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La cúpula de la Fundación Afal y una notaria, imputadas por estafa

La juez cita a nueve personas por desvalijar a afectados por el alzhéimer

La notaria Blanca Entrena (de blanco en el centro), la expresidenta de Afal Blanca Clavijo, fallecida recientemente (izquierda) y la notaria Nuria López Mora (derecha). Ampliar foto
La notaria Blanca Entrena (de blanco en el centro), la expresidenta de Afal Blanca Clavijo, fallecida recientemente (izquierda) y la notaria Nuria López Mora (derecha).

La juez del caso Afal, María Luz García, ha imputado a la cúpula de la Fundación Afal Futuro y a la notaria Blanca Entrena por desvalijar, supuestamente, a enfermos de alzhéimer a los que debían amparar. La titular del juzgado de instrucción 17 de Madrid achaca a nueve personas su participación en cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio.

Afal Futuro tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero durante la última década se apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían fortunas que suman decenas de millones de euros.

Tras la investigación de la fiscalía, desarrollada esta primavera, la juez acusó hace un mes en un auto a los directivos de la entidad, entre ellos la expresidenta de la entidad, Blanca Clavijo; a su marido, Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG (que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal); y a la notaria Blanca Entrena. El fiscal subrayó que, “valiéndose” de su nombramiento como tutor de personas vulnerables, Afal realizó “acciones tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e incorporarlo, bien al suyo propio o bien al de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo”.

Las pesquisas del caso se extienden a otras regiones

Los indicios de delitos detectados por la Fiscalía de Madrid en su investigación se han extendido a diferentes comunidades autónomas, según apuntan nuevos testimonios de familiares de enfermos mentales, recabados tras la difusión del caso Afal la pasada primavera. La asociación de familiares de tutelados AEFET, surgida a partir de la denuncia ante el ministerio público de extrabajadores de Afal, acumula ya diferentes casos de abusos en Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco.

“La dimensión es nacional, tal y como demuestran casos de diferentes comunidades que analizamos con apoyo de partidos políticos”, asegura Pilar Palao, responsable de acogida familiar y voluntariado de la asociación. “La ley de las tutelas es garantista, pero no regula el derecho de las familias a tener información sobre el enfermo cuando no tienen la tutela. Si un juez te retira la tutela de un adulto no significa que lo estés maltratando, sino que no puedes hacerte cargo. No es solo cuestión del patrimonio porque, aparte del robo sistemático en Afal, a los familiares se les considera como criminales solo por no tutelar a los enfermos”, añade.

Apartada de la tutela

En paralelo a la investigación penal, tras destaparse las irregularidades en Afal Futuro, los juzgados madrileños de lo civil encargados de las incapacidades del centenar de tutelados de Afal, han ido apartando a la entidad de la tutela de los enfermos que cuidaba en diferentes residencias y gestionaba su patrimonio. En algunos casos, los jueces han otorgado las tutelas a los familiares de los enfermos, pero en su mayoría han recaído en la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).

Los indicios de la nefasta gestión económica por parte de Afal fueron ignorados por los juzgados en las rendiciones de cuentas anuales que aportó la entidad, pero también por la fiscalía de incapacidades, dirigida por la fiscal Nuria López, amiga de la expresidenta de la fundación Blanca Clavijo. López proporcionó información confidencial a Clavijo a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvo acceso EL PAÍS. A pesar de ello, la fiscal negó su amistad con la expresidenta de Afal y que existiera conflicto de interés. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia el pasado junio contra López ante los juzgados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Este desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados se llevó a cabo de forma sistemática hasta el pasado abril. Así lo demuestran los extractos bancarios de la tutelada María de los Santos García Laínez, de 87 años y enferma de alzhéimer. Afal Futuro vendió tres edificios de esta mujer por 5,3 millones el año pasado y, desde noviembre, transfirió fondos por 900.000 euros a la asociación Afal Contigo —que comparte junta directiva con Afal Futuro— a través de 25 transferencias realizadas el pasado otoño e invierno. En la documentación bancaria incorporada a la investigación figura una transferencia directa a una cuenta de Clavijo (ordenada por ella misma) y otra a su sociedad Geronlaw, por un total de 10.000 euros. Además, hay un pago a la empresa Signo SL, que realizaba la cartelería de Afal Futuro, por 20.000 euros. Es decir, la cúpula de la entidad pagó a sus proveedores con el capital de sus tutelados, según demuestran los movimientos bancarios incorporados al sumario de la causa. El exgerente de la entidad, Jaime Conde, imputado junto a la letrada de Afal Mercedes Díaz, denunció ante la fiscalía el pasado julio que Clavijo, fallecida este verano, ordenó estos movimientos para supuestamente lucrarse a sus espaldas.

El pasado octubre, la fiscal Nuria López Mora, amiga de Clavijo, atestiguó en un documento manuscrito ante el juzgado que “la gestión económica [de Afal] no había abandonado la cobertura de sus intereses patrimoniales [de García Láinez]”. La fiscal asesoró sobre asuntos a Clavijo, al margen de los juzgados, según revela su correspondencia privada. López Mora se mantiene al frente de la Fiscalía de Incapacidades de Madrid.

Mientras, la imputación de la notaria, Blanca Entrena, se debe al testamento de la incapacitada Pilar Arias, de 88 años, que en 2013 donó todos sus bienes a Afal Futuro. A pesar de que esta enferma sufría alzhéimer desde 2004, el año pasado Entrena dio fe de su “capacidad suficiente” y garantizó la legalidad de su testamento, que revocaba uno anterior por el que legaba a sus sobrinos. Para autorizar el testamento, la fedataria se apoyó en el informe de la neuróloga Carmen Antúnez, que reconocía su deterioro cognitivo “moderadamente avanzado”, pero añadía que es “capaz de testar”.

Tanto Entrena como Antúnez eran amigas de Clavijo y han participado en diversos testamentos de tutelados por Afal. Entre ellos, el testamento hológrafo de la incapacitada María Jesús Moreno, por el que donó tres millones a la Fundación Reina Sofía y que fue falsificado, según demostró un informe caligráfico y una grabación oculta en la que intervino la cúpula de Afal. Entrena defendió ayer su actuación: “Un incapacitado puede testar siempre que el juez no le haya privado de esta capacidad”.

Certificar la muerte de la presidenta

El juzgado del caso Afal quiere confirmar que la expresidenta de la Fundación Afal Futuro y principal implicada en la causa, Blanca Clavijo, falleció el pasado julio en un accidente de tráfico. Para ello la juez ha reclamado su certificado de defunción al Registro Civil, que aún no ha sido remitido, según fuentes judiciales. Tan pronto como sea certificada su muerte, las acusaciones contra Clavijo serán, previsiblemente, archivadas. La directiva falleció tras invadir el carril contrario de la carretera, informó Efe.

Por otra parte, el marido de Clavijo, Rafael Núñez, imputado en la causa, fue apartado de la consultora KPMG por sus actividades vinculadas a la Fundación Afal Futuro. Fuentes del caso sitúan a Núñez como el cerebro que orquestó todo el entramado financiero que permitió el desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados a través de una facturación desorbitada de servicios y otras fórmulas.

“KPMG rescindió su relación con Rafael Núñez el pasado mes de julio al entender, después de una investigación interna, que había realizado actividades fuera de la firma que no eran compatibles con su posición. La decisión no estuvo relacionada con los servicios prestados por KPMG a cinco de los cerca de cien tutelados por Afal, al entender que estos se habían realizado de forma correcta”, según informaron ayer fuentes cercanas a la empresa.

Mientras, en el acta para validar a la tutelada Pilar Arias como testadora incluida en el sumario, participó como testigo el voluntario de Afal José Antonio Fernández, imputado en la causa. Sin embargo, la cuidadora Gloria Inés Mejía también atestiguó la supuesta capacidad mental de la tutelada, pero no ha sido imputada de momento. Sí están acusadas en el caso, aún en un estado muy incipiente, la presidenta actual de Afal, Matilde Herráez, la tesorera Concha Casado y la secretaria Margarita Ventura.