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Vuelta atrás en el aborto en México

El Congreso de Nuevo León eleva a rango constitucional el derecho a la vida

Con apenas unas semanas de diferencia, los legisladores de dos Estados del norte y el sur de México tomaron decisiones que tiene por objetivo limitar el acceso al aborto en sus entidades: Nuevo León y Guerrero.

En el primero de los casos, el Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma de la constitución política de Nuevo León que eleva a rango constitucional el derecho a la vida desde su inicio, fijado en la fecundación, hasta la muerte natural. Por tratarse de una modificación de la Carta Magna, los diputados deberán votar de nuevo en septiembre antes de que la medida se apruebe y pueda entrar en vigor. Con la iniciativa, impulsada por dos diputados del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que posee todo ser humano.

El decreto constitucional plantea que desde el momento de la fecundación, el organismo entra bajo la protección de la Ley y se le considera como nacido a todos los efectos. "Esto sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal de Nuevo León", cita la propuesta de reforma. En la actualidad, el aborto es un delito en el Estado, pero las leyes estipulan razones específicas donde está despenalizado. En su artículo 331, la ley establece: "No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora". La interrupción del embarazo tampoco tiene sanción cuando el producto es consecuencia de una violación, el único supuesto reconocido en todo México.

El cambio en la ley fue avalado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, que gobierna actualmente el país. “Existe la oportunidad de que la bancada priísta recuerde las palabras [en 2012] del entonces candidato Enrique Peña Nieto sobre el rechazo a criminalizar a las mujeres que deciden abortar”, reflexiona Omar Feliciano, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, en un artículo publicado en el blog Punto G(IRE). El compromiso del presidente de la República durante su campaña en 2012 contrasta con el apoyo ahora a la propuesta del PAN en Nuevo León.

El debate en Guerrero fue otro. Los diputados locales desecharon en comisiones durante la primera mitad de junio una iniciativa del gobernador del Estado para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación. Angel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática, había impulsado en mayo el cambio del código penal del Estado con el fin de “garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a la libertad, a la autonomía, a la igualdad y a la no discriminación”. El mandatario argumentó entonces que se trataba de un “asunto de salud para prevenir las muertes de mujeres que se practican el aborto de forma clandestina”, un fenómeno que “afecta principalmente a aquellas con escasos recursos económicos”. En Guerrero, según datos aportados por el gobernador, 141 de cada 100,000 mujeres que son hospitalizadas tras sufrir un aborto mueren, lo que supone la tasa más alta de todo el país.

El texto, sin embargo, no fue aprobado, en parte, por la división ideológica dentro del propio PRD. En Guerrero, la interrupción del embarazo solo es un derecho en caso de violación o cuando se presenten malformaciones congénitas del feto. Sin embargo, según una petición de información pública hecha por GIRE, en los últimos cinco años únicamente tres mujeres han podido abortar de manera segura y gratuita en el Estado.

Tras el rechazo de la asamblea, varios organizaciones feministas locales y la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) presentaron un amparo legal ante el Artículo 121 de su Código Penal por considerarlo discriminatorio al penalizar la interrupción del embarazo aún cuando este atente contra la salud de la mujer.

“Ni en Guerrero ni en Nuevo León las posiciones son definitivas”, explica Regina Tamés, directora de GIRE. “En ambos casos habrá que esperar al nuevo período de sesiones para que los Congresos locales ratifiquen sus votaciones”.

En la actualidad la única entidad que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas es la capital de la República, el Distrito Federal, desde el año 2007. Según el informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México, publicado en 2013, en los cinco años anteriores 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto, 151 sometidas a un proceso penal y 41 enviadas a la cárcel de forma preventiva.

Las penas varían según el Estado. La sanción de prisión más baja se encuentra en Tlaxcala, entre 15 días y dos meses, y la más elevada en Sonora, con castigos que van de uno a seis años de cárcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza, siempre y cuando tenga recursos para ello.

En los últimos meses, también el Gobierno del Estado de Morelos (del PRD) ha expresado su intención de legalizar el aborto. Hasta ahora el Congreso local no ha logrado reunir los votos suficientes para llevar adelante el cambio en la ley. Los debates continúan.