Numerosas sociedades científicas critican la nueva ley del aborto

El anteproyecto de ley del aborto no deja de cosechar críticas. Al rechazo de la sociedad civil y de los partidos de la oposición se suman cada vez más sociedades científicas y médicas que no están conformes con el contenido de la reforma. Organizaciones que critican, además, que el Ministerio de Justicia no haya consultado a las organizaciones profesionales, involucradas y conocedoras de esta prestación sanitaria.

Entidades tan relevantes como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sego), la Sociedad Española de Medicina Perinatal (Semepe), la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (Aedp), la Sociedad Española de Psiquiatría (Sep) o la Asociación Española de Neuropsiquiatría (Aen) han mostrado ya su disgusto por la reforma.

El anteproyecto de ley impulsado por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dispone que solo se podrá abortar en los supuestos de violación o de riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer —algo que tendrá que demostrar con un informe firmado por dos médicos— deriva, para la Sociedad Española de Psiquiatría (Sep), en una "psiquiatrización de problemas, en principio, ajenos a la disciplina psiquiátrica". Estos profesionales saben que, hasta 2010, cuando en España regía un modelo similar al propuesto por Gallardón (aunque más amplio) más del 90% de las mujeres interrumpía su embarazo alegando ese riesgo psicológico. Aunque por aquel entonces solo se precisaba el dictamen de un médico. "La situación de desear o no continuar un embarazo no puede ser considerada como una situación patológica desde el punto de vista psiquiátrico, por lo que predecir con cierta exactitud el riesgo de enfermedad mental de una persona previamente sana tendría importantes limitaciones científicas", dicen los psiquiatras en un comunicado en el que precisa que solo en mujeres con antecedentes de enfermedad mental grave y gran vulnerabilidad al estrés se podrían hacer peritaciones como las que propone la nueva ley. El anteproyecto de Gallardón marca que los médicos deben apreciar que el riesgo para la paciente debe ser permanente y duradero.

La reforma de la ley del aborto tampoco satisface a la Sego, que considera que no se ha sometido a un debate riguroso desde el punto de vista médico. Su presidente, Josep María Lailla, critica, además que Justicia no ha solicitado a esta sociedad científica que agrupa a miles de ginecólogos y obstetras su opinión ni su visión médica de esta prestación sanitaria. La Sego ni siquiera es una de las organizaciones a la que Gallardón ha encargado informes sobre el anteproyecto. Lailla explica que la Sego no está de acuerdo con los supuestos que marca la ley, que elimina la posibilidad de aborto por malformación fetal y la supedita a que esta anomalía sea "incompatible con la vida" y suponga un problema grave de salud mental para la mujer.