de abusar de otro menor en el citado colegio.


Le niegan su expediente
Javier, la víctima de La Bañeza, solicitó sin éxito a la diócesis hace una semana que le entregue el expediente del procedimiento de su caso. El obispado se negó a hacerle entrega de los informes alegando que dichos documentos fueron remitidos a Roma porque es el organismo “que juzga ese tipo de delitos”. Javier está dispuesto a tomar medidas legales ya que, según cuenta, al principio del procedimiento se le prometió una reparación por los daños causados y el obispado se niega ahora a entregarle dicha compensación. Menéndez aseguró el pasado jueves en una entrevista en la Cope que la víctima le intentó chantajear por 300.000 euros.

En unas grabaciones del proceso a las que ha tenido acceso este diario puede apreciarse cómo el por entonces vicario judicial de Astorga, Julio Alonso, habla con Javier sobre la compensación económica y le lanza una posible cifra: 50.000 euros.

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