El frío sin luz es más frío

Ahora que el ministro de Industria José Manuel Soria se ha quedado un poco más libre tras la resolución del contencioso de Repsol con Argentina quizá podría aplicar sus buenos oficios a atender un problema urgente que aqueja a decenas de miles de ciudadanos. Se trata de intentar mitigar los efectos de la llamada “pobreza energética”, es decir, las graves dificultades de miles de familias españolas para pagar la luz, el agua y el gas. Hay soluciones ya planteadas sobre la mesa. Cuatro países de la UE (Francia, Eslovaquia, Reino Unido e Irlanda) han definido el problema y el PSOE y la Izquierda Plural piden una tregua invernal como la que aplican los británicos para impedir que las compañías interrumpan el suministro en los meses de frío y se cubra durante este tiempo un mínimo de cobertura de subsistencia. El gobierno andaluz, por su parte, va a garantizar la luz y el agua a las más de 47.000 personas que viven con un salario social.

Hay dos poderosas razones por las cuales hay que atender estas propuestas. La primera de ellas, porque son estas políticas de equidad las que otorgan carta de naturaleza al Estado social que los ciudadanos demandan. La segunda, porque las decisiones del partido del Gobierno han agravado el problema. En España, gracias al diabólico sistema pactado por José María Aznar, la luz es de las más caras de Europa (solo por debajo de islas energéticas como Malta y Chipre). Con aquel pacto se admitió la tesis de la industria de que las tarifas no cubren los costes de producción y desde entonces el Estado está en deuda con las eléctricas, a las que de vez en cuando adjudica partidas multimillonarias en nombre de ese déficit de tarifa.

Los consumidores españoles están muy desprotegidos y la justicia europea debe llegar a veces al rescate, como ha ocurrido con la ley hipotecaria. Soria acaba de cerrar una reforma eléctrica que penaliza a las energías alternativas y, en general, tanto este como ejecutivos anteriores han permitido el aumento de los costes fijos de la energía. De esta manera, las compañías (privatizadas hace veinte años) tienen asegurados sus ingresos mientras arruinan al consumidor. Antes de empezar a usar sus servicios, poner en marcha un hogar es prohibitivo para muchos. Baste recordar que hay seis millones de parados, que la pensión media es de 836 euros y las ayudas mínimas no llegan a los 400. Se considera que sufre “pobreza energética” el hogar que gasta más del 10% de sus ingresos en combustibles. Me temo que en España ese nivel de pobreza lo superan demasiados.

Según los cálculos realizados por este periódico (no hay transparencia en este terreno) el año pasado sufrieron cortes de luz 1,4 millones de viviendas, el doble que en 2006. El frío invernal que se cuela por las rendijas recrudece el problema. El Gobierno le niega ahora a las eléctricas los 3.600 millones de la reforma que había prometido para este año para enjugar el framoso déficit de tarifa. No aporta alivio alguno porque es otro parche y el reconocimiento de una deuda que se perpetúa. Las compañías han avisado: el impago les aboca a otra subida en los recibos de la luz. Alguien debería poner fin a este sinsentido. Mientras tanto, una tregua invernal es el mínimo exigible.

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