Ciudadanos condiciona su apoyo a la eutanasia a que se apruebe antes su ley de muerte digna
Pablo Casado, sobre la eutanasia: “Este problema no existe”
La aprobación de una ley de eutanasia está cada vez más cerca en España, después de que el PP la desencallara el lunes en el Congreso —para expresar su rechazo con una enmienda a la totalidad— y de que ayer Ciudadanos mostrara su intención de apoyarla. Eso sí, con condiciones, según confirmaron fuentes de la formación. El partido de Albert Rivera dará su respaldo a cambio de que antes se apruebe su ley de muerte digna, que ya está en un trámite parlamentario avanzado.
El PP tiene visos de quedarse solo en su oposición frontal a la eutanasia evidenciada de nuevo ayer por boca de su presidente, Pablo Casado: “Este problema no existe en España”, sentenció.
La regulación de esta práctica, por la cual un equipo médico administra fármacos a una persona que está en estado de sufrimiento grave y sin retorno para quitarle la vida, genera un amplio consenso político en España. Aunque el debate es complejo y seguro que generará discusión, los partidos favorables a regularla suman al menos 209 de los 350 escaños del Congreso: están a favor el PSOE (84 diputados, el grupo que impulsó la ley cuando estaba en la oposición), Unidos Podemos y Compromís (71), PNV (cinco), PDeCAT (ocho), ERC (nueve) y Ciudadanos (32). La admisión a trámite de la proposición de ley solo contó en junio con los 134 votos en contra del PP. La amplia aceptación política se entiende por el masivo respaldo de los ciudadanos en las encuestas a la eutanasia en España.
La propuesta de Ciudadanos persigue, como explica su portavoz de Sanidad en la Cámara baja, Francisco Igea, “que la gente no tenga que elegir entre el suicidio y el horror”, en referencia a que es necesario garantizar antes unos dignos cuidados paliativos, que es lo que regula su norma sobre la muerte digna. La formación está negociando con el resto de grupos parlamentarios para acelerar la aprobación de su ley, que inició su tramitación en marzo de 2017 con apoyo de casi todos los partidos (la iniciativa salió adelante con 315 votos a favor, cinco noes y 17 abstenciones, y el apoyo tanto de PP como de PSOE) y que está en una fase avanzada de discusión porque está a punto de aprobarse el dictamen final en la ponencia constituida. Después pasa por comisión, es remitida al Senado y tiene que votarse en Pleno del Congreso. El partido de Albert Rivera asegura que el PSOE ha dilatado la tramitación y “la duración de la ponencia [que la discute] ha sido absolutamente excesiva”, según Igea, y ahora pide que se aligere para que pueda ver la luz antes de que se pretenda aprobar la eutanasia.
“Se trata de un debate secuencial, el de los cuidados paliativos y la eutanasia. Si no sé cuántos derechos tenemos garantizados para el final de la vida no sé cuál debe ser mi postura sobre la eutanasia”, explica el diputado, médico de profesión, que ha defendido siempre la posición del partido en este asunto en los debates en el Parlamento. El partido razona que su ley define el marco de los cuidados paliativos y todo lo que está fuera sería la eutanasia, por eso primero hay que clarificar ese marco.
La ley de muerte digna de Ciudadanos regula los cuidados paliativos, entre ellos la sedación terminal —la que se proporciona aun a costa de adelantar la muerte—, que ya es legal. Lo que busca es armonizar las leyes autonómicas que ya existen y consagrar como un derecho —y por lo tanto exigible— los cuidados paliativos. También fija la preeminencia de la voluntad del paciente a la de los sanitarios —esto es, limita la objeción de conciencia, si la hubiera—. El partido de Rivera quiere conseguir, además, que se establezca un régimen sancionador en caso de que no se cumpla con las condiciones de los paliativos; ese punto está en discusión en la ponencia.
Los que quedarían fuera
Pero esta ley dejaría fuera a otros enfermos a los que sí abarca la eutanasia, que ahora mismo es delito en España. La sedación terminal se aplica a quienes se encuentran “en el proceso final de su vida” pero hay quienes, como por ejemplo Ramón Sampedro, que vivió 30 años encamado tras quedar inmovilizado desde el cuello, no están en riesgo de morir, aunque sí gravemente incapacitados. La proposición de ley del PSOE consagra la eutanasia a cambio como un derecho al que podrían acogerse quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causen “un sufrimiento insoportable”. Este segundo punto es la clave y es al que podría haberse acogido Sampedro.
Ciudadanos también está dispuesto a debatir con profundidad sobre la eutanasia y por eso apoyó la tramitación de la ley del PSOE, aunque su portavoz advierte de que presentarán enmiendas para mejorarla. “Es un debate profundo al que estamos dispuestos a entrar sin miedo”, apunta Igea.
La situación del debate de la muerte digna
La eutanasia. Un equipo médico administra fármacos a una persona que está en estado de sufrimiento grave y sin retorno para quitarle la vida. Lo permiten Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y partes de EE UU.
La sedación terminal. Es ya legal. Se trata de dar tratamiento a una persona al final de su vida para eliminar el sufrimiento (ahogos, dolor, demencia) aunque con ello se acorte su vida.
El suicidio médicamente asistido. Consiste en que un profesional sanitario indica al paciente qué debe tomar para acabar con su vida en determinadas circunstancias.
Legislación actual. El Código Penal castiga en su articulo 143 la cooperación necesaria para el suicidio. La eutanasia se considera homicidio.
La propuesta del PSOE. Además de la despenalización, se establece quién, cómo y con qué controles se aplicarán la eutanasia o la asistencia al suicidio.
PP y Ciudadanos se bifurcan en este asunto porque los populares se oponen frontalmente. Cuando Pablo Casado dijo ayer que “este problema no existe en España”, obvió la situación de mujeres como María José Carrascosa, de 61 años, enferma de esclerosis múltiple, que sufre un deterioro físico masivo y pide poder acabar con su vida “cuanto antes”. “El PSOE es experto en sacar problemas que no existen para dividir a los españoles con sus creencias más íntimas o reabrir heridas de hace 50 años”, añadió, comparando el proyecto de ley de la eutanasia con la ley de memoria histórica, informa Natalia Junquera. Los populares registraron ayer en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto, en el que desvían el asunto a testamento vital y evitar el encarnizamiento terapéutico para no prolongar artificialmente la vida del enfermo si este no lo desea. En España ya es posible hacer ese testamento vital y la llamada obstinación terapéutica está considerada una mala práctica médica.
El PP compara la eutanasia con el tráfico de órganos
"De la misma manera que las leyes proscriben el consentimiento como legitimador de la venta de órganos o de la aceptación de la esclavitud propia, la exigencia de la regulación de la disposición de la vida propia como un derecho supone una agresión a los mismos principios y valores constitucionales que se invocan por algunos para la legalización de la eutanasia”, reza el texto de la enmienda a la totalidad que el PP registró este martes en el Congreso contra la proposición de ley de regulación de la eutanasia. “Frente a la elección de la muerte, esta enmienda plantea nuestra apuesta y compromiso por unos cuidados paliativos de calidad”, añaden.
El texto recuerda que algunas comunidades autónomas ya han aprobado leyes de cuidados paliativos y obvia el deseo de adelantar la muerte de las personas a las que se dirige la proposición de ley de eutanasia, esto es, quienes sufren una “enfermedad grave e incurable, con un pronóstico de vida limitado o una discapacidad irreversible que les cause un sufrimiento insoportable”. La enmienda habla del “control del dolor” y de la “adecuación del esfuerzo terapéutico para retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico de vida limitada así lo aconseje”, algo que, como admite el texto, “forma parte de la buena práctica clínica y es una obligación normativa de los profesionales”.
Para el PP, son “personas en el proceso de morir” las que tienen “un pronóstico de vida limitado a semanas o meses” e insiste en que la sedación paliativa en la agonía “se aplica cuando la muerte se prevé muy próxima y el fallecimiento debe atribuirse a la consecuencia inexorable de la evolución de la enfermedad, y no a la sedación”.
