Una juez especializada denegó la protección a las niñas asesinadas en Castellón y a su madre

Ricardo mató a sus dos hijas, de tres y seis años, y luego se suicidó. El hombre, de 48 años, apuñaló en su domicilio de Castellón a las dos niñas que tenía en común con su expareja y se arrojó por la ventana de un sexto piso. Lo encontró un vecino a las 5.30. Otro alertó de que las niñas podrían estar en el piso. Los bomberos rompieron la puerta y las encontraron muertas. Castellón se despertó este martes con ese “golpe terrible”, una “venganza y maltrato hacia la madre” a través de sus hijas, como definió la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.

Conforme fue pasando el día se conoció además que la madre, una psicóloga madrileña que se llama Itziar, había pedido ayuda en los juzgados y una jueza especializada rechazó su petición. Tampoco se tuvo en cuenta la alerta que lanzó un médico.

Itziar solicitó el pasado febrero medidas de protección tanto para ella como para las hijas. El fiscal respaldó que el hombre no se acercara a menos de 250 metros de ninguna de las tres. Pero la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón rechazó la petición porque no vio una “situación objetiva de riesgo”. En el mismo juzgado consta un procedimiento previo, también archivado, que se abrió después del aviso de un médico. Desde 2013, cuando se empezó a contabilizar también a los hijos como víctimas de violencia machista, han sido asesinados 27 menores. Este 2018 se ha confirmado un caso en Almería. Otros dos están en investigación.

La pareja se había separado un año atrás y se alternaban en el cuidado de las hijas. Un vecino del barrio y amigo del presunto autor del doble crimen explicaba este martes cerca de la vivienda que en una de las últimas conversaciones con el padre, el pasado sábado, este le confesó que estaba “amargado”. Trabajaba en el sector del azulejo y actualmente se encontraba en paro. “Me dijo que le habían embargado la cuenta, que no tenía para comer y que le había dejado sin un duro”, explicó en alusión a su expareja.

La mujer, de 42 años, vivía de alquiler en un piso cercano y trabaja en un centro educativo de menores con problemas. Sus “gritos desgarradores” al llegar a la casa dejaron mudo al barrio, según comentó otra vecina este martes. Itziar acudió con su propia madre, de 75 años, que había viajado desde Madrid para estar con la familia. Ambas fueron trasladadas después a un centro hospitalario para recibir atención psicológica.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informó este martes de los dos procedimientos abiertos —el derivado de un parte médico y el de la denuncia por amenazas— aunque señaló que en ambos casos se archivaron a petición del fiscal y de la víctima, obviando que tanto la mujer como la fiscalía habían demandado protección sin éxito.

Lo hicieron hace siete meses, el pasado febrero, cuando Itziar denunció por amenazas a Ricardo tras una discusión al intercambiarse a las niñas. La magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer lo descartó. En los razonamientos jurídicos del auto con fecha 27 de febrero de 2018, al que ha tenido acceso EL PAÍS, consta que “no se aprecia” la situación objetiva de riesgo que exige el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija que se necesitan indicios “fundados” de la comisión de un delito para que se dicte una orden de protección.

La juez añade que ambos ofrecieron “versiones contradictorias” y que la denuncia se enmarcaba en el ámbito del procedimiento civil para revisar las condiciones de custodia de las dos menores. La magistrada consideró además “desproporcionada” la “imposición al investigado de medidas que restrinjan sus derechos”.

Según el auto, Itziar no ofreció “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. La titular del juzgado de Violencia añadía además que el miedo no es compatible “con sus propios actos (…) al haber fijado su residencia en la misma calle donde vive el marido”. Tras la decisión judicial, la mujer recurrió, pero mientras se tramitaba el recurso desistió de seguir adelante con la petición de medidas de protección, según indicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Golpeó el carrito del bebé

No fue el primer aviso. En enero, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abrió un procedimiento tras recibir el parte de un médico. La Comunidad Valenciana es pionera en los llamados cribados sanitarios, un sistema para que los facultativos den la voz de alarma si tienen indicios de un posible caso de violencia machista, aunque la víctima no lo denuncie. Es un sistema que se prevé ampliar al resto de comunidades en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyas medidas se aprobaron hace ya un año sin que aún se hayan puesto en marcha.

Según fuentes de la investigación, la mujer acudió al doctor con un cuadro de ansiedad por la separación. Y contó al facultativo que su exmarido había golpeado el cochecito de la bebé, sin la niña dentro, contra la pared. El médico mandó un parte al juzgado y se inició un procedimiento. La policía valoró como “bajo” el riesgo al que estaba expuesta. Solo el 0,3% de las denuncias analizadas por el sistema policial VioGen hasta julio de 2018 se consideraron como de riesgo alto o extremo, según datos del Ministerio de Interior.

A falta de que una investigación posterior determine qué falló y por qué las dos niñas están muertas, la Fiscalía General del Estado demanda año tras año en su memoria la necesidad de que se implanten en todas las provincias Unidades de Valoración Forense Integral, previstas ya en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, y rescatadas en el citado Pacto de Estado. “Necesitamos un psicólogo y un forense en cada juzgado haciendo la guardia con el juez y que completen el trabajo de la policía”, reclama Pilar Martín Nájera, coordinadora de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer.

El pacto prevé también mejorar la formación de los jueces y los fiscales, un aspecto que comenzó este martes a negociarse en la ponencia sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial iniciada en el Congreso de los Diputados. El gran acuerdo contra la violencia machista contempla dotar de mayores recursos a los equipos psicosociales de los juzgados para que los jueces dispongan “sin dilación” de informes.

Estas medidas ya no servirán para las hijas de Itziar. El Ayuntamiento de Castellón decretó este martes dos días de luto oficial.