El TC declara inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el ‘fracking’

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas no convencional en su territorio, al considerar que esta comunidad autónoma ha invadido competencias del Estado. El Parlamento de Cantabria aprobó esta normativa por unanimidad el 8 de abril de 2013. Tras ella, otros municipios y regiones han tratado de poner freno a esta controvertida técnica de extracción de hidrocarburos que genera incertidumbres medioambientales por el uso intensivo de agua, el empleo de sustancias químicas y la posible afectación a los acuíferos.

La sentencia no entra a valorar si el empleo de esta técnica es o no adecuado; únicamente declara la inconstitucionalidad de la norma porque invade la competencia exclusiva del Estado "para regular la ordenación del sector energético y, dentro de este, el subsector gasístico", informa el TC. La ley con la que choca es la 17/2013, que autoriza el empleo de la "fractura hidráulica" en el "desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos". La legislación estatal tiene carácter "básico", por lo que las comunidades autónomas pueden legislar en la materia en defensa de sus intereses y dentro de sus competencias, "pero respetando siempre las bases establecidas por el Estado".

La "absoluta e incondicionada" prohibición que establece respecto del uso del fracking en Cantabria "contradice de manera radical e insalvable" lo dispuesto en la Ley 17/2013, concluye el TC, que insiste en que no se puede considerar la norma cántabra como adicional a la del Estado dentro de sus competencias para la protección del medio ambiente. Y ello porque la legislación básica del Estado ya "ha intentado dar respuesta a las preocupaciones medioambientales que suscita el empleo de esta técnica industrial" estableciendo "la exigencia de una previa declaración de impacto ambiental favorable para autorizar los proyectos que requieran la utilización de la técnica de la fractura hidráulica".

La decisión del TC llega cinco meses después de que admitiera a trámite un recurso del Gobierno contra esta ley autonómica, admisión que ya suponía la suspensión automática de la norma cántabra. Al ser el presidente quien recurre, la norma queda en suspenso mientras el alto tribunal dirime cuál de las dos Administraciones, la autonómica o la estatal, es la competente para legislar sobre este tema. El Gabinete invocó el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual el Gobierno "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".

El Constitucional tiene también suspendida la aplicación de una ley de La Rioja sobre el mismo asunto, aprobada en junio de 2013. Además de Cantabria y La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra también ha legislado en este sentido, si bien el Ejecutivo central todavía no se ha pronunciado.

El Consejo de Estado dictaminó en marzo pasado que leyes como la de Cantabria son inconstitucionales "por extralimitación competencial". Tras Cantabria, aprobaron leyes similares La Rioja y Navarra, y hay iniciativas legislativas en marcha en Aragón, Baleares, Valencia y el País Vasco.

"Se ha perdido una batalla, pero que la guerra contra el fracking sigue", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Javier Fernández, tras conocer el fallo. Ha añadido que su Gobierno respeta la decisión, pero que estudiará qué otras acciones puede tomar. "Si algún día se llega a hacer fracking en Cantabria, al día siguiente presento mi dimisión", ha afirmado. El Consejo de Gobierno de Cantabria decidió hace algunas semanas anular el permiso de investigación de hidrocarburos que el anterior Gobierno le habían concedido a la empresa BNK, promotora del proyecto Arquetu. 

Arquetu era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. Hay otros cinco que, como también afectan a otras provincias vecinas, fueron aprobados por el Ministerio de Industria durante la anterior legislatura. Se calcula que en toda España hay concedidos cerca de 80 permisos de investigación de hidrocarburos que pretenden utilizar fractura hidráulica para extraer gas. Todos están en proceso muy inicial, de exploración. El ministro de Industria, José Manuel Soria, apoya expresamente esta técnica.