Cómo borrar el pasado en Internet

Un alto ejecutivo de una multinacional española recibió, hace algún tiempo, una elevada indemnización por su jubilación y venta de acciones, hecho que quedó recogido en varios artículos de prensa que aparecían de forma destacada cada vez que se tecleaba su nombre en los buscadores de Internet, principalmente Google. El directivo consideraba que esto atentaba contra su privacidad y, además, podía convertirle en objeto de robos o extorsiones y poner en peligro a su familia, por lo que decidió contratar los servicios de una empresa especializada en borrar datos de la Red. Al cabo de unos meses, al teclear otra vez su nombre en Google, ya no quedaba rastro de aquella noticia.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de dictaminar, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional, que los buscadores como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si son lesivas para alguna persona y no son relevantes. Es decir, reconoce que el llamado derecho al olvido puede prevalecer sobre el derecho a la información. El buscador ya ha anunciado que pronto tendrá lista una herramienta para que los europeos pidan la eliminación de esos enlaces, pero hay empresas que ofrecen desde hace años este servicio. Y no solo a particulares cuyos datos no son de interés público, sino también a figuras de relevancia como políticos, famosos o empresarios. Lo hacen pidiendo la supresión del enlace a la fuente original —ya sea un medio de comunicación, un blog, un foro o un documento oficial como el BOE— o introduciendo informaciones positivas que vayan sustituyendo a las que se consideren negativas.

“No se puede suprimir todo de golpe, hay que hacerlo de forma estratégica para que no se note. Con el tiempo, podemos hacer desaparecer cualquier dato. En un año, hasta podríamos conseguir que se olvidara el caso Bárcenas”, asegura Diego Sánchez, presidente de Eliminalia, la empresa a la que contrató aquel ejecutivo. “Cada vez tenemos más casos como este. El año pasado atendimos a 220 políticos que querían suprimir datos o informaciones que podrían perjudicar su imagen. También tuvimos unos 500 clientes particulares, personajes de relevancia pública, empresas o bancos”, continúa. “Algún político, por ejemplo, no quiere que se sepa que tiene empresas o pide eliminar noticias molestas o incidentes negativos; otros quieren mejorar su reputación en general”. El precio puede ir desde 100 euros por hacer desaparecen un dato personal del BOE hasta 20.000 por los trabajos más difíciles. ¿Cuánto le cobrarían a Bárcenas? “Por lo menos 100.000”.

“Con el tiempo podríamos hacer que se olvidara el ‘caso Bárcenas”

Elisabet Baille, socia de otra empresa de borrado de datos, Voluntad Digital, considera que la sentencia del TJUE ayudará a resolver casos hasta ahora imposibles de cerrar. “Cuando el dato que se quiere ocultar procede de un medio de comunicación o del BOE, el responsable está identificado y casi siempre, si se trata de personas particulares sin relevancia, logramos la retirada del enlace o la sustitución de un nombre completo por iniciales. Pero cuando se trata de un blog o un foro antiguo, a veces no podemos encontrar al responsable y no tenemos más remedio que pedírselo al buscador”, explica Baille. Su empresa, que nació hace unos dos años, recibe 20 consultas al mes, la mayoría de particulares. “No todos acaban contratando el servicio, pero estamos notando mayor demanda porque la gente ya empieza a saber que puede hacerlo”, apunta.

Cualquier ciudadano, no solo políticos o famosos, puede verse perseguido eternamente por informaciones negativas sobre su persona que en algún momento fueron relevantes y legítimas pero han quedado obsoletas. Verónica Alarcón, directora jurídica de Eprivacidad, otra firma dedicada a la eliminación de enlaces, ha solucionado decenas de casos de clientes —que prefieren mantenerse en el anonimato precisamente para no volver a aparecer en Google—. Por ejemplo, el de un hombre que fue detenido por una presunta vinculación con una organización criminal rusa. Decenas de noticias sobre su arresto aparecieron en la prensa, con sus enlaces en Internet, pero ninguna posterior que aclarara que el delito nunca pudo ser probado. Otro cliente, un sacerdote director de un colegio, fue acusado falsamente de corrupción de menores y, aunque su causa fue archivada, seguía apareciendo en la Red como pedófilo. “De nada había servido su absolución, pues había perdido su trabajo y seguía condenado por la sociedad”, dice Alarcón. “En casos como este los medios suelen colaborar. No borran ni modifican informaciones que forman parte de sus archivos, lógicamente. Pero les ponen unos códigos a esos enlaces para que los buscadores no los encuentren”.

Pero no siempre las fuentes originales ceden de forma amistosa. Esos son los casos que acaban en la Agencia de Protección de Datos o en los tribunales, como los 220 que hay pendientes en la Audiencia Nacional contra Google y que han forzado el dictamen del TJUE. Alarcón, que lleva varios litigios, subraya que su empresa y otras similares nunca eliminan un enlace clandestinamente. “No somos hackers. Si no lo conseguimos de forma amistosa, lo denunciamos y vamos a juicio”, dice.

Hay personas que utilizan la Red para vengarse de sus exparejas

No obstante, algunas situaciones requieren un tratamiento especial en el que no funcionan ni los requerimientos amistosos ni las citaciones judiciales. “Hay personas que publican datos, fotos comprometidas o informaciones falsas de exparejas o de otras personas por venganza. En esos casos, cualquier petición puede ser contraproducente (el llamado efecto Streisand), por lo que usamos otras vías. Por ejemplo, si son fotos o insultos publicados en blogs o redes sociales, solicitamos a esas plataformas que los elimine, y suelen hacerlo”, dice Samuel Parra, otro socio de Eprivacidad.