Estrasburgo avala el despido como profesor de un cura casado

El profesor José Antonio Fernández da por terminada su pelea tras 18 años de litigios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó ayer en una sentencia su despido como profesor de Religión Católica en un colegio de Cartagena (Murcia). Este exsacerdote denunció al Estado español porque la Iglesia católica le retiró el permiso para dar clases en 1997, después de que se publicase en un periódico local una fotografía con su familia en un acto del Movimiento pro Celibato Opcional.

 La corte de Estrasburgo, que este jueves respaldó el despido por nueve votos contra ocho, considera que “no ha habido violación del artículo 8 de la Convención [Europea de Derechos Humanos]” en este caso. Ese artículo establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. Es la segunda vez que Fernández acude al TEDH. En 2012, su despido fue avalado por seis votos contra uno.

“Hemos perdido por un voto y con dignidad”, dijo Fernández nada más conocer el fallo. Este exsacerdote, de 77 años y con cinco hijos, había alegado en su defensa que el despido supuso una injusta interferencia en su derecho a la vida privada y que la publicidad dada a su familia y a su situación de cura casado fue la causa de que no se le renovase el contrato. Para Fernández, esto es incompatible con los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión.

"Me llamo José Antonio y soy un cura casado", decía a sus alumnos

El Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, considera que la interferencia en su derecho a la vida privada “no fue desproporcionada” y ve la decisión del Estado español “legítima y proporcionada” para el objetivo perseguido: “Evitar el escándalo”.

El abogado que ha llevado el caso, José Luis Mazón, defendió ayer que este fallo supone “una victoria moral” por el respaldo que casi la mitad de la sala ha dado a su cliente.

La sentencia incluye los votos particulares de ocho jueces que consideran que la decisión del Estado español fue “drástica” y que “no hay evidencia” de que el profesor impartiese la asignatura “de una forma contradictoria a la doctrina de la Iglesia”. Estos pronunciamientos ponen en evidencia, según Mazón, que “los motivos del despido” fueron la publicación de la imagen con su familia y que su cliente fuese miembro del Movimiento pro Celibato Opcional, un hecho que ya se conocía en su entorno. “Hola, me llamo José Antonio Fernández y soy un cura casado”, decía para presentarse a los alumnos en sus clases.

La Administración española contrata a los profesores de Religión de la escuela pública entre quienes reciben el visto bueno de la jerarquía católica. A los elegidos se les facilita una Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), pero cuando un obispo considera que ya no son idóneos los despide. Si un tribunal declara ese despido improcedente, es la Administración la que ha de pagar la indemnización, porque es la que contrata. La potestad para seleccionarlos en los centros públicos corresponde a los obispos en virtud de los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979.