El Supremo canadiense tumba las leyes contra la prostitución

El Tribunal Supremo de Canadá ha declarado inconstitucionales los artículos del Código Penal que prohiben los burdeles, trabajar para prostitutas y que estas puedan ofrecer servicios sexuales en la calle. La decisión afirma que restringir estos mecanismos de comercialización del sexo obligan a las prostitutas a ejercer su trabajo —legal, según la normativa canadiense— de forma clandestina, y, en consecuencia, vulnera el derecho a la "seguridad de la persona" consagrado en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La demanda fue presentada por tres asociadas de la organización Profesionales del Sexo de Canadá (SPOC, en sus siglas en inglés). La sentencia ha sido tomada por unanimidad por el Supremo canadiense, compuesto por nueve jueces —seis hombres y tres mujeres, entre ellas la presidenta, Beverly McLachlin.

"No se trata de decidir si la prostitución es legal o no", afirma McLachlin, ponente de la sentencia. "Se trata de decidir si las leyes que el Parlamento ha votado para regularla superan la prueba de constitucionalidad. Yo creo que no". La decisión mantiene en vigor los artículos del Código Penal durante un año mientras el Parlamento decide con qué reemplazarlos.

"Ahora el Gobierno debe escribir leyes que sean justas", celebró la dominatrix profesional Terri-Jean Bedford, una de las demandantes, al conocer la sentencia. "Estamos revisando la decisión", ha afirmado el ministro de Justicia, Peter Mackay. "Exploraremos todas las opciones posibles para asegurarnos de que la ley penal sigue teniendo en cuenta el significativo daño que hace la prostitución".

"Es un día triste. Hemos confirmado que está bien comprar y vender mujeres en este país", ha declarado  a la radiotelevisión pública CBC Kim Pate, directora de la Asociación de las Sociedades Elisabeth Fry, dedicada a las mujeres "en conflicto con la ley". "Nuestras hijas y nietas mirarán atrás y dirán, ¿en qué estaban pensando?"

Según afirma McLachlin en la sentencia, las prohibiciones "no solo ponen condiciones sobre como las prostitutas deben trabajar; van decididamente más allá [...] evitan que personas dedicadas a una actividad arriesgada —pero legal— tomen medidas para protegerse de esos riesgos".

La Fiscalía General de Canadá, en su defensa de la legislación, afirmó que "las prostitutas eligen trabajar en una actividad inherentemente peligrosa"  y que, por lo tanto, las consecuencias de su oficio son su responsabilidad. La juez McLachlin ha respondido a esa afirmación indicando que "si la ley prohibe a un ciclista llevar casco, el que el ciclista elija o no montar en bicicleta no tiene que ver con la responsabilidad de la ley si tiene un accidente".

Otra de las demandantes, Valerie Scott, ha afirmado que "los políticos no serán capaces de hacer una ley medianamente decente. Las trabajadoras del sexo deben estar presentes de forma significativa". El motivo es que "aunque nos conozcan como clientes, no saben como funciona nuestro trabajo".