Sí: 2.403; No: 30. Alcázar vota a favor de la gestión pública del agua

Después de comer y recoger los platos, dos mujeres en la cincuentena hacen “trapillo” mientras hablan de política. Con cintas gruesas de algodón y un gancho, tejen canastillos de color azul y blanco. Los venderán más tarde en la plaza del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con el objetivo de recaudar fondos para la campaña contra la privatización del agua municipal. Más de 500 vecinos se han concentrado en esa plaza a última hora de la tarde, como cada viernes desde hace meses. Además por la mañana, la organizadora Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, ha inaugurado una consulta ciudadana que se alargará hasta el lunes y que pretende demostrar la oposición del pueblo a la venta del 52% de la empresa municipal de agua.

En su primer día han recaudado 3.500 votos, aunque al final de la tarde solo se había hecho el recuento de 2.438, con 2.403 a favor. “Un éxito completo, mucho más de lo que esperábamos”, ha afirmado un portavoz subido a un pequeño escenario. Recuerda que el sábado, Día Mundial del Agua, la Plataforma ha organizado una serie de actividades para atraer a los vecinos a participar. La protesta, que ha comenzado como una aglomeración de corrillos de charla, ha transcurrido finalmente entre muestras de solidaridad con las marchas del 22-M, pitidos, y gritos de “sí se puede”.

La pregunta de las papeletas que ofrecen a los 32.000 habitantes del pueblo es: "¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?", a la que se puede responder "Sí" o "No". El sistema es sofisticado: A través de un programa informático, los 100 voluntarios repartidos en 11 mesas introducen cada voto con el DNI correspondiente. Si se repite un votante, la papeleta es declarada nula, explica el informático Alberto Hernández, que ha creado el sistema.

Los voluntarios, registrados como usuarios del programa, inician sesión y pueden apretar el botón de actualizar al minuto para ver el número de votos en tiempo real. A las 14.30 de cada día que dure la consulta se hará el recuento de votos y se levantará un acta, ha explicado el portavoz de la Plataforma Juan Barrilero. La voluntad de demostrar la transparencia del proceso es una reacción a las declaraciones de la Alcaldía, que en las últimas semanas insistió en que la votación no puede considerarse un referéndum (que solo puede convocar el Presidente del Gobierno) ni una consulta popular (que deben convocar las autoridades municipales).

Por megafonía se anuncia un número de teléfono al que los interesados pueden llamar para emitir su voto, si no pueden salir de casa. Algunos voluntarios se han acercado a los domicilios de los más mayores para recoger sus papeletas “Agradecemos todos los votos: los positivos y los negativos. Lo importante es que los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión”, declara Domingo Tabasco, organizador. Una cincuentena de miembros de la plataforma se encerró durante cuatro días en el Ayuntamiento el pasado febrero para pedir que el pleno votara una consulta popular. La iniciativa fue denegada por el equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar (fundado por un exmiembro del PSOE).

“Un éxito completo, mucho más de lo que esperábamos”

“Votamos para que el agua sea pública”, afirmaba por la mañana Julia, una ciudadana que se ha acercado a la mesa instalada delante del colegio Los Arces, en plena calle. Tanto ella como sus tres amigos, con los que se ha encontrado allí por casualidad, creen que la empresa Aqualia (elegida por concurso para la concesión) y el Ayuntamiento (gobernado en coalición por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, fundado por un exmiembro del PSOE) “quieren hacer negocio”. El plan, escenificado el jueves por la tarde con una firma (simbólica, según la oposición) entre las partes, es privatizar el 52% de la empresa municipal Aguas de Alcázar. Según la memoria histórica de la entidad pública, el acuerdo aportará 1.141.922 euros de capital al Ayuntamiento y otros 6,5 millones en forma de préstamo, con un interés del 4% a devolver en los próximos 25 años.

El alcalde Diego Ortega argumenta que la privatización es necesaria porque la empresa pública tiene una deuda de 8 millones de euros y culpa a la anterior administración (del PSOE). El informe realizado para el Consistorio el año pasado por una consultora externa cifra el “fondo de maniobra negativo” en 4.930.631 euros, porque de los más de 8 millones citados por el alcalde hay que restar 2,3 millones, además de otras cuentas que la entidad pública y el Ayuntamiento se debían mutuamente. El informe también califica la situación de la empresa como “a incursa en causa legal de disolución”.

Fuentes de Aqualia mantienen que la firma del contrato del pasado jueves tiene “carácter vinculante”, aunque el documento todavía no ha pasado por la notaría. El acuerdo consistió en la conversión de Aguas de Alcázar de una empresa pública a una de titularidad mixta. Aqualia ha formado para este acuerdo una sociedad específica llamada Aqualcazar. Una vez el documento sea certificado por un notario, la nueva entidad privatizada será inscrita en el registro mercantil. Según Ortega, la nueva empresa entrará en funcionamiento el próximo abril.

Tanto el Ayuntamiento como la empresa privada insisten en que la “titularidad” de la nueva entidad pertenecerá al Consistorio, el 52% de la nueva Aguas de Alcázar pertenecerá a Aqualia mientras que el resto seguirá siendo público. Los beneficios se repartirán con esta misma proporción, según el alcalde, quien asegura que no habrá despidos y no subirán los precios.

La privatización “hipotecará a los ciudadanos durante 25 años”, ha declarado Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que se ha acercado al pueblo para expresar su apoyo a la Plataforma.