Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del PP

Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados —con voces críticas de barones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo— a los más cercanos a la ciudadanía. El apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de Ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud (Zaragoza), Lepe (Huelva), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o Xàbia (Valencia) han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios, permitirá abortar solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.

Las mociones municipales en un asunto como este, que se discute en el Parlamento y donde los Ayuntamientos tienen poca mano, son más simbólicas que otra cosa. Sin embargo, suponen un buen termómetro para definir cuán escoradas están las posturas en el espinoso debate de la interrupción del embarazo. En aquellos municipios donde se ha decidido dar libertad de voto, muchos populares han apoyado las mociones contra la reforma; o han preferido no situarse en contra y que salgan adelante. Es el caso de Calatayud (21.000 habitantes), gobernado por el PP, que a iniciativa del PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto con el respaldo de tres concejalas populares y la abstención de los otros seis ediles. Su alcalde, José Manuel Aranda, que se abstuvo, prefiere no abundar en el tema. A través de una portavoz, este médico de 53 años se remite a lo que dijo en el pleno, donde apuntó que aunque no está de acuerdo con la ley actual, de 2010, el anteproyecto es “manifiestamente mejorable” y debería ir a las cortes “mucho más consensuado”.

Las mociones son un buen termómetro para medir la división que genera la nueva ley en el PP

La estrategia de la oposición —sobre todo del PSOE— de trasladar el debate de la ley del aborto a los estamentos provinciales y municipales para dejar claro su frontal rechazo, y tratar de visibilizar la división que genera, está dando frutos. También el pleno del Consistorio de Lepe (PP) aprobó el día 31 una moción de IULV-CA contra la reforma y en defensa del derecho a decidir de la mujer. En este municipio de 27.400 habitantes, la declaración tuvo el respaldo de dos ediles populares. Tres la rechazaron y siete, incluido el alcalde, se abstuvieron en la votación, en la que había libertad de voto, según anunció el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Toronjo. El resultado, que supone una nueva crítica al anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha levantado una buena polvareda. La semana pasada, el presidente del PP de Huelva y exalcalde del municipio, Manuel Andrés González, insistió en que el aborto es un asunto “moral e ideológico” en el que se respeta “la opinión de todos los militantes”. González argumentó que lo ocurrido en Lepe es “un síntoma de esa libertad absoluta que existe entre todos los militantes”.

Desde la dirección del PP minimizan este foco de división interna al recordar que es habitual que los Ayuntamientos debatan temas que, en principio, no son de su competencia y sostienen que la “inmensa mayoría” de las mociones que se votan en los Consistorios populares apoyan la reforma. No obstante, varios dirigentes admiten abiertamente que es bueno que se abra ahora una etapa de trámite y reflexión en todas las instituciones, dirigida a buscar “mayor consenso”. También reconocen que será complicado porque hay puntos, como la polémica supresión del supuesto de aborto por malformación fetal, que tienen difícil solución.

Una segmentación que aumenta. En la Comunidad Valenciana son ya una decena los municipios que han sacado adelante mociones de este tipo. Muchas respaldadas por el PP. Xàbia (33.000 habitantes) pidió la semana pasada la retirada del anteproyecto, como proponía el PSPV —que gobierna—, con el voto a favor de los tres ediles populares. El portavoz del PP de la localidad, José Luis Genovés (independiente), explica por teléfono que él es más partidario de no tocar la norma actual. “Estoy en contra de cualquier ley que sea más restrictiva que la que ya tenemos. No entiendo a qué viene tocarla y crear una alarma social al respecto”, dice. Genovés, que recalca que no es “político profesional”, cree que en un asunto “tan personal” como este no hay que tomar una posición de partido sino “la que cada uno opine en conciencia”. “No me gustaría que se pusieran barreras a cualquiera de nuestras hijas si tuviera que abortar”, dice.

En Teulada, Estivella, Cullera, Oliva o Paterna se repitió la misma dinámica. En este último municipio valenciano (65.000 habitantes) se aprobó un texto que pide la retirada de la nueva ley. Su aprobación, dice, sería una “regresión”. Seis ediles del PP apoyaron la declaración; otros siete, incluido el alcalde, se abstuvieron.

La estrategia de la oposición, sobre todo del PSOE, es llevar disposiciones de rechazo a municipios y diputaciones

El viernes, La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también aprobaron mociones de rechazo. En el último municipio (56.700 habitantes), por unanimidad. Con el apoyo en pleno de una decena de concejales populares. Todos —también el alcalde, Marco Aurelio Pérez— rehusaron hacer declaraciones sobre su postura. Algo que se repite en la mayoría de los municipios. “Yo tengo mi postura y respeto la de los demás, pero esto es muy personal y al margen de la votación prefiero no significarme”, apunta una edil valenciana que apoyó una moción de rechazo. La concejala reconoce también que en los pueblos pequeños o medianos es más fácil “votar en conciencia” porque se tiene “menos visibilidad”.

En municipios de Galicia, Asturias o Baleares también se ha rechazado, con apoyo del PP, la nueva ley: San Sadurniño, O Grove, Es Mercadal, Consell... En Cangas de Onís (Asturias), Culleredo (A Coruña) o Barro (Pontevedra), los populares han permitido con su abstención la aprobación de estas declaraciones simbólicas. En este último municipio gallego, de 3.700 habitantes, el PP se abstuvo en la votación de un texto del BNG, que pide que se mantenga la norma actual, con la que la mujer puede abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14ª de gestación y que permite después esta intervención si existe riesgo para su salud (hasta la 22ª) o malformaciones fetales muy graves (sin plazo). Su regidor, el popular José Landín Eirín, sostuvo que la actual ley funciona “perfectamente”.

No en todos los Ayuntamientos ha habido comportamientos similares. Los populares han rechazado mociones que censuraban la nueva ley en Consistorios como el de Sevilla, Teruel, Hospitalet, A Coruña o Barcelona —donde pese a su voto negativo la disposición salió gracias al apoyo de CiU—. En otros municipios, como en Molina del Segura (68.500 habitantes), el grupo popular del Ayuntamiento optó por sacar adelante su propia moción en la que pide al Gobierno “que intente conseguir el mayor consenso posible en la tramitación de la reforma”. Una tramitación, dice, “que debería cesar en caso de que ese consenso no llegue a alcanzarse”.