La brecha escolar que divide España

—¿Quién sabe lo que es PISA?

 Varios alumnos de cuarto de la ESO (15 años) se atropellan, pero se alza sobre las demás la voz de un chaval hacia el fondo de la clase en el instituto público Andrés Laguna de Segovia:

—Es una prueba que mide el nivel cultural de los jóvenes.

—¿Y sabéis cómo ha salido Castilla y León?

—El mejor en ciencias.

—Bueno, sí, pero ¿por qué?

—Porque estoy yo —se apresura a terciar, entre risas, una muchacha—. E interviene por fin el profesor de matemáticas, César Hernando:

—Estela, ¿no podéis contestar en serio, aunque sea una vez?

En realidad, ni en broma ni en serio: parando la vista en el día a día de un instituto, charlando con alumnos y profesores, viendo esfuerzos y frustraciones compartidos, es muy difícil encontrar la raíz de las diferencias de resultados en el Informe PISA 2012 de la OCDE (que mide las destrezas de los chicos de 15 años de 65 países del mundo en matemáticas, lectura y ciencias) entre, pongamos, Castilla y León (de los mejores de España, por encima de la media de la OCDE, y al nivel de países como Austria o Australia, muy cerca de Alemania) y Andalucía (por debajo de la media de la OCDE y la UE). Unas diferencias que, ampliando el foco, se pueden trasladar a las comunidades del norte de la Península y las del sur, separadas por una brecha educativa que este informe internacional ha vuelto a dejar en evidencia, a pesar de compartir un mismo marco normativo y haber tenido Gobiernos de varios colores políticos. Unas diferencias que, a pesar de los cambios arriba y abajo que muestra PISA (este año, entre las autonomías que han decidido tener datos propios del examen, es ligeramente mayor en matemáticas y ciencias, no así en lectura, que en 2009), muchos especialistas aseguran que se han ido reduciendo poco a poco en las últimas décadas, y que son menores que, por ejemplo, en Italia.

Javier Gil Flores, catedrático de Educación de la Universidad de Sevilla, apunta hacia donde miran la mayoría de los investigadores para explicar las distancias (incluidos la OCDE y el Ministerio de Educación): a las razones socioeconómicas. El PIB por habitante de Andalucía en 2012, cuando se celebraron las pruebas, era de 16.960 euros. El de Castilla y León, 22.289 euros, 483 euros menos que la media del país. “La influencia del contexto socioeconómico no es algo nuevo. En los años sesenta el Informe Coleman ya lo apuntaba”, indica.

Si se comparan los resultados en la prueba de matemáticas de PISA y el PIB per capita, la cosa cuadra bastante: las comunidades más ricas (País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja, Aragón) están por encima de la media de la OCDE (Cataluña la roza, está a punto). Mientras que las tres más pobres (Andalucía, Murcia y Extremadura) ocupan los últimos puestos en el examen.

Sin embargo, en ese gráfico hay elementos discordantes que no encajan del todo en la teoría. Baleares, para mal; y Asturias y, sobre todo, Castilla y León, que ocupan un puesto más alto de lo que su riqueza pronosticaría. ¿Qué pasa aquí? Cuando en PISA se habla del nivel socioeconómico se añade “y cultural”. Una de las diferencias más importantes de resultados (más altas que entre la mayoría de países, muchísimo más que entre autonomías) se da entre los alumnos que tienen menos de 10 libros en casa y los que tienen más de 200: un abismo de 124 puntos (sobre una media de 500) en España y 126 en la OCDE.

El sociólogo de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez opina que las diferencias entre autonomías no se pueden achacar a la calidad del sistema educativo. Echa mano al índice de alfabetización por autonomías hace 153 años: las primeras eran (con entre el 35% y el 50% de la población) Madrid, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco; y las últimas, con menos del 25%, Extremadura, Galicia, Andalucía, Baleares y Murcia. Aunque tampoco del todo, cuadra tanto como el cruce de datos con el PIB per capita. Y el sociólogo se aventura, además, con una hipótesis: “la estructura de propiedad de la tierra”. “Hay zonas con estructura de latifundio, en las que no compensaba estudiar porque no había perspectiva de aprovechamiento. Pero en otras de pequeños agricultores quizá la merecía aunque solo fuera para llevar las cuentas”, señala.

“Yo creo que son las familias y la importancia que le den a la educación”, dice la profesora Pilar Garrido, del Andrés Laguna de Segovia.

Entonces, ¿la culpa es de las familias? No se trata, insisten los expertos, de culpabilizar a nadie, sino de buscar razones. Y el responsable del gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, Miguel Recio, explica que “en comunidades volcadas en el sector servicios, en la restauración, es más fácil conseguir un empleo sin cualificación, así que es lógico que sea más difícil retener a los jóvenes en la escuela”. Esto explicaría la disonante situación de Baleares. Y, en parte, también las notas andaluzas.

“Estamos mejor. Tenemos peores resultados, sí, pero estamos todos”. El profesor Manuel Gotor habla con 37 años de experiencia docente a sus espaldas. Ahora da clases en el instituto público Bellavista, ubicado en una barriada obrera de Sevilla capital. En sus aulas estudian 400 chicos cuyas familias han sido golpeadas por el desempleo en demasiados casos. “En España no estamos tan mal, estamos en el pelotón. Andalucía entra ahora resoplando en ese pelotón”, resume Gotor.

Juan Manuel de Pablos Pons, catedrático de Didáctica de la Universidad de Sevilla, cree que Andalucía tiene “dificultades estructurales”, como el tamaño del sistema, con 1,8 millones de estudiantes en la enseñanza no universitaria. Castilla y León tiene 360.000. Andalucía ganó 172.000 estudiantes (un 12%) desde el año 2000; en ese tiempo, Castilla y León perdió 15.000, un 4%. La cuestión es que ese punto de partida de unos y de otros —“en los años sesenta había importantes manchas de analfabetismo en España; y en Andalucía eran mayores”, dice Pons—, no es un lastre abstracto, un etéreo intangible intrafamiliar, sino que ha condicionado las políticas de las últimas décadas. Mientras unos tenían que dedicar sus esfuerzos en aumentar el sistema (recursos humanos para atender a todos, edificios...), otros han podido dirigirlos más a los planes de calidad o la formación docente.

“Las condiciones socioeconómicas no pueden ser la excusa de todo”, asegura Fernando Sánchez-Pascuala. El director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León insiste en que el contexto de su comunidad tampoco es fácil —con una dispersión enorme en un vasto territorio donde el 35% del alumnado es rural, lo que exige un enorme esfuerzo en mucho profesorado para pocos estudiantes— y defiende las medidas de los Gobiernos del PP en la región desde que recibió todas las competencias escolares en 2000. “Cuando había trabajo en la construcción, también lo había aquí, pero los chicos no se iban”, asegura. Señala que fueron la primera autonomía en universalizar la educación infantil de tres años gratuita —concertando escuelas privadas—, habla de una distribución equitativa entre pública y concertada (esta recibe al 35% del alumnado), de exigencia (el nivel de repetición a los 15 años es del 41,5%, casi dos puntos por encima de la media) y de iniciativas de mejora como el plan de éxito (clases de refuerzo) y el reconvertido plan PROA (también de refuerzos) que el ministerio ha dejado de financiar, pero Castilla y León mantiene con su dinero.

Desde el PP se suele hacer sangre con la estadística de gasto por alumno en la escuela pública, que dejaba en 2010 a Andalucía en último lugar: 5.311 euros, frente a una media de 6.433. Sin embargo, el esfuerzo andaluz en educación es de los mayores de toda España (un 4,89% en 2010), pero claro, con un PIB menor y más alumnos. Además, 2010 fue el año en el que empezaron los enormes recortes que han segado varios miles de millones de euros a los presupuestos públicos de escuelas y universidades. ¿Qué ha pasado desde entonces? Castilla y León en 2014 tendrá 452 millones menos (-20%) que en 2010; Andalucía, 913 millones menos (un 12%).

Tras la presentación el martes de PISA 2012, muchos han achacado el aumento de la distancia entre comunidades en matemáticas a la descentralización educativa: la diferencia entre la mejor nota (Navarra) y la peor (Extremadura) era mayor que en 2009 (56 puntos, cuatro más). Sin embargo, como era la primera vez que Extremadura tenía datos propios en PISA, quizá esas diferencias ya estaban allí antes, pero no se conocían.

En todo, caso, hay distancias que se acortan. El Informe PISA resalta la evolución positiva de Andalucía: “Es especialmente llamativa la reducción de dichas diferencias entre los alumnos andaluces y los residentes en Castilla y León, Aragón, Galicia y Cantabria. [...] Las diferencias entre Castilla y León y Andalucía pasan de más de 53 puntos en 2009 a menos de 38”. Aunque también es cierto que ha habido tanto una ligera mejora andaluza como un leve descenso castellanoleonés, PISA achaca la reducción “casi en su totalidad a unas menores diferencias en el impacto de las variables explicativas del rendimiento académico”, es decir, en la mejora del contexto que rodea al alumno: la condición de inmigrante, si es repetidor, la educación y el trabajo de los padres, los recursos educativos del hogar, el tiempo que asistió a la escuela infantil…

Y, en cuanto a las otras: “Las comunidades españolas que peor están en PISA 2012, en general Extremadura y Murcia, están mejor que varias regiones del sur de Italia, como Sicilia, Cerdeña, Calabria y Campania. Se trata de dos países con una amplia distancia geográfica, económica y social norte-sur”, apunta el catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita. De hecho, las distancias entre las regiones italianas (con un sistema centralista en cuanto a las competencias educativas) son mayores que en España: 94 puntos le sacan en matemáticas los alumnos de Trento a los de Calabria.