Medio Ambiente no ha impuesto ninguna sanción por ‘bunkering’ en nueve meses

Cañete anuncia que endurecerá las multas a las gasolineras flotantes de la bahía de Algeciras

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado hoy que pretende endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes (práctica llamada bunkering) en la Zona Especial de Conservación (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras, cercanas a Gibraltar. Así lo ha afirmado tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz). Sin embargo, y pese a que el bunkering está prohibido desde el 1 de diciembre pasado, en estos casi nueve meses no se ha impuesto ninguna sanción por realizar esta práctica. Según un portavoz de Medio Ambiente, hasta ahora solo ha habido una denuncia y "se está investigando".

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de noviembre pasado un real decreto por el que declaró ZEC un área de 23.640 hectáreas marinas frente a la costa de Cádiz, que incluye las aguas cuya soberanía se disputan España y Gibraltar. Con este texto legal quedaban prohibidas varias prácticas que no respetan el medio ambiente marino, entre ellas el bunkering, es decir, el fondeo permanente de buques-gasolinera que se dedican a suministrar combustible a otros barcos en alta mar, con el consiguiente riesgo de vertidos. 

Según Medio Ambiente, el uso de gasolineras flotantes no se realiza en "ningún puerto español por el peligro que supone". Sin embargo, es "práctica habitual por las empresas que prestan el servicio para el puerto de Gibraltar, en aguas de la Bahía de Algeciras". Aguas que, reitera el Ministerio, son españolas y "están dentro de la ZEC". Precisamente una de esas empresas que compraba a las gasolineras flotantes hasta diciembre de 2011 era Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, de la que era presidente Miguel Arias Cañete. Los ecologistas y el PSOE han denunciado en numerosas ocasiones el conflicto de intereses del ministro.

Miguel Arias Cañete es uno de los tres ministros que se ha abstenido en la deliberación en el Consejo de Ministros de asuntos sobre los que han tenido intereses personales o familiares, según consta en una respuesta a la diputada socialista Meritxell Batetse. Una de las dos veces en las que se ausentó coincidió con la discusión del proyecto de real decreto para declarar ZEC el Estrecho de Gibraltar. El ministro declaró en el registro de intereses del Congreso que la empresa en la que tenía intereses, Ducar, no contrataba con la Administración.

Difícil de sancionar

El portavoz de Medio Ambiente explica que "con la normativa actual es difícil de sancionar, porque el Real Decreto de la ZEC remite a la Ley 42/2007 que, aunque establece penas hasta un elevado importe, no está específicamente tipificado como infracción el incumplimiento de medidas de gestión de las ZEC, y mucho menos la actividad concreta de bunkering". Y añade: "Ha de materializarse un daño para esa sanción". Según explica, lo que Cañete ha anunciado hoy es la modificación de la legislación ambiental, en particular esa ley 42/2007, para "tipificar expresamente como infracción el bunkering" y el resto de incumplimientos de los planes de gestión de las ZEC.

Arias Cañete ha asegurado esta mañana que, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes, informa Efe. El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la había de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la fiscalía y la UE.

Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que van a dar ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores. Arias Cañete ha insistido en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, y ha precisado que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias.

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