Los países pioneros abren el derecho a los menores

Los países pioneros en regular la eutanasia ahora se centran en los menores y los enfermos mentales. Este es un repaso por sus legislaciones.

Holanda

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La Ley de Eutanasia entró en vigor en Holanda en 2002, e incluye tanto la practicada por el médico como la ayuda al suicidio, y la combinación de ambas. Si esta no se ciñe al procedimiento, existen penas de hasta 12 de años prisión, aunque ningún médico ha sido condenado por mala praxis. La norma cuenta con gran respaldo entre la población -un 88% en 2017, según el ministerio de Sanidad- y en las últimas décadas los casos han aumentado. En el año pasado, las notificaciones ascendieron un 8%, pasando de 6.091 (en 2016) a 6.585 personas. En su mayoría, se trataba de enfermos de cáncer incurable y con dolores insoportables.

La cifra aparece en el resumen anual efectuado por las Cinco Comisiones Regionales que la supervisan. A su vez, las autoridades sanitarias han constatado que “más de la mitad de los holandeses apoya la eutanasia en casos de demencia, trastornos psiquiátricos o ancianos sanos con ´cansancio vital´”.

La Ley evita la cárcel a los médicos si cumplen con los requisitos impuestos: asegurarse de que el enfermo ha pedido la eutanasia de forma repetida, voluntaria y consciente; que su sufrimiento es imposible de aguantar y sin perspectivas de mejora, y haber consultado con otro colega independiente. Lo que permanece son los problemas de conciencia de muchos facultativos.

Los de cabecera suelen ser los que practican la eutanasia porque conocen mejor que nadie al paciente, pero ningún caso es fácil.Todos los sondeos efectuados entre la profesión arrojan el mismo resultado. Está permitida, pero ellos agotan antes todas las posibilidades. Los niños pueden pedirla a partir de los 12 años, pero necesitan el permiso de los padres. Desde los 16, deciden ellos mismos.

Una vez ha ocurrido, el médico rellena un formulario con los hechos y remite el caso a una de las cinco Comisiones Regionales que evalúan si todo se produjo conforme a la ley. Según sus datos, “el 99,8% de las 6.585 ejecutadas en 2017 fueron cuidadosas. Casi el 90% de los casos eran enfermos de cáncer, Parkinson o dolencias degenerativas, de corazón, vasculares o de pulmón. La franja de edad más común fue entre 70 y 80 años (30,4%). Le siguió entre 80 y 90 años (24,8%), y luego entre 60 y 70 años (21,3%)”.

Por su parte, el Colegio de Médicos constató su “preocupación ante las expectativas del paciente dispuesto a morir, y que considera la eutanasia un derecho, y las limitaciones del facultativo”. También señalaron “el largo tiempo transcurrido entre la notificación de una eutanasia y la decisión de las Comisiones”. En 2017, hubo 12 casos dudosos resueltos a favor del médico, porque “ninguno actuó de mala fe”. Sí ha habido reprimendas, como la que se llevó en 2016 un médico por “forzar la situación” con una paciente con demencia aguda. Ella había pedido la eutanasia cuando estaba lúcida, pero el medico lo hizo “cuando creyó conveniente”.

Haber legislado la eutanasia no ha apagado la polémica ante su aumento (en 2002 hubo 1.882), en gran parte atribuido al envejecimiento de la población. Los nuevos supuestos no contemplados en la Ley también son polémicos. Se trata de los problemas psiquiátricos y diversos grados de demencia, con tendencia al alza. En 2013, estas peticiones, rechazadas por los médicos de cabecera, empezaron a canalizarse a través de un centro privado, la Levenseindekliniek (Clínica para Morir).

No es un centro físico donde reservar una habitación, sino una suerte de ambulatorio con médicos y enfermeras que se trasladan a domicilio. En su primer año de actividad, recibieron 714 ruegos y practicaron 104 eutanasias. En 2017 fueron ya 751. El Colegio de Médicos no se opone, pero prefiere que la relación entre el paciente y el doctor sea estrecha, en lugar de que lleguen extraños a casa aunque estén cualificados. Desde 2016, un nuevo protocolo refuerza el valor de una declaración del paciente pidiendo ayuda para morir en casos de demencia. Ha tenido que firmarla en presencia de un facultativo, antes de que el deterioro cognitivo sea agudo.

Los bebés cuentan con el denominado protocolo de Groningen, elaborado en 2005 por el Hospital Universitario de dicha ciudad, al norte del país. Estipula la ayuda a morir a los recién nacidos con enfermedades incurables o malformaciones congénitas que impidan su desarrollo. Tanto el Gobierno como la Asociación Holandesa de Pediatría evitan usar aquí el término eutanasia, para no inducir a errores. La legislación excluye “a los que no tienen voz”, ya sean recién nacidos, minusválidos o enfermos mentales. El pediatra o neonatólogo debe asegurarse también de que el pequeño no tiene cura o mejora, y hablar con otro especialista.

El caso más reciente es el de los ancianos con “cansancio vital”, que consideren que ya han vivido lo suficiente. La posibilidad del suicidio asistido no ha sido legislada. Se trata de personas mayores que no padecen sufrimientos físicos o psíquicos insoportables. Suelen estar solos, sin familia o amigos, y su falta de perspectivas fue analizada por el Gobierno en 2016 para ver si podían ser incluidos en los supuestos de la eutanasia.

En 2017, la comisión encargada de estudiarlo lo desaconsejó. “Me parece más una forma de asegurar la libertad de decidir sobre el final, porque la ley vigente ya puede afrontar casos de sufrimiento extremo derivado de sentirse acabado, sin estar enfermo”, dijo entonces el sociólogo Paul Schnabel, que dirigió el estudio.

Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos no está legalizada la eutanasia, pero siete Estados del país y la ciudad de Washington sí permiten el suicidio asistido, que está vigilado por una autoridad competente. Los métodos varían según cada región, pero es necesario tener una edad mínima de 18 años, al menos tres autorizaciones de médicos, el paciente debe residir en ese Estado y deben quedarle un máximo de seis meses de vida como consecuencia de una enfermedad terminal. Los Estados que lo permiten -ya sea tras aprobarlo el Parlamento, la ciudadanía en un referéndum o por una sentencia judicial- son Oregón, Colorado, Hawái, Vermont, Washington, Montana y California.

Oregón fue el primer Estado en aprobar el suicidio asistido tras salir adelante en un referéndum en 1994. Los restantes Estados y la capital estadounidense lo han autorizado en la última década. Por ejemplo, desde la entrada en vigor de la ley en Oregón, en 1997, un total de 1.967 personas han recibido recetas médicas para un suicidio asistido y 1.275 de ellas han muerto por la ingestión de las medicinas recetadas, según los últimos datos. Para hacerse una idea, la población de Oregón es de 4,1 millones de habitantes.

En el vecino Canadá, el Parlamento aprobó en 2016 una ley que permite el suicidio asistido impulsada por el primer ministro, Justin Trudeau. Un médico o enfermera puede suministrar directamente el fármaco que provocará la muerte del enfermo o este puede administrárselo a sí mismo. El solicitante debe tener un mínimo de 18 años y ser competente mentalmente, tener una condición médica “grave e irremediable” pero esta no tiene por qué ser terminal. La enfermedad debe ser irreversible, que provoque un sufrimiento “insoportable” que no puede ser aliviado bajos condiciones que el paciente considere aceptables y la persona debe estar en una fase médica en que puede esperarse sufrir una muerte natural fruto de esas dolencias.

Las últimas estadísticas corresponden al período entre julio y diciembre de 2017. Hubo 1.525 muertes asistidas en Canadá, lo que supone un incremento del 29,3% respecto a los seis meses anteriores. Esas muertes supusieron un 1,07% del total de fallecimientos en el país en el mismo período de tiempo, lo que, según las autoridades, coincide con las cifras de otros países. Un 65% de las personas que solicitaron un suicidio asistido padecían cáncer. La edad media de los fallecidos fue de 73 años.

En Bélgica, la ley de eutanasia se aproxima a su mayoría de edad con cerca de 20.000 fallecidos por este medio. La práctica es legal desde 2002, y la cifra de pacientes graves que eligieron poner fin a su vida con ayuda médica ha aumentado progresivamente desde los 239 de su primer ejercicio hasta los 2.309 del pasado año, una media de seis al día, y un 13% más que en 2016. Los servicios de salud desglosan cada año su perfil en un informe. En su mayoría padecían cáncer, tenían más de 60 años, y eligieron recibir la dosis letal en su domicilio en lugar de en el hospital. El texto recoge que no hubo grandes diferencias entre hombres y mujeres, pero sí entre las dos principales comunidades del país: el 78% fueron flamencos frente a solo el 22% de valones, pese a que representan el 60 y el 40% de los habitantes respectivamente.

La eutanasia es legal en Bélgica para enfermos incurables que expresen repetidamente su voluntad de morir debido a un sufrimiento físico o psíquico que no se puede aliviar de ningún modo. Para obtener el permiso deben realizar la petición por escrito, y un segundo médico debe certificar que la dolencia es incurable.

16 años después de su puesta en marcha, la eutanasia es ampliamente aceptada y no genera debate entre la población. Sí ha creado cierta controversia su aplicación a personas con enfermedades mentales que no están en fase terminal. Los obispos belgas reclamaron sin éxito que quedaran fuera del ámbito de la norma, aunque las peticiones de este colectivo sumaron solo un 1,8% del total. También creó suspicacias su ampliación a los menores de edad en 2014, que convirtió a Bélgica en el primer país en aceptar que los niños puedan pedirla, siempre con consentimiento paterno. Esta vía es sin embargo residual: entre 2016 y 2017 se ha aplicado la eutanasia únicamente a tres menores de 9, 11 y 17 años.

En el vecino Luxemburgo, donde es legal desde 2009, apenas se recurre a este método. Solo 18 personas (12 hombres y 6 mujeres), murieron con ayuda entre 2015 y 2016. En siete años en vigor, solo 52 personas se han acogido a la ley.

Colombia

Morir dignamente en Colombia es un derecho desde 1997, cuando un fallo de la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia. “Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles”, rezaba la ponencia de la sentencia. No obstante, el procedimiento se mantuvo en un limbo legal hasta 2014.

Entonces, a raíz de una paciente que pidió al juez tutelar sus derechos ante un médico objetor, el alto tribunal instó al Ministerio de Salud a reglamentar el suicidio asistido bajo dos condiciones. En primer lugar, debe comprobarse “el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores”. En segundo lugar, debe existir “el consentimiento libre, informado e inequívoco” del enfermo, que tiene que demostrar encontrarse en perfecto estado psíquico.

El primer caso público fue, un año después, el de Ovidio González, un zapatero de 79 años que estaba perdiendo su rostro por un cáncer en la boca. “En uso pleno de mis facultades mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente”, solicitó a los médicos González, padre del famoso caricaturista Matador. Desde abril de 2015 se ha aplicado la eutanasia a 36 personas en Colombia, el único país de América Latina que cuenta con un protocolo establecido, aunque hay decenas de pacientes que siguen a la espera.

La Corte Constitucional colombiana, nacida con el propósito de velar por la Constitución de 1991, dio un paso más allá el año pasado al ordenar al Gobierno “hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes”. El procedimiento quedó regulado, al menos sobre el papel, en marzo y se ciñe a unos requisitos estrictos. Los menores de 12 años están excluidos (aunque entre 6 y 12 puedan establecerse algunas excepciones). De 12 a 14 años es obligatorio la autorización de los padres y el consentimiento del paciente, mientras que a partir de los 14 años prevalecerá la voluntad del adolescente.

Con información de Isabel Ferrer, Joan Faus, Álvaro Sánchez y Francesco Manetto.