Desarticulada una red que exportaba harinas cárnicas de manera fraudulenta

Exportaban a gran escala con un producto vetado a rajatabla en la UE: harinas cárnicas para piensos animales, prohibidas desde hace 14 años por considerarse causantes de la enfermedad de las vacas locas. Un negocio sin escrúpulos, con consecuencias peligrosas para la salud pública, que les reportó unos 23 millones de euros que acabaron en una cuenta de un banco suizo. La Guardia Civil ha informado este miércoles de la desarticulación de esta gran trama y la detención de sus tres principales cerebros, además de la imputación de otras 68 personas. Se les acusa de delitos contra la salud pública, falsedad documental, estafa contra la hacienda pública, contrabando y asociación ilícita.

El epicentro de la trama estaba en Minglanilla, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca. Hasta allí transportaban subproductos animales (restos de sacrificios, huesos, gallinaza, grasa de pollo y otros residuos cárnicos) que recogían de un vertedero compinchado y fabricaban las harinas. De ahí la mercancía se enviaba, con la complicidad de una empresa de transportes, al puerto de Valencia y otros de Italia y Chipre para ser exportada a países de fuera de la UE, principalmente Asia y África, camuflada como si fuera abono, fertilizantes o cereales. La red creó una empresa en Chipre para falsificar la documentación de la harina y venderla desde allí y fundaron otra compañía en Panamá para emitir facturas. En total, desde 2009 exportaron 139.000 toneladas de un producto que legalmente debería haber sido incinerado o tratado en una planta de procesamiento de residuos.

Las harinas cárnicas, compuestas de residuos animales y huesos procedentes principalmente de mataderos, se utilizaban tradicionalmente para elaborar piensos animales. Pero en el año 2000 fueron prohibidas radicalmente en la UE porque se descubrió que fueron las causantes de la llamada enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina), una epidemia detectada hace 30 años en ganado de Reino Unido que acabó transmitiéndose a humanos por el consumo de animales afectados. El veto ha logrado erradicar prácticamente la enfermedad (en 2013 solo se registraron siete casos en todo el mundo), pero a cambio ha traído otros problemas, entre ellos la aparición de negocios fraudulentos que intentan aprovechar las toneladas y toneladas de residuos animales que genera diariamente la industria alimentaria y que ya no pueden aprovecharse para fabricar piensos porque deben ser incineradas en Europa o, en el caso de los restos que entrañan menos riesgo, procesadas para su utilización como combustible o abono.

Hace poco más de un mes la Guardia Civil detuvo a una docena de directivos, propietarios y trabajadores de varias empresas de transformación de subproductos cárnicos de Andalucía, Extremadura y Cataluña por el presunto uso de harinas prohibidas en la elaboración de piensos de animales. El caso, que está ahora en los juzgados, ha salpicado a un alto cargo de la Junta de Andalucía, el jefe de Sanidad Animal en Sevilla, por excederse en sus funciones y firmar permisos de exportaciones de piensos a Dasy, una de las empresas implicadas en la trama, sin tener esas competencias.

Otro caso reciente es el que destapó también la Guardia Civil en enero del año pasado en Galicia. La red estaba formada por varias empresas que trabajaban para Ayuntamientos, clínicas veterinarias y mataderos en la recogida de perros abandonados y cadáveres o restos animales y que enviaban parte de estos residuos a una fábrica en Salamanca que fabricaba piensos.

Almudena Ortiz, secretaria ejecutiva de Anagrasa (que agrupa a la mayoría de las empresas españolas que se dedican a la transformación de subproductos animales), asegura que el sector sigue a rajatabla la normativa europea y que los casos de fraude son contados. “La picaresca existe, pero ni más que en otras actividades. Los controles son rigurosos y si detectamos que alguna empresa ha incumplido la normativa, la expulsamos inmediatamente”, afirma.

En la UE se generan más de 20 millones de toneladas de desechos cárnicos al año. España produce 1,6 millones de toneladas anuales en mataderos y unas 350.000 toneladas en explotaciones ganaderas, según estimaciones del Ministerio de Agricultura. Este volumen de residuos genera también un problema medioambiental, porque buena parte de esos restos deben ser incinerados, lo que produce gases contaminantes.

Desde hace años la industria está invirtiendo dinero para buscar alternativas menos contaminantes y que, de paso, produzcan beneficio. Según cifras de Anagrasa, España ocupa el tercer puesto entre los países europeos en cuanto a volumen de subproductos animales transformados, tan solo por detrás de Francia y Alemania, con cerca de dos millones de toneladas. Los residuos de más bajo riesgo (categoría 3) pueden utilizarse para la elaboración de piensos de animales de compañía o ser transformados en biogás o abono en plantas autorizadas. Los de categoría 2 también pueden servir como combustible o abono con un adecuado tratamiento, y los de categoría 1, que son considerados de alto riesgo (tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos como el cerebro procedente de animales enfermos) no pueden tener otro destino que la incineración. Ninguna de las tres categorías puede usarse para fabricar piensos de animales destinados al consumo humano.