El Defensor canario pide reformas en las guarderías para incluir a discapacitados

El Diputado del Común, la institución equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, ha recomendado al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) que modifique el reglamento de las escuelas infantiles de la localidad. Jerónimo Saavedra, exministro socialista que ocupa el cargo desde finales de 2011, da así la razón a Albano Alonso, que se queja que su hijo, que tiene dos años y medio y un 67% de discapacidad, fue discriminado al no ser admitido en las guarderías públicas del municipio. Su hermano mellizo sí fue aceptado. Él, sin embargo, fue directamente rechazado porque no fue considerado "compatible con el equipamiento, recursos humanos y el proyecto educativo" del centro. Estos son los requisitos exigidos por la ordenanza municipal para que los menores con un "porcentaje de minusvalía" —así se refiere la norma a la discapacidad— puedan ser aceptados en el sistema público. 

Que se cese en la práctica de excluir alumnos de las escuelas municipales por razón de discapacidad y se garantice su inclusión en el primer ciclo de educación infantil. Esta es una de las recomendaciones que el Diputado del Común envió el pasado viernes al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (localidad con 153.000 habitantes), que tendrá un plazo de 30 días para dar una respuesta. Saavedra también aboga por que el reglamento ofrezca un modelo educativo inclusivo de acuerdo con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; por que se excluyan los vocablos que hagan referencia a minusvalía o incapacidad, o que se revise el baremo de calificación de solicitudes de plaza para las escuelas infantiles municipales para incorporar facilidades para las familias en las que alguno de los dos progenitores tenga alguna discapacidad.

Miguel Ángel González (Coalición Canaria), concejal de Bienestar Social, asegura que estudiarán la propuesta y que ya han comenzado a trabajar en alguno de los cambios solicitados. "La semana pasada enviamos al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad las convocatorias de ayudas que tenemos para que se pronuncien acerca de su redacción y tendremos en cuenta sus recomendaciones. Supongo que también hablarán de los baremos", afirma González, quien se ha mostrado receptivo a los planteamientos del Diputado del Común.

En el caso de Albano Alonso y su hijo, sin embargo, no ha variado ni un ápice su opinión. Saavedra sugería que en las ocasiones en que "se hubiera causado un perjuicio o daño a los menores y sus familias por la denegación de plaza por no cumplir el ordenamiento jurídico vigente, valore la posibilidad de iniciar, de oficio, los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas". Pero el concejal se muestra convencido de que actuaron de forma correcta. La educación infantil no es obligatoria y el Ayuntamiento no dispone de medios económicos para atender al pequeño adecuadamente. Esos son sus argumentos.

Alonso, un profesor de instituto de 39 años, explica que el pasado agosto recibió una llamada y fue informado de que uno de sus hijos era admitido en una guardería pública cercana a su domicilio, pero que el otro, que sufre una parálisis cerebral, fue directamente rechazado. Y se queja de que el Ayuntamiento justifica su decisión agarrándose a un informe médico que el padre presentó en marzo en el que, "además de recomendar la escolarización del menor, la doctora de cabecera del niño también indicaba que necesitaba un auxiliar". Alonso critica que, a pesar de la evolución que ha experimentado su hijo —"que ya gatea y camina agarrado de la mano"—, ningún técnico lo ha evaluado en persona, "ni tampoco han recibido a la familia para analizar el caso concreto". Además, "si consideraban imprescindible contratar a ese asistente y no disponían de fondos para hacerlo, como argumentan el alcalde y el concejal de Bienestar Social, lo normal es que pidieran financiación a otro organismo, como la Consejería de Educación de Canarias, y en ningún momento lo hicieron".

Este fue el motivo por el que Alonso reclamó a instancias regionales, nacionales e incluso internacionales. Las últimas, la Comisión Europea, la UNESCO y la ONU. Su objetivo, dice, ya no es que admitan a su hijo en las escuelas infantiles públicas —"a estas alturas del curso, cuando él y su hermano están integrados en una guardería privada, les perjudicaría"—, sino que se cambie la ordenanza y que otros niños con discapacidad "no sean discriminados".