Mano dura para la droga blanda

El pasado 10 de diciembre, el Senado de Uruguay aprobó una novedosa ley para regular la producción, distribución y venta de marihuana. El país sudamericano se convirtió en el primero en todo el mundo en legalizar esa sustancia a nivel estatal, acaparando desde entonces todas las miradas al ser también el primer país de América Latina en abordar la problemática del tráfico y consumo de estupefacientes desde un punto de vista distinto al empleado durante los últimos 50 años, basado en perseguir tanto a los distribuidores como a los consumidores de drogas. También en EE UU hay movimientos en ese sentido, aunque de momento solo a nivel regional: desde este 1 de enero está permitida la venta con fines recreativos en establecimientos autorizados en Colorado, y dentro de unos meses entrará en vigor una ley similar en el Estado de Washington.

Paralelamente, España está tomando el camino inverso. El Gobierno quiere aprobar, con toda la oposición en contra, la llamada Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana que, entre otras medidas polémicas, prevé un aumento de alrededor del triple —de 300 a 1.001 euros— de la sanción mínima por tenencia de estupefacientes en vía pública, prohíbe los cultivos domésticos de cannabis —a pesar de que su consumo privado es legal— y elimina la posibilidad de sustituir las multas de posesión de drogas por un tratamiento de desintoxicación.

En 2011 se cumplieron 40 años desde que Richard Nixon declaró su guerra contra la droga. El entonces presidente americano aseguró en 1971 que el consumo de estupefacientes era una “emergencia nacional”, el “enemigo público número uno del país”, y destinó millones de dólares a aumentar el tamaño y la presencia de las agencias de control de estupefacientes en todo el Estado y el continente americano. Pasadas cuatro décadas, pocos expertos se atreven a negar su fracaso: a pesar de los inmensos recursos destinados, los niveles de adicción, tráfico y violencia relacionados con las drogas continúan aumentando o, en el mejor de los casos, se han estabilizado.

Lo evidenció el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas remitido a la ONU en 2011, que marcó un punto de inflexión en la percepción de que las medidas represivas eran las más adecuadas para luchar contra el problema. Elaborado por intelectuales de la talla de Javier Solana, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o George Shultz, el informe alentaba a todos los gobiernos a experimentar “con modelos de regulación legal de las drogas (en especial el cannabis) para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos”.

¿Por qué España nada en contra de la tendencia mundial de abordar el problema desde un punto de vista de reducción de daños, aumenta las sanciones e incluso elimina la posibilidad de adherirse a tratamientos de desintoxicación para sustituir las multas por posesión? “El Gobierno va a contracorriente. Volvemos a concepciones de hace 40 años que han sido superadas en todos los países civilizados”, explica Araceli Manjón-Cabeza, quien fue directora general del Plan Nacional sobre Drogas. “Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara a países como Rusia, donde solo se concibe al consumidor como un delincuente”.

Manjón, que también estuvo dos años al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —“donde se juzgan los grandes casos de narcotráfico”, recuerda—, pasó de ser adalid del prohibicionismo en sus años al frente de estas instituciones a clamar por un cambio de políticas después de estudiar la cuestión durante 20 años. “Trabajar en la prohibición me dio un escenario privilegiado”, explica, “mi ingenuidad era absoluta hasta que me di cuenta del derroche en términos económicos y humanos, sin obtener ningún resultado positivo”. Hoy se considera partidaria “en líneas generales” de la legalización de todas las drogas, “lo cual no significa barra libre”, matiza. Este periódico ha intentado conocer la versión de los actuales responsables del Plan Nacional sobre Drogas, pero no ha recibido respuesta de la institución.

Las voces que abogan por modificar la política antidroga mundial son cada vez más numerosas e influyentes. A la legalización del cannabis en Uruguay hay que sumar ocho países sudamericanos que se están planteando despenalizar el consumo personal de cannabis o de todas las drogas, después de que un informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) del pasado mayo planteara por primera vez esta solución como alternativa a la violencia que genera el tráfico de estupefacientes en el continente. En Estados Unidos se permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta médica, en 17 Estados, aparte de la legalización para uso recreativo en Colorado y Washington y de que el distrito de Nueva York también se lo plantea.

Europa tampoco escapa de la tendencia reguladora. Suiza despenalizó en octubre la posesión de cannabis para uso personal. El distrito de Kreuzberg, en el centro de Berlín, aprobó a finales de noviembre una iniciativa para abrir coffeeshops en el parque Görlitzer, uno de los espacios de la ciudad más castigados por el narcotráfico. El pasado diciembre, 106 profesores de Derecho Penal alemanes —entre ellos, el expresidente del Tribunal Federal— firmaron una petición a favor de la despenalización de las drogas blandas. Copenhague, la capital de Dinamarca, anunció en marzo que pretende iniciar un programa experimental de tres años en los que el municipio será el encargado directo de producir y vender el cannabis. Bélgica también permite la posesión de hasta tres gramos de marihuana o de una planta para consumo personal. Portugal se convirtió en 2001 en el primer país europeo en descriminalizar el uso y la posesión de todas las drogas ilícitas y ahora, una docena de años después, el uso de estupefacientes ha crecido ligeramente, pero al mismo nivel que en muchos otros países europeos. Por el contrario, se ha reducido el consumo de heroína —principal preocupación del Ejecutivo portugués cuando tomó la decisión— y han descendido las condenas relacionadas con las drogas.

“Está más que demostrado que aumentar las sanciones no reduce el consumo”, explica Carmen Martínez, secretaria de Organización de la UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Ayuda al Drogodependiente). “Los adictos tienen la posibilidad de recuperarse, nos lo demuestran a diario”, continúa, “no se les debe perseguir sino curar. Además, tampoco aumentará la recaudación ya que estas sanciones tan altas son imposibles de asumir por los drogodependientes”.

Tanto Manjón como las asociaciones de consumidores de cannabis consultadas coinciden en que la nueva ley es un intento del Ejecutivo de frenar los procesos de regulación existentes en Cataluña y el País Vasco, donde se han creado comisiones parlamentarias para regular los clubes de fumadores y el cultivo de marihuana. “Sancionar el cultivo es una forma de yugular la actividad de los clubes de cannabis”, sostiene Manjón. Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Usuarios de Cannabis, apunta en la misma dirección. “No se persigue el tráfico sino las iniciativas que han surgido de la sociedad civil. Nos están intentando poner palos en las ruedas”, afirma.

El Ministerio del Interior, que no ha consultado la reforma ni con las asociaciones de ayuda a la drogadicción ni con las de consumidores de cannabis, parece dispuesto a acabar con el actual modelo asociativo que ha surgido a la sombra de un vacío legal. Más allá de multar con entre 1.001 y 30.000 euros los “actos de plantación de drogas no constitutivos de delito”, la nueva normativa prevé entre sus medidas cautelares la “suspensión o clausura de locales” en los que se estén consumiendo drogas así como la “retirada de autorizaciones, permisos o licencias”. Con la legislación actual, las multas por cultivos domésticos no se imponen por defecto, pues no existe la sanción administrativa en caso de que no haya delito. Solo un juez puede decidir en cada caso si una plantación doméstica debe ser penalizada.

La Generalitat de Cataluña no tiene intención de paralizar su proceso de regulación del cannabis, según afirman fuentes cercanas a la redacción del futuro “código de buenas prácticas” que regulará la materia, y ya se estudia la manera de permitir la existencia de estas asociaciones a pesar de la nueva ley estatal.

Interior niega que se haya incluido expresamente la prohibición del cultivo para acabar con la actividad de estos clubes. En cuanto al aumento de las sanciones, considera que “1.001 euros de 2014 no representan una cuantía sensiblemente superior a 50.000 pesetas (300 euros, la antigua sanción mínima) de 1992”. Sobre la eliminación de la posibilidad de sustituir la multa por un tratamiento, alega que dicha medida “no ha resultado eficaz para los objetivos de integración social que perseguía”.

Aumentar las sanciones no reduce el consumo, dice Carmen Martínez

Reiterados estudios han demostrado que, en materia de drogas, los gobiernos logran beneficios financieros y sociales mucho mayores invirtiendo en programas sociales y de salud, antes que dedicando los recursos a actividades de persecución y aplicación de la ley. Los informes demuestran también que los países que han desarrollado estrategias de reducción de daños (reposición de jeringuillas, asistencia, sustitución de sanciones por programas de desintoxicación...) tienen un porcentaje de prevalencia de VIH entre adictos mucho menor. En Australia, por ejemplo, la tasa de toxicómanos con sida es del 2%. En Rusia, donde no existe ninguna política de reducción de daños, supera el 35%. Otro aspecto probado es que los factores que influyen en la decisión de comenzar a tomar drogas tienen que ver más con el contexto social y económico, la moda o los progenitores que con la normativa de cada país.

Según el Informe Europeo sobre Drogas de 2013, al menos 85 millones de europeos adultos (una cuarta parte) han consumido una droga ilegal en algún momento de su vida. De estos, 77 millones declararon que había sido cannabis. De los 250 millones de usuarios de drogas estimados en el mundo, la ONU considera que solo un 10% se pueden clasificar como dependientes o “problemáticos”. En España, el último informe del Plan Nacional sobre Drogas, referido a 2011, expone una estabilización en el consumo de alcohol, heroína y cannabis y una reducción de la cocaína. Según Manjón, los datos ni la situación en Europa y América justifican los cambios legislativos. “No es un tema científico sino político”, considera. “La tendencia mundial si no va hacia la legalización, sí hacia un tratamiento más humano y coherente”.

Fe de erratas: En una anterior versión de este artículo, publicado en la edición impresa del 3 de enero de 2014, se aseguraba que el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas era de la ONU, cuando realmente solo se remitió a esta organización y fue elaborado por un organismo independiente formado por, entre otros, el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan.