La ley ecológica mexicana se entrampa en el Nevado de Toluca

En el Nevado de Toluca todavía hay grandes carteles que anuncian al visitante que se encuentra en un Parque Nacional. Apenas tres días después de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto emitiera un decreto que rebaja el rango de la zona a Área de Protección de Flora y Fauna, nada se ha movido en el entorno de este volcán del Estado de México, donde las tierras de cultivo se alternan con el bosque y las plagas de muérdago se han comido los árboles. En 1936 el presidente Lázaro Cárdenas otorgó a este espacio el estatus de Parque Nacional, pero con los años, la evolución demográfica en la zona y el cambio de usos del suelo provocaron su deterioro. Alrededor de 190 hectáreas forestales se pierden cada año desde hace más de una década, según datos de Luis Miguel Mandujano, encargado de dirección del “Parque Nacional Nevado de Toluca”, dice él todavía al presentarse.

El Gobierno federal, que defiende haber trabajado en el proyecto desde el mes de enero, considera que la modificación ayudará a la recuperación de la masa forestal, ya que permite a los pobladores el desarrollo de actividades productivas.

"El 86% de la superficie son ejidos o comunidades agrarias, lo que hace que los propietarios necesiten un medio de supervivencia y si la ley se lo impide, incurren en actividades clandestinas, como la tala de árboles", ha defendido este viernes el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, antes de visitar la zona. Actualmente, el artículo 50 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente prohíbe realizar actividades productivas en las áreas protegidas. De ahí que el Ejecutivo quiera modificar la norma, pero solo en el Nevado. "El decreto de Cárdenas [basado en una ley forestal de 1926] está desactualizado con la realidad que vivimos hoy", argumenta Guerra Abud.

Luis Fueyo Mac Donald, comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, asegura que la propuesta de recuperación se focaliza en tres problemas: el forestal (hace falta rejuvenecer el bosque), los suelos (registros importantes de pérdida en más de 10.000 hectáreas) y el agua (el desbalance entre lo que se capta y lo que se extrae ya representa un déficit de 200 millones de metros cúbicos). Para el comisionado todo esto se dio “motivado por un marco jurídico que no tuvo en cuenta las condiciones históricas en las que evolucionó”.

Hoy unas 10.200 personas viven en la zona, según el censo. Algunas propiedades fueron otorgadas a sus dueños antes del 36. Aunque el decreto de Cárdenas establecía la expropiación de las tierras, ésta nunca se llevó a cabo, e incluso en años posteriores, informa Fueyo, se concedieron nuevos ejidos dentro del área protegida. "Las dotaciones ejidales generan derechos de uso en el territorio, pero un parque nacional impide que los propietarios puedan hacer nada, lo que constituye una contradicción", explica. El nuevo decreto reconoce los núcleos urbanos en la zona, que son asentamientos rurales, con viviendas de una o dos plantas y no muy grandes, legalizando la construcción en estas áreas delimitadas. El Gobierno asegura que no habrá desarrollos inmobiliarios fuera de estas, pero reconoce, por ejemplo, que sí será posible abrir un hotel donde antes había una casa unifamiliar. "Cualquier actividad, por ley tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Lo primero que hace la autoridad competente es ver si es compatible con el régimen jurídico establecido y en un área protegida no se pueden hacer proyectos que cambien el uso del suelo", puntualiza el comisionado.

Desde la publicación del decreto el Gobierno tiene un plazo de un año para la elaboración del Plan de Manejo, la norma secundaria que regulará al detalle las medidas de vigilancia, protección y recuperación de la zona. Para Roberto Brito Navarrete, técnico forestal de la zona, "no hay rescate si no hay productividad”. Una vez que se establezcan proyectos productivos, cada dueño de un terreno se convertirá en su vigilante. En primera instancia la protección y vigilancia del recurso “recae en el propietario”, porque a él mismo debiera interesarle.

En esta línea el Gobierno se muestra convencido de que la recuperación pasa por implicar a los ejidatarios en el proyecto, darles la oportunidad de tener un medio de abastecimiento para que a la vez que ganan, puedan responsabilizarse del cuidado de la zona.

Pese a que la Secretaría de Medio Ambiente asegura que esta modificación es la única vía para lograr la recuperación del terreno, lo cierto es que el cambio, tal y como señala la organización Greenpeace, disminuye las responsabilidades de protección al reducir la superficie protegida. “Solo el 3.62 por ciento (1,941.62 hectáreas) será zona protegida y restringida. En el 96.38 por ciento (53,590 hectáreas) serán permitidas actividades como aprovechamiento sustentable de recursos naturales (44.27 %), aprovechamiento sustentable de ecosistemas (18.06 %), uso público (0.56%), asentamientos humanos (1.31%) y zona de recuperación (27.51%)”.

El Gobierno, además, es consciente de que la recuperación del bosque no será rápida: "Lo que se ha estado degradando más de 70 años no se va a recuperar en dos".