El primer centro privado holandés para eutanasia tiene lista de espera

La Levenseindekliniek (en español, Clínica para Morir), la primera institución privada holandesa dedicada a la eutanasia, practicada hasta ahora solo en la medicina pública, lleva un año abierta y tiene ya una lista de espera de 200 personas. En 12 meses, el centro —sin habitaciones pero cuyos equipos ambulantes acuden a domicilio— ha recibido 714 peticiones, de las cuales 104 se han traducido en sendas ayudas a morir. La Ley de Eutanasia entró en vigor en 2002, y en 2011, periodo del que se tienen los últimos datos, hubo 3.695 notificaciones a escala nacional de médicos de cabecera. Ellos se ocupan de aplicarla en el sector público, en su mayoría a pacientes con dolencias físicas (sobre todo cáncer, enfermedades circulatorias y de corazón) y trastornos neurológicos. Las solicitudes por problemas mentales, amparados también en la norma, son pocas. La Clínica para Morir, por el contrario, ha registrado muchas más en este apartado: entre un 70% y un 80% de los pacientes reflejaba diversos grados de demencia. En un tercio había padecimientos psiquiátricos. En enero se realizó la primera eutanasia privada en este grupo.

“A un médico de familia le piden una eutanasia cada dos o tres años, poco para tener la experiencia adecuada. A nosotros nos han llegado más llamadas por problemas psíquicos porque es un terreno delicado, y donde suele haber rechazo a prestar ayuda. La norma no los excluye y nuestros expertos pueden colaborar aquí con los médicos de familia”, dice Steven Pleiter, director de la fundación creada al tiempo de la clínica, con sede en La Haya. “Una eutanasia puede tardar entre tres semanas y seis meses en producirse”, añade.

En la pública, en 2011 se practicó la eutanasia a 13 pacientes con problemas psiquiátricos y 49 con depresión, a menudo derivada de una demencia incipiente. Un caso destaca por su dureza: el de una mujer que padeció anorexia durante 30 años. Tratada sin éxito con todos los medios conocidos, pidió morir durante cinco años seguidos. Cuando los especialistas no pudieron ofrecerle más, su psiquiatra dio el consentimiento.

El sufrimiento psíquico, difícil de evaluar objetivamente, se recoge en la ley, siempre que no tenga su origen inmediato en una afección física. Los psiquiatras, por su formación, suelen abordar las demandas de muerte como una llamada de socorro del enfermo. Una eutanasia mal enfocada puede acarrear hasta 12 años de cárcel. La regulación es muy estricta: los solicitantes deben ser siempre holandeses con el seguro médico y la residencia en regla. Los extranjeros precisan residencia legal, póliza sanitaria y buen conocimiento del idioma local. No se admite el llamado turismo de la muerte.

En 2011 los médicos del sector estatal ayudaron a morir a 3.695 pacientes

Entre los enfermos mentales se analiza a fondo que no la solicitan por los cambios de ánimo derivados de su mal. Como en la eutanasia para enfermedades físicas, es preciso agotar las posibilidades de mejorar su estado. Además, se exige lucidez, seguridad y un padecimiento insoportable. El facultativo consulta con dos colegas independientes, uno psiquiatra, antes de proceder. Con la demencia se tiene muy en cuenta la demanda voluntaria de morir efectuada antes de caer en ese estado. Se analiza para saber si el afectado consideraba que su vida, sin memoria y dependiente, sería inaceptable. El criterio médico aquí es decisivo. Los informes de todas las eutanasias practicadas se remiten a cinco comisiones regionales que las evalúan a posteriori. En caso de duda interviene la Fiscalía General del Estado.

Para evitar problemas legales, la Clínica para Morir —que ha rehusado hasta ahora 198 peticiones— solo acepta a pacientes rechazados por su médico personal. Pleiter poner como ejemplo el caso de una sexagenaria que tuvo un derrame cerebral y perdió de forma progresiva e irreversible sus funciones vitales. La mujer solicitó la eutanasia con plena lucidez. Su médico tenía reparos, pero cumplió todos los requisitos para proceder. Un equipo de la clínica le administró un compuesto letal por vía intravenosa.

La práctica también es gratuita en este centro, que vive de donaciones

El ideario del centro privado, que ofrece seriedad y rapidez sin desviarse de la ley, no ha variado la postura de la Federación Médica Nacional, contraria a la eutanasia cuando el paciente, en casos de demencia, sea incapaz de comunicarse. Incluso si firmó antes un documento pidiéndola. Edith Schippers, titular de Sanidad, admitió el viernes ante el Parlamento que la eutanasia en casos de demencia y problemas psíquicos “sigue siendo muy compleja y debe estudiarse”. La ministra ya recordó en 2012 que “la eutanasia no es un derecho”.

La supuesta voluntad de la Clínica para Morir de llevar al límite permitido los casos psíquicos también ha recibido críticas. Sobre todo porque sus parejas de médico y enfermera ambulantes no pueden seguir la evolución de unos pacientes que confiaron en el mismo facultativo de cabecera durante años. El médico no está obligado a ayudar a morir, y de ahí la importancia de su estrecha relación con los pacientes.

El centro, que subsiste con donaciones privadas, no da abasto. Tiene 17 expertos itinerantes y esperan crecer este año hasta los 35 o 40 equipos.

Tanto el sector estatal —donde es obligatorio tener un seguro de salud básico y todo el mundo tiene un médico de cabecera al que los especialistas, en caso de eutanasia, devuelven el historial del paciente— como la clínica Levenseindekliniek practican la eutanasia de forma gratuita de acuerdo con la ley.

La eutanasia está permitida a partir de los 16 años, involucrando a los padres en la decisión. Entre los 12 y los 16 los menores pueden solicitarla, pero es necesario el consentimiento paterno. En el caso de bebés, existe un protocolo (llamado de Groningen, elaborado en 2003) que obliga a confirmar que el recién nacido está sentenciado y con grandes dolores. Los padres autorizan.

“Hasta la fecha, las comisiones que analizan las eutanasias han comprobado que 26 de los casos privados se realizaron de manera correcta”, dice Nicole Visée, secretaria general del organismo. Ninguna de las 3.695 notificaciones relativas a 2011 repasadas por las comisiones vulneró la ley; aunque en cuatro casos el médico no consultó con suficientes colegas o administró mal las dosis de sustancias mortales.