Francia condena al certificador alemán de implantes de mama PIP defectuosos

La justicia francesa ha considerado hoy responsable a la certificadora alemana TUV, quien dio el visto a los implantes mamarios defectuosos de la marca PIP, el origen de uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años, que en España afectó a 18.500 mujeres. La empresa “faltó a sus obligaciones de control”, ha sentenciado el tribunal de Toulon. Deberá reparar los perjuicios ocasionados a las 1.700 víctimas representadas en este juicio civil.

De momento, tendrá que adelantar 3.000 euros por demandante a la espera de estudios individuales que evalúen el total para cada una de las afectadas. La empresa certificadora, que en el juicio penal, pendiente de sentencia, se presentó en la parte de la acusación al considerarse víctima de la estafa, ha anunciado que apelará la decisión.

En una sentencia inesperada, el juez determina que TUV, “en su calidad de organismo ‘notificado’ faltó a sus obligaciones de control, de prudencia y de vigilancia en el ejercicio de su misión”. El tribunal condenó a la comañía y a su filial francesa a “reparar los perjuicios materiales e inmateriales causados a los distribuidores y los perjuicios corporales y/o psicológicos causados a las portadoras de implantes mamarios de la marca PIP” (Poly Implant Prothèse).

El juez apuntó que de haberse realizado inspecciones sin previo aviso a la fábrica, en vez de limitarse a un control documentario, “se podría haber descubierto fácilmente el fraude y evitado la magnitud del desastre”: el fabricante recurría a un gel no homologado más barato que el legal. La empresa PIP, fundada por Jean-Claude Mas en el sur de Francia, exportaba a más de 60 países y se calcula que el escándalo podría afectar potencialmente a unas 300.000 mujeres.

Este juicio por lo civil, abierto en paralelo al celebrado por lo penal en abril en Marsella y en el que están juzgados el fundador de PIP y cuatro de sus colaboradores por engaño agravado y estafa — siguen abiertas las investigaciones por lesiones y homicidio involuntario y por bancarrota voluntaria—, se inició a petición de 1.700 pacientes, en su gran mayoría latinoamericanas, y de seis distribuidores internacionales (mexicano, brasileño, italiano, búlgaro, rumano y sirio). Las víctimas reclaman cada una 16.000 euros por perjuicio moral y ansiedad —en total unos 25 millones— y los distribuidores, 28 millones.

Los cinco acusados son insolventes, por lo que no podrán indemnizar a las víctimas. Además de Francia, en Argentina unas 300 mujeres han demandando a PIP y a la empresa certificadora, a las que reclaman 41 millones de euros.

La letrada de la empresa alemana, Cécile Dericke, anunció de inmediato su intención de apelar la decisión. “TUV siguió rigurosamente la legislación vigente”, explicó a la agencia France Presse, y recordó que la legislación europea estaba en curso de modificación para paliar los defectos puestos de manifiesto por el escándalo.