Las nucleares de la UE pasarán una evaluación completa cada seis años

La energía nuclear arrastra el estigma de inseguridad al que quedó asociada tras la tragedia de Fukushima. Tres años después del escape nuclear en Japón, Europa ha dado un paso adelante para reforzar la seguridad de sus plantas. Los representantes de los 28 países miembros acordaron ayer un nuevo marco que fija criterios comunes para todas las centrales y establece exámenes periódicos para verificar que las normas se cumplen. Con Fukushima en la cabeza, los Estados pretenden reducir al mínimo el riesgo de nuevos accidentes.

El pacto entre países miembros da vía libre a la directiva sobre seguridad nuclear que la Comisión Europea presentó hace un año para controlar mejor una energía que despierta recelos en todo el continente. La principal novedad se refiere a las evaluaciones que deberán pasar las plantas. Después de los exámenes a los que se sometieron algunas centrales en Europa tras la fuga radiactiva de Fukushima, Bruselas establece ahora un marco obligatorio para todos los países, que deberán examinar a sus nucleares cada seis años con criterios homogéneos.

La aceptación de esta novedad supone superar la confrontación que se produjo entre Bruselas y los Estados miembros a mediados de 2012, cuando el Ejecutivo comunitario encargó pruebas de resistencia a varias centrales con criterios poco claros que inquietaron a las capitales. Dos años después, los países han aceptado un marco más general, principalmente porque cada país podrá adaptarlo a su legislación con cierto margen de maniobra.

En cada ocasión se elegirá un aspecto concreto de la seguridad y se evaluará en todas las centrales. Aunque serán los países miembros los que lo decidan, la Comisión podrá rechazarlo o imponer el suyo si no hay acuerdo. El primer examen, en todo caso, no llegará hasta 2017. En caso de accidente, la evaluación se hará sin demora, según el documento del Consejo Europeo.

La otra novedad de la norma consiste en establecer criterios comunes de seguridad para los 132 reactores que existen en 14 Estados comunitarios, además de otra docena en proceso de diseño o construcción. Se trata de controlar mejor todo el ciclo de vida de las nucleares (proyecto, construcción, adjudicación, funcionamiento y fin del contrato) para identificar los riesgos.

Hasta ahora existían algunos criterios comunes de funcionamiento de las nucleares, que se verán reemplazados por normas más precisas y garantistas. Se establece una mejora en la seguridad de los reactores, que deben incorporar los últimos avances tecnológicos relativos a la prevención de accidentes.

El documento aprobado ayer incrementa la responsabilidad que se atribuye a las empresas que obtienen la licencia para explotar la central. Quienes opten a ella deben presentar una prueba de seguridad nuclear, que se definirá según los riesgos que comporte esa central en concreto. Además, las empresas informarán de los procedimientos que prevén en el caso de accidentes.

Los Estados tendrán tres años para incorporar la directiva a sus legislaciones

La directiva se aprobará formalmente en julio, aunque los Estados tienen tres años para incorporarla a sus legislaciones. Lo acordado por los representantes de los Estados miembros se ajusta casi completamente a lo que propuso la Comisión Europea, salvo algún detalle sobre los reactores nucleares que los Estados miembros han considerado demasiado prolijo, según el Consejo Europeo. El Ejecutivo comunitario se felicitó por lo acordado. “La seguridad nuclear es primordial para todos los ciudadanos europeos. Necesitamos emplear todos nuestros esfuerzos en asegurar que se siguen los estándares más rigurosos en cada central nuclear de la UE”, aseguró el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.

Mejorar la seguridad de las nucleares resulta crucial en la estrategia de Bruselas para asegurar el suministro energético en los próximos años. Lastrada por la fuerte dependencia de Rusia (un 39% del gas que consume Europa y un tercio del petróleo vienen de Moscú), la Unión Europea trata de potenciar cualquier fuente alternativa que le garantice una mayor estabilidad a raíz de la desconfianza hacia Rusia que ha provocado la crisis ucrania. Las centrales nucleares permiten a cada país gestionar su producción, aunque el uranio que necesitan para funcionar también proviene en un 95% del exterior. Pero al menos en este caso Europa trata con socios que considera más sólidos, como Australia y Canadá.

Los países han aceptado también una propuesta de la Comisión Europea que en la práctica será controvertida de aplicar: aumentar la independencia de los órganos reguladores. Los Estados se comprometen a tener “una autoridad regulatoria fuerte y competente, con independencia efectiva en la toma de decisiones”. El texto subraya la importancia de que actúen de manera “imparcial, transparente y libre de influencias”. Son tales los recelos a este respecto que la directiva insta a prestar especial atención a los conflictos de intereses, argumentando que, como hay pocos expertos en esta industria, el paso de las empresas al regulador y viceversa es frecuente y requiere atención.