Reino Unido e Interpol crean un registro de abusadores sexuales para impedir su acceso a las ONG

La noticia de que empleados de la agencia internacional de ayuda humanitaria Oxfam, una de las más importantes de Reino Unido, habían alquilado los servicios de prostitutas en Haití —algunas de ellas menores— en los meses posteriores al terremoto que asoló el país en 2010 fue el particular Me Too de las ONG internacionales. El Gobierno de Theresa May anunció ayer la puesta en marcha de un sistema de registro de los abusadores sexuales, en colaboración con la agencia policial internacional, Interpol, para tener un mayor control de quienes trabajan para estas organizaciones.

“Se trata de una iniciativa histórica para poner freno a los depredadores sexuales que se mueven de una agencia a otra sin que sean detectados por el radar”, ha explicado al diario The Times Penny Mordaunt, la ministra para el Desarrollo Internacional del Gobierno británico, quien anunciará oficialmente la propuesta en la Cumbre Internacional para la Salvaguarda de las Víctimas, que se celebra esta semana en Londres.

Un informe denuncia que la mayoría de las ONG persisten en no denunciar los casos internos de abusos o comportamientos irregulares

La iniciativa contará con un presupuesto de poco más de dos millones de euros para la primera fase de pruebas. Sus promotores confían en dotar este esfuerzo global con un presupuesto de cerca de 11 millones de euros en los próximos cinco años. Será fundamental la colaboración de la agencia policial internacional, Interpol, y de su sistema de alarmas verdes, que permite tener información en tiempo real a las distintas fuerzas de seguridad del mundo de los movimientos o actividades criminales en marcha; 192 países miembros podrán utilizar el nuevo sistema.

EL PAÍS ha consultado a Interpol sobre los preparativos desarrollados para este nuevo proyecto, sin haber obtenido de momento respuesta detallada. El secretario general de la agencia, Jürgen Stoch, ha declarado a través de un comunicado oficial que ”una parte importante de la misión de Interpol es proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad de aquellos más peligrosos. Algo mucho más importante cuando los depredadores sexuales intentan abusar de aquellos —hombres, mujeres o niños— a los que se suponen deben proteger de todo mal”.

El Gobierno británico ha anunciado además su intención de cooperar con las ONGs para poner a prueba un nuevo pasaporte para los trabajadores de las agencias que no solo indique su identificación individual, sino que incorpore una comprobación de sus antecedentes y señale si han sido o no vetados para trabajar.

La base de datos se llamará Soteria, en referencia a la diosa de la mitología griega que personificaba la protección personal, según han explicado fuentes del Ministerio para el Desarrollo Internacional de Reino Unido. Permitirá a las agencias de ayuda humanitaria poder realizar comprobaciones de los antecedentes penales o policiales de aquellas personas que tengan intención de contratar. A través de un sistema seguro de consultas en Red, el nuevo instrumento irá más allá de advertir de la posible condena por abusos sexuales de las personalidades consultadas. Alertará además de las acusaciones o investigaciones en marcha.

El anuncio de este nuevo sistema internacional de control para poner orden en las actividades de las ONG surge al mismo tiempo que la publicación del informe definitivo de la Charity Commission (CC), la agencia gubernamental británica encargada de controlar y canalizar fondos para las organizaciones, sobre las denuncias del escándalo sexual de Oxfam en Haití y de escándalos posteriores que han afectado a agencias humanitarias. La CC denuncia en su documento la persistencia de la mayoría de las ONG en no denunciar los casos internos de abusos o comportamientos irregulares.

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“Seguimos sin estar convencidos de que ya hemos sabido todo lo que debemos saber. Trabajamos con las agencias de ayuda para que cambie la cultura de la denuncia, y asegurarnos de que se conviertan en instituciones seguras y mejor preparadas para cambiar la vida de las personas”, ha dicho Sarah Atkinson, la directora de Políticas, Planes y Comunicación de la CC.

El informe realizado por esta institución sobre la protección de víctimas ante posibles abusos concluye que solo una ínfima parte de las agencias internacionales de ayudas registradas, un 1,5%, han informado de algún incidente grave en su seno desde que se les exigió hacerlo en 2014.

La agencia Oxfam, el origen y la causa de esta mayor toma de conciencia sobre las actividades de los organismos de ayuda internacional, ha respondido a través de su portavoz al anuncio de la creación la base de datos: “Damos la bienvenida a la iniciativa de la ministra, un paso importante para proteger a aquellos a los que protegemos de los depredadores sexuales. Desde 2011 hemos llevado a cabo importantes mejoras en nuestros métodos de actuación (mejoras aceleradas desde el pasado mes de febrero), pero sabemos que debemos hacer más. Expresamos nuestras más profundas disculpas por nuestra incapacidad de frenar los abusos en Haití y por los atajos que se adoptaron para responder al incidente”.

La investigación interna llevada a cabo en su momento por Oxfam reveló que el director de la organización en Haití, el belga Roland van Hauwermeiren, había contratado a jóvenes prostitutas locales y las llevó a la villa que Oxfam tenía alquilada. Cuatro empleados fueros despedidos y tres más presentaron su dimisión, pero poco después se supo que la directora de la ONG, Barbara Stocking, ofreció a van Hauwermeiren “una salida gradual y digna” en vez de despedirle fulminantemente, a cambio de que colaborara en la investigación. El belga pudo salir indemne penalmente del escándalo e incluso incorporarse a otra agencia humanitaria.