El 20% de las mujeres asesinadas en 2012 y 2013 había denunciado las agresiones

Las denuncias no siempre evitan los crímenes. El 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género en los dos últimos años —52 en 2012 y 54 en 2013— había alertado de los malos tratos y, en promedio, el 7% contaba con una orden de protección. En lo que va de 2014, en cambio, 11 de las 40 víctimas mortales habían acusado a sus agresores, es decir, el 27,5%. María del Carmen Marín, vecina de Berja (Almería) de 41 años, fue una de ellas. Había denunciado a su expareja ante la Guardia Civil el pasado 25 de junio. Obtuvo una orden de alejamiento, pero el agresor la incumplió y fue obligado a mantener arresto domiciliario hasta el 30 de julio. Tres días después, aún con la disposición de no acercarse, el hombre la buscó y la degolló.

"Hay un fallo evidente a la hora de evaluar los riesgos", asegura Yolanda Basteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP). "Estamos detectando que en los tribunales falta sensibilización y formación en violencia de género". Una postura que, según la activista, también se refleja en la disminución de las órdenes de protección, como el alejamiento o la prohibición de comunicarse con la víctima. En 2013 se tramitaron 32.831, la cifra más baja de los últimos cinco años. Son casi nueve mil menos que en 2008, cuando se incoaron 41.420 órdenes.

Las estadísticas también reflejan que a casi la mitad se le deniega la solicitud de protección. El año pasado, por ejemplo, se rechazaron 13.482 órdenes, el 41% de las tramitadas. Las organizaciones que luchan contra la violencia de género tienen una explicación: los discursos que señalan que las mujeres presentan denuncias falsas por venganza o por obtener la custodia de los hijos han ido calando en la sociedad. "Los jueces y fiscales están en el mundo, y esos mensajes hacen daño", opina Basteiro.

A Rosario (nombre protegido) le han denegado una orden de alejamiento en cuatro ocasiones. Ha denunciado siete veces a su expareja en solo tres meses, por agresiones físicas, intimidaciones y, la última, por una amenaza de muerte, pero el ministerio fiscal ha pedido el sobreseimiento, lamenta la FMP, que lleva el caso. La organización cuestiona que, este año, 8 de las 11 mujeres asesinadas que sí habían denunciado las agresiones no hayan contado con ninguna protección al momento de morir.

La medida más habitual es la del alejamiento, aunque los seguimientos no siempre funcionan. Para Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, el método más efectivo es la colocación de una pulsera con un dispositivo GPS, pero hasta el 31 de mayo pasado solo se habían activado 685, una cifra baja para las organizaciones si se toma en cuenta la cantidad de trámites.

Pero los números no son suficientes, añade la activista, que considera "fundamental" pasar del análisis cuantitativo al cualitativo para brindar una mejor protección. Las organizaciones han pedido que se efectúe un estudio criminológico como ocurre, por ejemplo, con los accidentes de tráfico. "Es clave analizar los factores de cada asesinato para saber en qué ha fallado el sistema y dar una mejor respuesta", asegura Soleto, que cuestiona que el último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer sea de 2012, con datos de 2011. "Todavía esperamos análisis más profundos y que se retome la actividad".