Los vigilantes no son policías

“Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid. Ha visto en las noticias que si se acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante miedo.

El borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les protege como a ellos.

“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.

La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.

“Aún tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo Maldonado, asesor de seguridad privada de CC OO y profesor en academias de vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se ha invertido un tiempo mucho más largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, espeta el abogado penalista Jaime Sanz de Bremond. El viernes pasado, un juez de Girona imputó a seis mossos por las lesiones que sufrieron varios manifestantes antimonárquicos en dos protestas durante el mes de junio.

La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona Roser Martínez alerta de que la reforma legislativa relaja la formación que se exige a los vigilantes armados —el 78% del total de un sector con 82.150 trabajadores—. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] solo dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud deben tener los preparadores, ni el número de prácticas ni el número de tiros”, explica la experta, autora de Armas: libertad americana o prevención europea (Ariel).

Martínez también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos de arma son otorgados a las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva ley, podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa.

El de Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos de habilitación para seguridad privada: parado de larga duración, mayor de 40 años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro, acabó optando por esta alternativa. Después de pasar unos meses supervisando estaciones de Renfe, encontró un trabajo más estable, aunque, según cuenta, no pasa de mileurista.

El otro perfil habitual entre los candidatos lo constituyen jóvenes de entre 18 y 21 años que ven la vigilancia como una carrera y que aspiran a ascender a puestos más complejos como el control de sistemas operativos o la prevención de incendios. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de estudios de Abalar, una academia que forma a unos 700 estudiantes al año, asegura que, por el contrario, los que aspiran a entrar en la Policía Nacional son, en general, mucho más vocacionales que los que intentan convertirse en vigilantes. La formación es también mucho más larga, estricta y exhaustiva. “La idea de que son policías frustrados es falsa”, asegura. “Sí pasa al revés, que estudiantes de Policía Nacional se sacan el título de vigilante para poder mantenerse mientras opositan. La mayoría de los que aprueban son mayores de 24 años, tienen una formación básica y un sentido de la función pública”, explica. “Los que llegan a los 18 creyéndose Harry el Sucio y que se han sacado el graduado escolar a trancas y barrancas, se suelen quedar fuera”, defiende.

Los requisitos para acceder a los dos exámenes para ambas profesiones son prácticamente los mismos: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, entre otros. Para optar a la placa de vigilante de seguridad hay que tener nacionalidad europea, mientras que solo los españoles pueden acceder a las oposiciones de la Policía Nacional. La nueva ley de seguridad privada permite a ciudadanos de terceros países acceder a la seguridad privada, siempre que tengan un convenio bilateral con España en esta materia.

Después de pasar un filtro en el Ministerio del Interior —un examen de conocimientos básicos adquiridos en un curso de 180 horas—, los vigilantes están obligados a hacer un curso de reciclaje anual de 20 horas. Las pruebas son físicas, prácticas —tiro y defensa personal— y teóricas —conceptos de derecho, psicología o sociología—. La entrada al Cuerpo Nacional de Policía pasa por una oposición y una formación de casi dos años: uno en la Academia Nacional de Policía, en Ávila, y otro de prácticas en una comisaría.

Las diferencias en la formación se reflejan en las condiciones laborales. El salario de un vigilante sin arma es de 1.086 euros brutos al mes. Un agente de la Policía Nacional que acaba de salir de la academia cobra entre 1.400 y 1.500 euros mensuales (en función de los complementos, para los que se tiene en cuenta, entre otros, su destino), al que se irán sumando trienios con el paso de los años.

El SUP: “Es como poner a enfermeras a operar porque no hay médicos”

“Es como poner a enfermeras a operar porque no hay suficientes médicos y las listas de espera aprietan”, explica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía José María Benito. Este considera que más allá de reducir gastos, la extensión de las responsabilidades de la seguridad privada duplica un servicio que ya está cubierto por la Policía Nacional. El sector ha perdido un 20% de su volumen de negocio desde 2008 y la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), la asociación que engloba a las 12 compañías más grandes que facturan el 70% de los ingresos del sector, no cree que la reforma de la ley reflote sus balances.

El número de vigilantes también ha caído, pese a que las escuelas coinciden en que la crisis ha disparado el número de aspirantes. El Ministerio del Interior ha admitido abiertamente que la ley beneficiará a aquellas empresas que han perdido terreno de negocio desde el final de ETA.

La colaboración entre la seguridad pública y la privada es habitual en aeropuertos y ministerios y echó a andar en los perímetros de 21 cárceles de toda España en mayo con un programa piloto del Ministerio del Interior. Las empresas de seguridad ya se responsabilizan también de algunas cabalgatas, playas o urbanizaciones, aunque siempre con un perímetro delimitado.

Esta cooperación ha provocado, por ejemplo, una reducción de un 90% de las falsas alarmas en la última década, según datos de la Dirección General de Policía. “La empresa de seguridad instala sus sistemas de alarmas y cobra por ello; pero si suena, somos nosotros los que tenemos que acudir al lugar”, lamenta Benito. Para ahondar en esta tarea de supervisión y prevención, la nueva ley permite que compartan información y la conexión de los servicios de policía y las empresas privadas de seguridad para comprobar los datos en tiempo real. “Se trata de una información de ayuda a la seguridad pública, pero no les convierte en agentes de la autoridad”, opina Eduardo Cobas, secretario general de la asociación de las 12 principales empresas del sector.

Para ser vigilante hay que carecer de antecedentes, tener 18 años y la ESO

Cobas cita el caso Asunta, la niña gallega cuyo cadáver fue encontrado el 22 de septiembre en Galicia, como un logro de esta cooperación. La cría, que murió tras una sobredosis de ansiolíticos, según la investigación, fue grabada por una cámara de seguridad en el coche de su madre, Rosario Porto, lo que desmontó la versión inicial de esta, poniéndola en el centro de la investigación.

El Ministerio del Interior insiste en que la actuación de los agentes privados se basará en la subordinación respecto a la policía y que la reforma solo da respaldo legal a una realidad que, de facto, ya se estaba produciendo. Para Sanz de Bremond, el salto es, sin embargo, cualitativo. “Se busca equiparar a los vigilantes con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con lo que en la calle se está dejando en sus manos la posibilidad de definir la situación”, explica.

Además, considera que la ley es “innecesaria” y redundante con el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1992 según el cual cualquier ciudadano que presencia un delito debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, aunque la detención queda en manos del funcionario. “Un vigilante en unos grandes almacenes actúa con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, no hace falta hacerlo patente en otra norma”, insiste. “No les puedes equiparar a un policía, pero tampoco a un ciudadano corriente”, replica Cobas, que insiste en que la regulación actual deja sin protección a los agentes en determinadas situaciones.

La reforma legislativa solo equipara a los vigilantes a agentes de la autoridad —una demanda histórica del sector— en el caso de que estén realizando una acción junto a la policía y reciban una agresión. “Este supuesto es conceptual”, zanja Sanz de Bremond, aunque puede convertirse en “una justificación de su agresión para justificar tu agresión”.