Adiós a las fronteras sanitarias

Los pacientes españoles, igual que todos los europeos, ya pueden reclamar su derecho a elegir libremente en qué país tratarse de sus dolencias. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto con el que se traslada a la legislación española la directiva de la Unión Europea que regula los derechos de los pacientes en lo que se conoce como asistencia sanitaria transfronteriza. Los ciudadanos deberán adelantar el pago de los servicios sanitarios que reciban, pero después podrán solicitar el reembolso a su país de origen. Esa es la esencia, el espíritu de la directiva: dar libertad para desplazarse a otro Estado con el propósito expreso de recibir asistencia sanitaria —las urgencias ya estaban cubiertas mediante tarjeta sanitaria europea—.

Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Además de preguntas sobre el flujo de pacientes que puede generar la directiva —¿Habrá muchos ciudadanos españoles interesados en operarse fuera? ¿Y extranjeros que quieran venir a España?—, surgen cuestiones sobre excepciones a la norma, autorizaciones previas y la manera de recibir el reembolso. Algunas ya las tiene claras el Ministerio de Sanidad; otras no, y serán las comunidades autónomas las que acaben de perfilar cómo garantizar ese nuevo derecho de sus ciudadanos.

Las prestaciones cubiertas serán las incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si en la comunidad autónoma de residencia hay una complementaria que incluya más prestaciones, también se reembolsarán. Los medicamentos están incluidos. Sin embargo, quedan excluidos los cuidados de larga duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos. El reembolso no se hará por el coste total de los servicios que cobre cada hospital, sino por las tarifas oficiales de cada servicio de salud. En España, no existe una tarifa común: cada comunidad autónoma fija sus precios públicos.

La sanidad privada española podría ser la principal beneficiaria de esta nueva directiva, según explicó el director general de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. Los centros privados “con nombre y prestigio” podrían ver incrementada su clientela europea ahora que los países de la UE deben reembolsar los tratamientos realizados fuera. También pueden elegir un centro público, pero pasarían a engrosar las abultadas listas de espera de los hospitales en las mismas condiciones que los pacientes españoles. Los costes, tanto en la pública como en la privada, son más bajos que en muchos países europeos. “Puede que a los nórdicos les salga más barato enviar a sus pacientes a España”, señaló Rivero.

En el caso contrario, el de españoles que quieran tratarse fuera, hay que tener en cuenta que no bastará con tomar la decisión, marcharse y presentar la factura a la vuelta. El anexo II del real decreto, que previsiblemente se publicará este sábado en el Boletín Oficial, enumera una serie de prestaciones sanitarias que requieren de una autorización previa. Son las muy especializadas, las muy complejas o las muy caras. Entre ellas: diálisis, radiocirugía, tomografía PET, radioterapia, reproducción humana asistida o medicación que cueste más de 1.500 euros al mes. Si el tratamiento implica que el paciente tiene que pernoctar en el hospital, aunque sea una noche, también deberá pedir autorización. Y serán las comunidades autónomas quienes la concederán o la denegarán.

¿Con qué criterios? No se han establecido, según confirmó el ministerio. Cada región aplicará los suyos y, dentro de un tiempo, cuando se vea qué repercusión tiene la normativa, se pondrán en común en el Consejo Interterritorial, el órgano que reúne al ministerio y las comunidades. Tampoco se ha fijado un tiempo máximo para que los servicios autonómicos de salud devuelvan el importe de los tratamientos a sus ciudadanos. El ministerio les da libertad para que lo gestionen como consideren. Tampoco será suficiente con presentar las facturas. Habrá que aportar informes médicos. Una comunidad podría denegar la autorización si considera, por ejemplo, que la intervención se ofrece en sus propios hospitales.

Rivero destacó que la directiva beneficiará a los pacientes con patologías raras o complejas, que tendrán más fácil la movilidad entre países. Sin embargo, la posibilidad de tratarse en un país extranjero de una dolencia muy específica ya existe actualmente. La diferencia consiste en que, según los reglamentos actuales, es el médico el que decide el cauce y envía al paciente al hospital extranjero que considera. En ese caso, el sistema sanitario del país de origen cubre todos los gastos. Si el ciudadano sale fuera acogiéndose a la directiva, solo se le reembolsa según lo que cuesta ese tratamiento en su país. Si le prescriben un fármaco que en España no está cubierto, no se lo reembolsarán.

Pese a que la directiva europea daba libertad a los Estados miembros para incluir en los gastos reembolsables el transporte y el alojamiento, España no lo hará y, según Rivero, pocos países están dispuestos a incluirlo. Como la directiva entró en vigor el 25 de octubre pasado, ya hay personas que han consultado cómo pueden pedir la devolución del importe de sus tratamientos. Se han recibido unas 25 solicitudes, precisó el ministerio.

La directiva es tan reciente que es difícil aventurar cifras, dice Rivero. Sin embargo, tal como recuerda David Cantarero, de la Asociación de Economía de la Salud, un borrador de real decreto calculó que si el 10% de los pacientes que llevan más de 180 días en lista de espera (50.000) pide operarse fuera, el coste sería de 32,2 millones de euros. “Es decir, el impacto presupuestario no parece muy elevado, aunque a cambio puede suponer un mayor ingreso, también para la asistencia sanitaria privada”, señala este profesor de la Universidad de Cantabria.