Bruselas da un ultimátum a España para la clausura definitiva de 63 vertederos

Nuevo aviso a España a cuenta los vertederos sin control. El Ejecutivo comunitario ha amenazado este jueves con llevar a España a la justicia europea si no clausura definitivamente 63 vertederos situados en Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. Aunque estos centros, en los que se amontonan los residuos sólidos de forma incontrolada, ya no están operativos, la legislación europea obliga a su clausura, sellado y restauración, algo que todavía no se ha producido. El ultimátum de la Comisión Europea se concreta en la apertura de un dictamen motivado, la última fase antes de trasladar el caso a la justicia comunitaria, y llega dos meses después de que Bruselas denunciase a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por mantener abiertos 31 vertederos ilegales.

La apertura del expediente europeo se produce tras varios retrasos en la fecha de clausura de los 63 vertederos. En 2008, tras el primer aviso de Bruselas, las autoridades españolas se comprometieron con la UE a sellarlos definitivamente antes de 2012. Ahora, España propone su clausura y restauración final antes de 2016, una fecha que Bruselas ve demasiado tardía y que ha motivado el avance en el proceso sancionador por parte del máximo órgano de Gobierno europeo. Las autoridades españolas disponen de dos meses para responder por escrito a las exigencias comunitarias y evitar así que el caso acabe en los tribunales.

El Ejecutivo comunitario ha subrayado este jueves que la directiva europea de residuos de 2006 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los desechos se lleva a cabo “sin poner en peligro la salud o dañar el medioambiente” y ha recordado que el texto establece que su recuperación o eliminación se produzca “bajo condiciones controladas”.

El último capítulo de la larga lista de desencuentros entre España y la UE en asuntos relacionados con los vertederos sin control se abrió en julio, cuando la Comisión Europea decidió llevar a Madrid a la justicia europea por mantener abierta una treintena de vertederos ilegales. Ahora, si la respuesta de las autoridades al requerimiento anunciado ayer por Bruselas no convence a las autoridades comunitarias, España se expone a que los tribunales europeos tengan que dirimir no una sino dos causas por mala praxis medioambiental.