La unión igualitaria en América Latina: avances tímidos pero firmes

La Zona Rosa del Distrito Federal es uno de los barrios más emblemáticos para la comunidad gay de México. Pero pese a que en la capital mexicana los matrimonios entre personas del mismo género son reconocidos con los mismos derechos que tienen las uniones entre heterosexuales, el país de los charros, los machos y el tequila no es un territorio del todo amistoso para los gays. México, junto con Brasil, encabeza el listado latinoamericano en crímenes homófobos. Esta semana, en la propia Zona Rosa, dos veinteañeros paseaban cogidos de la mano. De la ventana de uno de los coches que atravesaba una avenida se asomó un hombre. Y un grito: “¡Putos!”.

La anécdota mexicana es un ejemplo de las paradojas que enfrentan los colectivos LGTB en América Latina. Las leyes que protegen sus derechos enfrentan obstáculos, avanzan con timidez pero no dan marcha atrás. Desde 2010, tres países han aprobado en todo su territorio el matrimonio igualitario: Argentina, Uruguay y Brasil. Pero eso no quiere decir que el camino se haya convertido en un sendero de rosas. Varios sectores de la región, tradicionalmente católica y ahora terreno fértil para el cristianismo aún más conservador, son firmes opositores de cualquier cambio a la ley que indica que el matrimonio solo es posible si es entre un hombre y una mujer. En Argentina, el país pionero en la legislación, una pareja gay fue atacada en marzo. “El Papa es argentino, no puede haber putos argentinos”, les gritó el agresor.

En México, de acuerdo con los colectivos LGTB del país, ha sido un buen año. Este 2013 se crearon figuras legales en dos estados mexicanos, Jalisco y Colima, que permiten a las parejas del mismo sexo tener uniones amparadas por la ley. En México, una república federal que funciona en un sistema de gobierno similar al de EE UU, la discusión sobre las uniones gay debe avanzar estado por estado. Este año, en varios congresos estatales han comenzado la discusión.

También en julio de 2013 fue elegido en Fresnillo, una ciudad de 200.000 habitantes a 650 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, el primer alcalde abiertamente gay. Benjamín Medrano, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), había ocupado un escaño en el Congreso nacional y asumió la alcaldía en septiembre. No obstante, causó una fuerte polémica a unos días de su elección, cuando en una entrevista con el periódico El Universal afirmó que nunca había apoyado el matrimonio homosexual como diputado. Unos días después, aseguró a este diario que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Sólo dije que mi pueblo no está preparado para el matrimonio gay, porque el catolicismo está muy arraigado”, declaró.

Este año, México eligió a su primer alcalde abiertamente gai. Benjamín Medrano, de Fresnillo

Medrano insiste ahora que la posible discriminación sexual en su contra es una de sus últimas preocupaciones. En octubre denunció que habían atentado dos veces en su contra, pero no los atribuyó a la homofobia, sino al crimen organizado. Tiene un punto: los alcaldes mexicanos son uno de los blancos más débiles del narcotráfico. Cuatro de cada 10 han sido amenazados y más de 1.200 funcionarios municipales han sido asesinados en los últimos cuatro años.

Uruguay, que también este año ha aprobado reformas de marcado tono progresista sobre el aborto y el consumo de marihuana, se convirtió en abril en el 12° país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y el segundo de la región después de Argentina, que lo aprobó en 2010. El premio Nobel Mario Vargas Llosa aplaudió este domingo las iniciativas del Gobierno de José Mujica y afirmó que otros países deberían “seguir su ejemplo”. Brasil, un mes después, se sumó a la lista y es el tercer país de la región en autorizar la unión igualitaria en todo su territorio. Pero la paradoja continúa. Paralelamente a la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, el legislador Marco Feliciano se convirtió en el presidente de la Comisión de DD HH del Congreso.

¿Por qué la polémica? Ocurre que Feliciano es pastor evangélico y es el líder del ala más dura del conservadurismo brasileño. Los evangélicos, que ya suman 42 millones en Brasil, representan una cuarta parte de la población. Y Feliciano ha dejado claro que, para él, no puede existir “un tercer sexo”. Está en contra también de la laicidad del Estado, del aborto, del estudio de las células madre y de la legalización de las drogas. También ha dicho que el continente africano es víctima de una “maldición divina” que hace a sus habitantes “negros y pobres”. Cerca de 260 personas han sido asesinadas en Brasil por su orientación sexual, según el colectivo Arco-iris. En diciembre de 2012, dos jóvenes estrangularon en Campo Grande (suroeste del país) a Lawrence Correa Biancão, de 20 años. “Para mí, los gays son alimañas”, dijo a la policía uno de los asesinos.

La discusión continúa en el resto de países. En Colombia, en octubre pasado, una decisión judicial anuló en octubre el primer matrimonio gay celebrado en el país. Por cierto, el responsable, el procurador (fiscal) Alejandro Ordoñez es también el hombre que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La vecina Venezuela, que junto con Paraguay es el único miembro de Mercosur que no reconoce ningún tipo de unión homosexual, apenas ha entrado a la discusión.

En Chile, el penúltimo país occidental en aprobar el divorcio (en 2004), la socialista Michelle Bachelet, presidenta electa, ha puesto el tema sobre la mesa. Una encuesta de la Universidad Autónoma de Chile muestra, no obstante, que la mitad de los votantes no está de acuerdo con la iniciativa. Este año también fueron condenados los responsables del asesinato Daniel Zamudio, ocurrido en marzo de 2012. Al chico, de 24 años, le propinaron golpes y patadas, le estrellaron una piedra en la cabeza, le cortaron una oreja, lo quemaron con cigarrillos y marcaron su espalda con una esvástica que trazaron con una botella rota. El chico murió 24 días después tras una larga agonía. Los asesinos, también veinteañeros, recibieron penas de entre ocho años hasta cadena perpetua. El Gobierno conservador de Sebastián Piñera aprobó la Ley Zamudio, que castiga la discriminación por origen étnico, orientación sexual, género y creencia religiosa. La legislación, que enfrentó la oposición del sector más duro de la derecha chilena, fue promulgada tras siete años de discusión legislativa. Un paso.