“Sin conocer los criterios, el incentivo se convierte en aguinaldo”

Paulino Cubero, médico de familia en un centro de salud de Carabanchel (Madrid), era presidente de una organización profesional, la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, cuando en 2009 saltó la polémica al decidir la Seguridad Social conceder incentivos a las comunidades autónomas por “mejorar la gestión de la IT”. Entre los criterios para recibir esos incentivos estaba reducir el número de bajas.

Pregunta: Cuando Madrid empezó a pagar los incentivos en 2009 y usted recibió la primera cantidad en su nómina, ¿sabía por qué se la estaban pagando?

Respuesta: Sabía que era por un convenio entre el INSS y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.

P. ¿Alguna vez le explicaron los criterios que se empleaban para repartir el incentivo?

R. Se informó de que era por la duración de unas 16 patologías habituales de gran variabilidad. Se dio a conocer una fórmula que resultaba bastante difícil de entender.

P. ¿Qué utilidad cree que tiene ese pago?

R. Tal y como se planteó, ninguna, pues eran acuerdos que se aplicaban con posterioridad a la realización de la actividad. Para que un incentivo lo sea debe ser conocido y acordado con anterioridad, con criterios objetivos y fácilmente evaluables y no manipulables. No se cumplía ninguno de los criterios, lo que lo convertía en aguinaldo.

P. ¿Puede generar problemas con los pacientes? ¿Por qué?

R. Es siempre controvertido y muy discutido por profesionales y pacientes la posibilidad de pagar incentivos a los empleados públicos en base a los resultados de su trabajo. Sin embargo, la realidad es que el gasto generado por diferentes profesionales de Atención Primaria (o de cualquier otro contexto) es muy variado tanto en Incapacidad Temporal, como en medicamentos, pruebas diagnósticas, etc. Como empleados públicos tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo con el menor coste posible, aunque no siempre es así. Para muchos profesionales, es asumible que se premie con incentivos el trabajo bien hecho siempre que se cumplan los criterios de gasto, pero sobre todo de calidad en la atención prestada. Bajo ese criterio no deberían existir problemas y el ciudadano debería entender que es en su beneficio.