El Papa se solidariza con los desalojados de la ‘villa’ que llevaba su nombre

Que un cuarto de los argentinos sufre la falta de una vivienda digna ha quedado otra vez en evidencia el pasado sábado en Buenos Aires cuando unos 2.000 policías desalojaron una villa (barrio de chabolas) montado sobre terrenos baldíos en marzo pasado y bautizada entonces por sus ocupantes como Papa Francisco. En el barrio de Lugano había ocurrido la toma de tierras por parte de familias que vivían en la vecina Villa 20 y estaban cansados de pagar 215 dólares mensuales para alquilar una chabola. El salario mínimo en Argentina es de 430. Como suele suceder en estos casos, algunos punteros (dirigentes barriales) pusieron precio a las parcelas en juego. Pero la necesidad era tal que 700 familias instalaron allí una casa precaria, algunas de cartones, otras de ladrillos. Cuando este sábado una juez ordenó el desahucio, unas 500 chabolas estaban habitadas y otras 200 no.

Ya en los primeros días de la toma de tierras, el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial para las elecciones de 2015, el conservador Mauricio Macri, discutía con el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner sobre quién de los dos la desalojaría. Ambos gobiernos, el federal y el porteño, comparten las tareas de seguridad en la capital. Pero entonces el Papa le envió un correo electrónico a un concejal amigo, Gustavo Vera, del grupo Verde Alameda, en el que advertía sobre la situación en aquel terreno lindero a la Villa 20 que él tanto visitaba cuando era arzobispo de Buenos Aires: "Me resulta muy paradójico que antes no desalojaban a los autos (coches, que por allí están abandonados) y ahora están apurados por desalojar a las personas sin reconocer los problemas de inclusión social”. Entonces el desahucio quedó congelado.

La mayoría de los chabolistas pernocta en refugios, mientras otros resisten el desahucio

En las últimas semanas  habían comenzado a publicarse noticias de que la villa Papa Francisco había pasado a control de narcotraficantes. No era tampoco el primer barrio de chabolas de Buenos Aires en el que mayorías de trabajadores deben convivir con el imperio de los comerciantes de drogas. Pero la semana pasada, una joven fue asesinada cerca de allí cuando unos delincuentes querían robarle el bolso y los vecinos reaccionaron con un intento de incendio de las casas de la villa.

El ayuntamiento denunció entonces la presencia de “mafias” en el barrio y una juez ordenó que se desalojara, aunque no se ha informado sobre la incautación de ningún tipo de estupefacientes en el operativo. Para la tarea de dispersar a los habitantes se unieron la Policía Metropolitana, que depende del Gobierno autónomo de Buenos Aires, la Federal y la Gendarmería Nacional, que responden al Ejecutivo federal. Unas topadoras derrumbaron las casas y el terreno fue cercado. La mayoría de las familias fue destinada a albergues donde pernoctan personas en situación de calle y sus pertenencias fueron acumuladas en un depósito. Seis chabolistas fueron detenidos cuando intentaban evitar el desahucio. Concejales kirchneristas, que resistieron el desalojo de los policías que responden a Fernández y Macri, denunciaron que ellos y los vecinos sufrieron heridas. En el kirchnerismo hay disputas internas, como las que enfrentan al ala más izquierdista contra el secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni. Algunos villeros también confirmaron que recibieron golpes, aunque la juez del caso, María Gabriela López Iñíguez, los negó.

El secretario Berni apoyó el desalojo, pero se quejó de que la opción del Ayuntamiento haya sido enviar a las familias a albergues hasta que encuentren una vivienda, y no una solución definitiva. Algunos chabolistas piensan volver a la Villa 20, pero temen que terminarán pagando alquileres mayores a los que abonaban. Unas 60 personas, mientras tanto, se han negado a irse a los albergues, por considerarlos un sitio de tránsito, y se han instalado en el bulevar en frente del terreno desalojado con el argumento de quieren quedarse en ese barrio. Denuncian que la Policía Metropolitana las ha cercado para evitar que reciban agua y comida que les traen sus familiares.

El defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, dijo que espera que “esto sea una situación de transitoriedad porque esta gente necesita atención de salud y que los chicos vuelvan a las escuelas, las familias están lejos de los centros educativos a los que concurren”. La vicealcaldesa porteña, María Eugenia Vidal, se quejó de que no todos aceptaran ir a los refugios y reafirmó su rechazo a la villa Papa Francisco: "No permitiremos que las mafias se aprovechen de la necesidad de otros”.