ONG consideran la ley Gallardón una “grave amenaza para la salud de la mujer”

Media docena de organizaciones internacionales han enviado este lunes una carta conjunta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para exigirle la retirada del anteproyecto de ley que reformará la actual legislación del aborto e impone unas condiciones más estrictas que la ley de 1985 para acceder a una interrupción del embarazo. El documento expone, con argumentos legales extraídos de la legislación internacional, que España se "expondría al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos" si el texto definitivo fuera finalmente aprobado. La misiva recuerda que el acceso al aborto es un derecho humano reconocido por las organizaciones internacionales, incluyendo agencias de la ONU.

Las asociaciones firmantes son Alianza por la Solidaridad, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Reproductivos (una organización especializada en batallas legales), European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Develpment (en inglés: ONG Europeas por la Población, el Desarrollo, la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos), la Federación de Planificación Familiar Estatal (una agrupación española que recibe apoyo del Ministerio de Igualdad), y Rights International Spain.

La misiva recuerda que diversos órganos internacionales especializados, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, "han expresado su preocupación" respecto a las leyes restrictivas como la reforma de Gallardón, ya que las relacionan con los abortos clandestinos y los riesgos para la vida y la salud de las mujeres, tanto adultas como jóvenes.

Las organizaciones pretenden alertar del retroceso que supondrá la ley en España para la igualdad. Han calificado la reforma de "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Si la ley se aprobara, "el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión Europea", mantienen en el texto, ya que "las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de mujeres y jóvenes". La misiva recalca que estos incluyen "el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante".

Tras exponer los motivos, las organizaciones recomiendan que el Gobierno tome "todas las medidas necesarias" para que las mujeres en España tengan a su disposición toda la información necesaria para su salud, así como acceso "sin obstáculos a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos".