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El PP cierra la puerta a que se edifique en los parques nacionales

El Grupo Parlamentario Popular rectifica al Gobierno tras la polémica generada

El pueblo de Bejes en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
El pueblo de Bejes en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Partido Popular ha rectificado uno de los puntos más polémicos de la futura Ley de Parques Nacionales, el que dejaba la puerta abierta a aprobar algún tipo de urbanización o edificación en las 15 grandes joyas naturales del país. Los partidos de la oposición y las organizaciones ecologistas llevan meses criticando un texto que, entre otras cosas, por primera vez permite usos turísticos en estos espacios protegidos, al autorizar, por ejemplo, la navegación en el de Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en enero pasado incluía un nuevo motivo de controversia: una excepción a la norma general que impide construir en los parques. Ahora, el grupo parlamentario del PP, mediante una enmienda, rectifica la redacción que salió del Gobierno.

El texto que puso en guardia a los ecologistas decía que quedaban exentos de la prohibición general de construir tanto los parques nacionales que ya incluyan suelos urbanos —en Monfragüe y en Picos de Europa hay pequeños núcleos de población— como los “susceptibles de transformación urbanística”.

No solo los ecologistas y expertos consultados por EL PAÍS consideraron que esa frase abría la puerta a las intervenciones urbanas en estos santuarios de la naturaleza. También los partidos políticos de la oposición, que lo incluyeron en sus enmiendas. El Gobierno, sin embargo, siempre ha negado que esa fuera su intención. “No nos vamos a dedicar a construir casas en los parques nacionales”, dijo ante la polémica el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

Sin embargo, la polémica generada en torno a la redacción de este artículo ha llevado ahora al Grupo Popular en el Congreso a rectificar al Gobierno. La disposición adicional séptima ha cambiado completamente su redacción. Ahora solo menciona los casos específicos de Picos de Europa y Monfragüe. En el primero hay dos municipios, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón (León), ambos con menos de 500 habitantes. En Monfragüe solo hay un núcleo de población, Villarreal de San Carlos, con una treintena de moradores.

“La redacción del proyecto ha suscitado algunas interpretaciones que distan del objeto de la misma, de manera que se propone esta modificación, con una redacción más contundente y simple”, asegura la enmienda del Grupo Popular.

UPyD propuso en otra enmienda eliminar el texto sobre los suelos “susceptibles de transformación urbanística” con el objetivo de “evitar la edificación”.

El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural argumentó en su enmienda: “La aprobación de este proyecto supondrá una desprotección de nuestros parques naturales, cuando en realidad deberían ser espacios de máxima protección por parte de la Administración en uno de los países con mayor diversidad de Europa. Se deja la puerta abierta a la urbanización y la edificación en el interior de los parques, actividades prohibidas en la actualidad, y que claramente van en detrimento de la conservación del parque, favoreciendo la especulación y la presión urbanística en espacios de alto valor natural”.

Laia Ortiz, portavoz de Medio Ambiente de esa formación, asegura que el Gobierno “ha dado marcha atrás”. “El texto anterior abría la puerta a la edificación en parque natural, algo que podría ir incluso contra las directivas europeas. Creo que se han visto forzados a cambiarlo y que no es una aclaración, sino una rectificación”, añade.

También lo considera “rectificación” el portavoz de Agricultura del grupo socialista, Alejandro Alonso. “Han rectificado, pero mal. Antes permitían urbanizar en todos los parques; ahora solo en dos, pero tal y como está redactado el texto se podría urbanizar en cualquier parte, no solo en los núcleos ya establecidos. Creemos que puede ser inconstitucional modificar los planes de uso de un parque concreto con una ley general”, añade.

El anteproyecto fue rechazado de plano por el Consejo de Estado, que consideró que invadía competencias de las autonomías y planteó dudas acerca de su constitucionalidad. El organismo instó al Gobierno a reconsiderar “la totalidad del texto”.