Boda homosexual, destino España

El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo ha ido más allá de la celebración de bodas entre españoles o mixtas. Desde que el 3 de julio de 2005 entró en vigor, más de 3.700 extranjeros han pasado por juzgados españoles para formalizar su relación con una pareja también foránea.

Los más numerosos son los matrimonios entre hombres. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un total de 1.329 bodas masculinas y 522 femeninas. Son 1.850 enlaces, aunque probablemente las cifras actuales rebasen los 2.000 ya que los datos solo reflejan información hasta 2012. El año en el que se celebraron más bodas de este tipo fue 2009 (306; 225 entre hombres y 81 entre mujeres extranjeras), ya que a partir de entonces se legalizó este tipo de uniones en los dos países más próximos a España. Portugal lo hizo en mayo de 2010 y Francia en el mismo mes del año pasado, por lo que los ciudadanos de estos países ya no tienen la necesidad de desplazarse.

Al menos uno de los dos miembros de la pareja debe inscribirse como residente

Buena parte de ellos son hombres y mujeres que han acudido a España con el propósito expreso de casarse para conseguir el reconocimiento de unos derechos que su país ignora. Los registros del INE no distinguen ente parejas extranjeras ya residentes y aquellos que dejan su país para casarse en España, aunque hay indicios de que este último grupo es ampliamente mayoritario. “El 49% de las consultas que recibimos en 2012 [no hay datos más recientes] relacionadas con el matrimonio eran de personas que se comunicaban con nosotros desde otro país o cuya pareja era extranjera”, apuntan desde la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (FELGTB). “Son bastantes”, añaden, “y aunque el matrimonio no es válido en su país, casarse les sirve para tener el reconocimiento, disfrutar de ese momento oficial en el que se formaliza la relación y quizás poder pelearlo [el matrimonio en su país de origen] en el futuro”, añaden desde esta entidad.

En todo caso, contraer matrimonio en España para una pareja de extranjeros no es tan sencillo como reservar un billete de avión, y pedir día y hora en los juzgados. “No puede venir cualquiera y casarse”, advierte Javier Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia. Al menos una de las dos personas de la pareja debe tener fijado su domicilio en España, lo que implica poder demostrar que “el centro de su vida social, económica y personal se encuentra aquí”, añade. ¿Cómo probar la residencia habitual? Con la inscripción en el padrón municipal, al menos, unos ocho o diez meses. “En este caso, el juez puede presumir que la pareja tiene en España su residencia habitual”, comenta el profesor de Derecho.

Cuando los matrimonios son entre mujeres, además de poder sellar su relación ante el juez, un alcalde o un concejal, España ofrece un aliciente añadido a las parejas que desean formar una familia, ya que la ley de reproducción asistida es de las más progresistas que existen en Europa. En Italia, por ejemplo, no es posible la donación de semen si no es para fecundar el óvulo de la propia pareja, es decir, no se puede recurrir libremente a bancos públicos de gametos. De hecho, está prohibido a mujeres solas someterse a inseminaciones o procesos de fecundación in vitro, al igual que sucede en Francia. En Alemania, Austria o Italia está prohibida la donación de óvulos.

En Italia o Francia no se puede inseminar a mujeres solteras

En España no existen estas limitaciones. La ley de Reproducción Asistida de 2006 deja bien claro que las usuarias de las técnicas de reproducción asistida son las mayores de 18 años “con independencia de su estado civil y orientación sexual”, lo que de forma explícita incluye a las solteras y a las lesbianas. En contra de lo que sucede en otros países europeos, en España existen programas de donación de gametos tanto masculinos (espermatozoides) como femeninos (óvulos). Ello abre las puertas a la posibilidad de acceder a un tratamiento de inseminación de un banco de esperma o, si fallara esta técnica, a un procedimiento de fecundación in vitro sin ningún obstáculo legal.

Es cierto que el Gobierno pretende limitar el acceso a lesbianas a los centros de reproducción asistida públicos, lo que sería aplicable tanto a nacionales como extranjeras con cobertura sanitaria en la red asistencial (aseguradas, según la jerga introducida por el Ministerio que dirige Ana Mato tras la exclusión sanitaria). En cualquier caso, siempre podrían acudir a un centro privado, ya que la ley ampara los tratamientos a mujeres solteras o a lesbianas. Que, de hecho, es lo que ya sucede en la inmensa mayoría de los casos.

Hay una ventaja más: la calidad y los competitivos precios de las clínicas de reproducción asistida nacionales. “Lo que te cuesta aquí la privada no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, donde es mucho más caro. En la mayoría de las clínicas te atienden en distintos idiomas”, apunta Gloria Fortun, de la Asociación de Familias Homoparentales LGTB Galehi.