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El repunte de la violencia machista fuerza nuevas medidas de protección

El PSOE lanza una ofensiva parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno

El repunte de asesinatos machistas registrado este verano, con 14 mujeres muertas que duplican la cifra del año pasado, ha obligado a reaccionar tanto al Gobierno como a los partidos de oposición. Este miércoles, mientras la ministra Ana Mato concretaba con los jueces nuevas herramientas para mejorar el sistema de protección de las víctimas, el PSOE presentaba una ofensiva parlamentaria para exigir al Gobierno que actúe con más contundencia ante el problema. La responsable de Igualdad socialista, Carmen Montón, acusó a Mato de "no dar la cara y haber mantenido un silencio cómplice" mientras se sucedían los crímenes este verano, por lo que anunció que va a pedir la comparecencia en el Congreso de otros miembros del Ejecutivo con competencias en la materia, entre ellos los ministros del Interior, Justicia y Educación. Hasta 21 peticiones registrará el grupo en los próximos días, además de una interpelación a la ministra en la primera sesión plenaria del Congreso, que será el próximo martes.

La principal medida que Mato acordó en su reunión con la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, Ángeles Carmona, es un nuevo sistema de coordinación entre los juzgados y la policía para compartir sistemáticamente la información de todas las denuncias y partes de lesiones para agilizar las evaluaciones de riesgo. “Esto permitirá a los jueces dictar con más rapidez y precisión las órdenes de protección, pues una de las razones que explican por qué una mujer acaba muerta pese a haber denunciado —el 20% de las asesinadas lo hicieron— es que se le haya hecho una mala evaluación de riesgo”, reconoció tras la reunión la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.

Otra razón que explica estos asesinatos que “muchas denuncias son archivadas porque están mal hechas o no ofrecen suficientes datos para que los jueces dicten una orden de protección”, explicó Carmona. Según las estadísticas del Observatorio del Poder Judicial, el 37% son sobreseídas de manera provisional por falta de pruebas. Por ello la ministra acordó ayer también con Carmona que se pondrá en marcha un sistema de asesoramiento previo a la denuncia para que sea más eficaz.

En la reunión se concretaron también otras propuestas, como la renovación del cuestionario de evaluación de riesgo que realiza la policía y el seguimiento de los casos una vez que caduca la orden de protección policial, pues algunos asesinatos se han producido justo cuando la mujer pierde la protección.

Mato ha convocado a los grupos parlamentarios la próxima semana para que presenten nuevas propuestas, algo que la responsable socialista de Igualdad calificó de mero gesto y recordó que “el Gobierno ha rechazado reiteradamente todas las propuestas que se le han hecho hasta ahora”. “Y nuestras propuestas”, subrayó, “son muy sencillas: que se reponga el presupuesto que se ha recortado durante el Gobierno del PP, hasta el 28% menos, y se recuperen también los recursos perdidos para proteger a las víctimas”. Montón destacó, por ejemplo, que han disminuido las dotaciones policiales y los dispositivos de localización han pasado de 726 a 685, mientras que las comunidades autónomas están viendo reducida su red asistencial a las víctimas por los recortes.

La portavoz socialista criticó además que la reforma de la Administración local ha despojado a los Ayuntamientos de las competencias que tenía en cuestiones de violencia de género y de igualdad, lo que reduce los recursos, mientras que la reforma educativa ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el término de violencia de género del currículum escolar. “Cuestiones que nos llevan hacia atrás y que no van a ayudar a que solucionemos este problema”, dijo.