El PP beneficia de nuevo a la educación separada por sexos

El PP vuelve a maniobrar para asegurar de forma casi inmediata la financiación pública a los colegios e institutos concertados que rechazan la enseñanza mixta. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se está tramitando en el Senado, ya contempla un blindaje de los conciertos con la enseñanza segregada o diferenciada. Pero algunas comunidades han reducido ya la financiación este curso a varios centros por no ser mixtos y estos corrían el riesgo de no poder recuperarla hasta 2017. El PP legisla ahora para que el próximo curso les lleguen de nuevo los fondos públicos retirados.

Los populares han aceptado en el Senado una enmienda de UPN (Unión del Pueblo Navarro) en este sentido. Así, se incorporará a la reforma una disposición transitoria por la que "los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta ley orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor". Con esa disposición los centros privados afectados podrán reclamar que se les devuelva el concierto en cuanto se apruebe la LOMCE, algo que previsiblemente ocurrirá antes de que acabe el año.

La reforma de José Ignacio Wert, antes de la inclusión de la enmienda, ya les aseguraba la llegada de fondos públicos. El ministro decidió blindarles la financiación tras varias sentencias del Tribunal Supremo en las que se vetaba que este modelo pudiera ser pagado por la Administración al entender que era discriminatorio. "No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos", se dice ahora en la LOMCE. "En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (...) un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos", se abunda a lo largo del artículo 84.3 de la reforma que tramita el Gobierno.

Pero existía la duda sobre cuándo se podrían empezar a aplicar esos preceptos. Los conciertos se renuevan de forma general cada cuatro años. Este 2013 se ha celebrado ese proceso. Andalucía y Galicia —la primera por convicción y la segunda obligada por un fallo judicial— redujeron a principios de año la financiación a 17 centros que han rechazado ser mixtos. Ninguna de las dos comunidades optó por revocarles los conciertos al completo: lo que han hecho es bloquear la entrada de nuevos alumnos con plaza sufragada por la Administración. Los que el año pasado ya estaban estudiando en régimen de concierto seguirán así hasta que acaben la etapa en la que estén.

En teoría, el veto era para los próximos cuatro cursos, con lo que los colegios deberían esperar hasta 2017 para esgrimir ante la Administración que la LOMCE les permite escolarizar solo alumnos o alumnas. "Era interpretable si los centros tendrían que esperar, ahora ya no", reconoce Rafael Caamaño, el responsable andaluz de la patronal CECE, que representa a los 12 centros afectados de esa comunidad.

La disposición transitoria de UPN afecta solo a 17 colegios e institutos de todo el país: la docena de Andalucía y los cinco de Galicia. Pero tras este asunto se esconde una larga guerra ideológica que libran PSOE y PP desde las instituciones y en los tribunales. Los jueces tampoco se han puesto de acuerdo y han ido emitiendo pronunciamientos contradictorios sobre si es legal o no financiar este modelo.

El Supremo dio un paso importante en el verano de 2012 al establecer que "se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos". Pero los magistrados cimentaron su sentencia sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE), que es la que va a ser sustituida ahora por la LOMCE. El Supremo reconoció que estos conciertos eran válidos hasta la entrada en vigor de la LOE.

Tras el pronunciamiento de este tribunal, el Gobierno y la Junta de Andalucía, controlada por PSOE e IU, se embarcaron en un juego normativo en el que cada Administración intentaba colarse por los agujeros legales que había dejado la otra. El Ejecutivo andaluz anunció que retiraría los conciertos después del fallo. Y el Gobierno replicó que la LOMCE blindaría su financiación. Pero esta reforma educativa estaba todavía muy verde el año pasado, con lo que no daría tiempo a contrarrestar los planes andaluces.

El PP intentó entonces una vía más heterodoxa y similar a la que emplea ahora. Los populares incorporaron, en noviembre de 2012, una enmienda a los Presupuestos para este año en la que se fijaba que los centros de enseñanza segregada también podían beneficiarse de fondos públicos. Esa enmienda, apoyada por el PP, fue presentada por Foro de Asturias y, de nuevo, por UPN.

La Junta ignoró el paso dado por el Gobierno y decidió reducir la financiación a los 12 colegios a principios de este año. Los titulares de los centros acudieron a la justicia con la enmienda presupuestaria del PP en la mano. Pero el Tribunal Superior de Andalucía dio la razón a la Junta.

Con la disposición incorporada ahora por el PP a la LOMCE no concluirá la guerra. El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, ha reiterado que "no va a concertar" a los centros que segreguen, porque vulneran "el principio de igualdad recogido en la Constitución".

Caamaño también reconoce que la enmienda no zanjará este asunto. El responsable de CECE aboga por un pacto entre los grandes partidos, algo improbable. Caamaño, al igual que muchos, cree que será el Constitucional el que tenga que zanjar este debate.