Wert cede a la presión autonómica y cambia el desarrollo de la LOMCE

José Ignacio Wert tuvo que sacar su polémica reforma educativa casi en solitario y solo parecía estar también ayer para poner en marcha la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). A última hora de la tarde, ante el malestar de algunas comunidades del PP y la amenaza del resto, que habían amagado con frenar su aplicación todo lo posible, tuvo que dar marcha atrás y aplazar hasta el próximo curso el desarrollo de los currículos de ESO y Bachillerato. Únicamente se diseñarán los cambios para Primaria y FP básica, las dos etapas educativas que deben estrenarse en septiembre, según el calendario de aplicación de la ley. Las comunidades, que habían denunciado que no había ni tiempo ni presupuesto suficiente para abordar los cambios y que ya consiguieron en octubre que Wert retrasase un año la implantación de Secundaria y Bachillerato (2015-2016), arrancaron además al ministro el compromiso de ampliar el presupuesto de 1.300 a 2.000 millones de euros hasta 2020, 1.200 millones de euros de ellos, aportados por Bruselas a través de los fondos sociales europeos.

Aunque la finalidad de este dinero es frenar el paro juvenil y el abandono escolar, es decir, la Formación Profesional, el Gobierno ha buscado la fórmula técnica para que la dotación se pueda extender a las etapas previas y obligatorias, germen de este abandono que roza el 25%. Esta estrategia se ha diseñado a través del Ministerio de Trabajo.

“No se puede negar que el calendario es exigente”, dice el titular de Educación

El Consejo de Estado, en un crítico informe sobre la ley, ya advirtió en su momento que la partida era “insuficiente” para una reforma de tal calado, porque la LOMCE es eso, una reforma de calado que implanta reválidas a final de Secundaria y Bachillerato, itinerarios en la ESO, una nueva configuración de las asignaturas, acaba con Educación para la Ciudadanía y recupera como puntuable la alternativa a la religión. Las comunidades, en plena asfixia económica, hicieron suya la misma denuncia que el organismo consultivo y solicitaban ya hacía meses mayores fondos para implantarla. “Lo único que hemos conseguido hoy después de la presión es la financiación. Por lo menos se nos ha dicho que va a haber financiación”, dijo el consejero de Educación andaluz, Luciano Alonso. El dinero se repartirá en función de lo que se gasten las autonomías en la dotación de los centros y en el número de alumnos que no abandonen el sistema. A más alumnos aún en las aulas, más dinero. “Estaremos en condiciones de presentar programación más detallada a la altura mes de abril”, aseguró Wert, muy sosegado en la rueda de prensa. Los consejeros, conseguidas sus dos máximas peticiones, mostraban fuera su satisfacción por lo conseguido.

El dinero supone un gran “respiro”, pero no lo es menos el aplazamiento del desarrollo curricular. Las autonomías tendrán más tiempo para pensar qué van a impartir y cómo, cómo serán las reválidas que marcan el rumbo de la vida escolar de los niños, qué materias específicas pueden ofertar... Andalucía, por ejemplo, impartirá Educación para la Ciudadanía.

El aplazamiento de los currículos requerirá desdoblar el decreto del desarrollo de las enseñanzas de Primaria, Secundaria y Bachillerato en dos, pero no exigirá tener que volver a pasar los textos por los órganos consultivos. El ministro, que quiso ser conciliador, reconoció que el calendario de implantación es “exigente”. “No se puede negar”, admitió, pero defendió que quienes “asumen la responsabilidad mayor son los gestores del ministerio”. El ministro transigió en otra una importante petición de las comunidades que rechazan la LOMCE . Durante dos años los profesores del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) podrán impartir clase aunque no sean profesores de secundaria. Andalucía —con 400 maestros en PCPI— y País Vasco —con personal no funcionario contratado por los municipios a veces sin ninguna titulación— demandaban una solución a este problema.

Las concesiones llegaron después de que por la mañana las comunidades no gobernadas por el PP caldearan el ambiente escenificado su rechazo a la ley con un acto conjunto que no fue visto con buenos ojos por el resto de consejeros. “Es un boicot en toda regla”, “insumisión”, “las leyes están para cumplirlas”, se quejaba Marcial Marín, el responsable manchego. Ni Cataluña ni País Vasco renovarán sus libros de texto el curso que viene, esperarán, y Madrid seguirá usando los mismos en las asignaturas en las que el contenido no cambie.