Cañete y los barones del PP zanjan la guerra del agua por el Tajo-Segura

Se entierran las hachas en la última guerra del agua. El Gobierno y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo, todas del PP, escenificaron este miércoles ante los medios de comunicación un acuerdo que han calificado de “histórico” sobre el trasvase Tajo-Segura. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acompañado por los consejeros de las cinco autonomías (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia y Murcia), presentó el complicado acuerdo, que llega tras meses de negociación soterrada entre todos los gobiernos implicados. Castilla-La Mancha consigue elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia logran que la continuidad del trasvase tenga rango de ley y se garantizan mayores trasvases siempre que llueva.

El acuerdo se recoge en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental que el Partido Popular registró la noche anterior en el Congreso. Las cinco autonomías ya pactaron hace unos meses elevar la reserva de agua que no se puede enviar a Levante. Fue en marzo, cuando el ministerio sacó a consulta pública el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, el más polémico de los planes de cuenca que España estaba obligada por Europa a revisar antes del año 2009 y que las desavenencias regionales había retrasado.

Bono y Barreda y Valcárcel y Camps sacaron votos de la pugna

Arias Cañete afirmó en rueda de prensa que el acuerdo pone fin a las disputas políticas en torno al agua y que va a permitir culminar la planificación hidrológica española. El ministro aseguró que el trasvase queda ahora sometido al “criterio técnico y científico, con absoluta transparencia y que permitirá evitar decisiones cuando llegan elecciones, favoreciendo a un gobernante de un territorio”. Añadió que el pacto llega después de “realizar un gran esfuerzo de consenso”.

El consejero de Murcia, Antonio Cerdá, señaló en rueda de prensa que todas las partes “han tenido que renunciar a algo”, aunque no hay “ni vencedores ni vencidos”. “En materia de agua antes perdíamos los de siempre; ahora ganamos todos”, declaró el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, José Ciscar. El consejero extremeño, José Antonio Echávarri, agradeció que ahora quede regulado con carácter de ley un trasvase que antes “no lo estaba” y que obligaba a “discutir cada año cuántos hectómetros se trasvasaban”.

En las enmiendas, el Gobierno deroga la disposición legal aprobada durante el mandato del PSOE que decía que los volúmenes trasvasados se irían reduciendo conforme entraran en servicio las desaladoras en el Levante. Además, declara trasvasable todo el volumen que esté por encima de la reserva de 400 hectómetros hasta 600 hectómetros al año y abre la puerta a que los regantes de Murcia y Alicante puedan comprar agua a los de la cuenca del Tajo.

Cañete, que al llegar al ministerio no quería ni mantener las competencias sobre agua, se ha visto obligado a una negociación a muchas bandas con Cospedal, Fabra y Valcárcel, relevantes barones populares. Primero impuso el silencio, pese a que las discrepancias eran evidentes, y después negoció un memorando en secreto entre las comunidades receptoras al que finalmente se sumó Castilla-La Mancha. Ahora, los principales puntos de ese acuerdo se elevan a rango de ley tras una opaca negociación, pese a las directivas europeas sobre transparencia en medio ambiente.

Más allá de los detalles, el acuerdo es políticamente muy relevante. El Tajo es, mediante el trasvase, fundamental en el abastecimiento de la España seca. La guerra del agua ha tenido en el trasvase Tajo-Segura uno de sus principales frentes. Junto al derogado trasvase del Ebro ha sido el centro de una polémica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, donde ha marcado buena parte de la vida política. El agua ha permitido al PP convertir las regiones del sureste en un bastión y el PSOE hizo de su batalla contra el trasvase un emblema en Castilla-La Mancha. Además, tiene implicaciones en Extremadura, Madrid y Andalucía, ya que el trasvase llega a Almería.

En 1933, el ingeniero aragonés Manuel Lorenzo Pardo presentó el plan hidrológico nacional que le encargó el ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto. Allí propuso el trasvase Tajo-Segura, pero formó tal revuelo que fue remplazado por el del trasvase del Ebro al Segura. Ninguno se ejecutó. Varios años después de inaugurar Franco el embalse del Cenajo, el Gobierno encargó en 1966 la realización del proyecto y en 1979 comenzó a funcionar el trasvase. Inicialmente se preveía trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos al año pero la ley del trasvase lo dejó en 600. Solo en 2000 se alcanzó esa cifra. El agua riega decenas de miles de hectáreas de frutales y supone casi la mitad del abastecimiento de 2,5 millones de personas de Alicante, Murcia y Almería.

El ministerio impuso silencio a las comunidades hasta que pactaron

En 1995, durante una prolongada sequía, el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell, firme defensor de los trasvases, se enfrentó al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, también del PSOE, y aprobó un trasvase que casi vacía los embalses de cabecera. En 1999, el Gobierno de Aznar pactó con Bono una reserva de 240 hectómetros cúbicos exclusiva para Castilla-La Mancha. Posteriormente, Castilla-La Mancha apoyó el plan hidrológico de Aznar, que incluía el trasvase del Ebro, porque reduciría la presión sobre el Tajo.

Con la llegada del PSOE al poder, en 2004, se endurecieron las posturas. El Gobierno de Zapatero derogó el trasvase del Ebro y diseñó un plan de desaladoras que debía ir poco a poco sustituyendo al trasvase del Tajo, como pedían Bono y Barreda. En 2005, la ministra Cristina Narbona tuvo que salir escoltada de un acto en Murcia. Ese año, la sequía bajó los niveles del agua en cabecera hasta el punto fijado para que la decisión pasara a Consejo de Ministros. Desde entonces, prácticamente cada trasvase trimestral fue utilizado por Valcárcel y Camps contra los socialistas, a los que acusaban de favorecer a Castilla-La Mancha.

En la segunda legislatura de Zapatero la tensión se relajó. Había llovido y, además, el Ejecutivo llegó a plantearse un nuevo trasvase desde el Tajo pero en Extremadura, lo que permitiría discurrir más agua y de mejor calidad por el Tajo.

El acuerdo consigue por fin poner de acuerdo al PP. Pero no al PSOE. Los socialistas de Castilla-La Mancha denunciaron que el pacto abre el grifo del trasvase en contra de los intereses de su comunidad. Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, denunció que el acuerdo sobre el trasvase “certifica su defunción”, ya que con los 400 hectómetros como umbral no trasvasable “en los últimos diez años no habría habido trasvase”.