La ONU declara responsable al Vaticano de todos los casos de pederastia

El Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura ha concluido este viernes que la responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en terceros países siempre y cuando la Santa Sede "ejerza efectivo control" sobre el perpetrado. Contradice así los argumentos del representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, quien defendió en el escrutinio que tuvo lugar el 5 y 6 de mayo pasados que el Vaticano carece de jurisdicción —y por tanto, de responsabilidad— sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores en terceros países.

La interpretación del Vaticano "no es congruente" con la Convención Internacional sobre Prevención de la Tortura, de la que forma parte, razonan los expertos, que recuerdan a la Santa Sede que la Convención le obliga a ser responsable de los actos de las personas que trabajan para él y "sobre las que ejerzan control", sin tener en cuenta donde estas ejercen su función. "El Estado es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado desplegados en operaciones en el extranjero", aclaran las conclusiones.

El Comité no solo ha entendido que la interpretación de Tomasi era errónea, sino que ha solicitado al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado. El grupo de expertos ha especificado que el Vaticano tiene la obligación de "evitar que sus funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o que consientan la acción de tales violaciones". 

En caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité ha solicitado al Vaticano que "se asegure" de que una vez conocidos los hechos, la persona investigada "sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar la posibilidad de más abusos o intimidaciones a las víctimas". Específicamente, ha pedido que los clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otro destino como forma de evitar ser investigados y eventualmente castigados. "A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas el despido de sus servicio como clérigos", ha exigido. 

El Comité ha pedido a la Santa Sede que se asegure de que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos "para facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores". Los expertos han instado a que se revisen los concordatos del Vaticano con terceros países para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a acusados. Con respecto a las víctimas, ha solicitado que todas ellas obtengan una reparación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la Justicia.

Los expertos han conminado a la Santa Sede a crear un mecanismo de quejas para que las víctimas puedan denunciar abusos. Las conclusiones hacen mención explícita al caso del exnuncio de la República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski —quien supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores—, y demandó a la Santa Sede que investigue el caso "con prontitud" y le informe al respecto.