Ni rastro de las medidas contra la “violencia estructural”

El 7 de marzo de 2012, desde su escaño del Congreso, Alberto Ruiz-Gallardón expuso una de las razones que inspiraban la ley del aborto que preparaba. Afirmó que no solo era necesario proteger al nasciturussino también a muchas mujeres embarazadas que, queriendo tener a su hijo, se veían obligadas a abortar por la falta de ayudas económicas, laborales o asistenciales. Por la “presión” de la sociedad. Es lo que llamó la “violencia de género estructural”. El PP, prometió, protegería la “dignidad” de esas mujeres defendiendo “uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad”. Ese mismo día, en una entrevista con EL PAÍS, puso ejemplos de esa “violencia estructural”: “Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presión [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones [de embarazo no deseado] carecen de apoyos de los poderes públicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupción de su embarazo”. Y criticó la “dejación de los poderes públicos”, que se han “conformado con establecer una despenalización” del aborto para cubrir esas carencias sociales.

En el anteproyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros a propuesta de Gallardón no hay ni una referencia a medidas sociales, económicas o laborales destinadas a combatir esa supuesta “violencia estructural”. Sí hay un artículo que introduce modificaciones en otra ley, la Ley General de Sanidad, estableciendo que las administraciones públicas “desarrollarán” programas de educación para la salud, prevención de embarazos no deseados y “asesoramiento para resolver posibles conflictos de salud, familiares o de carácter socioeconómico originados o agravados por el embarazo”.

La ley de plazos de 2010 tenía dos partes: una referida a la regulación del aborto y otra sobre “salud sexual y reproductiva”. Esta segunda parte, que dictaba que las Administraciones debían garantizar la “educación sexual y afectiva”, también quedará derogada cuando entre en vigor la ley que ayer presentó Gallardón. Desaparecerán por tanto las medidas que incluía destinadas a fomentar el acceso de métodos anticonceptivos seguros y de última generación. También los programas específicos de planificación familiar.