Las comunidades dudan de la implantación de los grados de tres años

La implantación de estudios universitarios de grado de tres años y dos de máster (frente al modelo actual de cuatro años de grado y uno de postgrado) no convence a los rectores y no pone de acuerdo a las comunidades autónomas. Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la Conferencia General de Política Universitaria en la que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado algunos de los cambios previstos en los campus a los representantes de las autonomías.

País Vasco y el Principado de Asturias han mostrado su rechazo frontal a que se ponga en marcha un modelo que consideran que generará confusión, como también manifestaron los rectores tras su encuentro con el ministerio el miércoles. Cataluña defiende que es un cambio positivo que traerá flexibilidad pero que “llega casi una década tarde”.

Baleares pide un fondo económico que compense el esfuerzo que hicieron los campus más pequeños para pasar de las antiguas diplomaturas de tres años a grados de cuatro y Andalucía ha pedido que se plantee una reformulación “en profundidad” y se tenga en cuenta que “puede suponer un sobrecoste importante” para los alumnos, como también alertó la representante del Principado de Asturias. El precio de un año de máster puede llegar a cuadruplicar el de un año de grado en las universidades públicas, en función de las titulaciones y de los precios fijados por las comunidades autónomas a partir de la horquilla de precios que el ministerio aprobó en 2012.

Educación prepara un real decreto que contempla la posibilidad de que las universidades puedan optar de forma voluntaria a la implantación de grados de tres años (180 créditos) y argumenta que así lo han hecho la mayoría de los países del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que ahora dificulta la “internacionalización” de los estudiantes españolas. A la espera de las consideraciones que puedan enviar los rectores y las autonomías hasta mediados de septiembre, Educación prevé aprobarlo y permitir su implantación a partir de septiembre de 2015.

El precio de un año de máster puede llegar a cuadruplicar el de un año de grado  en la pública

"Las únicas discrepancias de fondo las han planteado dos comunidades: Asturias y País Vasco", ha señalado José Ignacio Wert tras la conferencia, en la que también han informado sobre las propuestas del ministerio para la acreditación de los profesores (en un modelo en el que gana peso la experiencia profesional) o una nueva regulación para la apertura de nuevos centros superiores, que elimina parte de los requisitos actuales.

La directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias (PSOE), Miriam Cueto, considera que el cambio a grados de tres años es "precipitada". "No creemos que en estos momentos sea necesario abordar un nuevo cambio, porque debemos dar tiempo al sistema de grados de cuatro años más uno de máster para valorar los resultados".

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte (PNV), ya había manifestado desde Euskadi antes de la reunión que la propuesta de implantar grados de tres años "no tiene un criterio" y puede generar "inseguridad" en la comunidad universitaria, según declaraciones recogidas por la agencia Efe. Además, ha señalado que la propuesta cuenta con "el agravante de que no lo establece para todo el sistema", sino que lo deja "al albur de las universidades", con lo que "puede haber titulaciones que en distintas universidades sean de tres años o de cuatro años".

El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, se muestra partidario del cambio pero “con tranquilidad” y tras reunir a los rectores. El consejero, del PP, discrepa con la propuesta del ministerio en un aspecto. No quiere que la duración de las titulaciones “se elija de manera individual”, es decir, en función de cada universidad. “Por lo menos en Castilla y León intentaremos que se mueva dentro de un orden y trabajarlo en su conjunto”, ha añadido.

Andalucía también quiere hacer un mapa conjunto de titulaciones “en una decisión compartida” con los rectores de las universidades públicas, ha explicado el secretario general de Universidades, Francisco Triguero (PSOE), que ha pedido que se aproveche el cambio para una “reformulación más profunda” de los títulos y que se tenga en consideración los sobrecostes que puede suponer para los alumnos.

El secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellà (CiU), defiende que la propuesta otorga "flexibilidad" e “internacionalización” al sistema y cree que en Cataluña se podrán ofertar ya en 2015. “Llegamos casi una década tarde”, ha dicho Castellà, que ha recordado que este cambio es “una reivindicación histórica del sistema catalán”. Defiende que la propuesta ministerial representa "una oportunidad" para la internacionalización del sistema catalán, ya que más del 30% de los estudiantes que cursan un máster son extranjeros, cifra que asciende al 40% en los doctorados.

Miguel Deya, director general de Universidades del Gobierno de Baleares (PP), considera como Cataluña que los títulos de tres años se debían haber puesto en marcha cuando se implantó el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, más popularmente conocido como Plan Bolonia). Entiende que “cualquier cosa que se haga ahora es un apaño que distorsionará el sistema”. Deya ha reclamado un programa económico para que las universidades “pequeñas que hicieron el esfuerzo en pasar de diplomaturas a grados con un esfuerzo complementario y que ahora parece prescindible puedan dar un paso atrás”.