Las autonomías tendrán que revisar un millón de expedientes de dependencia

El acceso a las ayudas de la dependencia siempre ha sido un proceso administrativo complejo y lento. Pero diferentes autonomías temen que en el futuro aún lo sea más. Con más de 213.000 expedientes de personas con derecho a percibir prestaciones o servicios atascados, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que las comunidades dediquen parte de sus esfuerzos a revisar los expedientes e introducir nuevos datos del casi millón (996.088) de personas ya valoradas.

El Gobierno quiere incrementar la información que tiene de cada usuario. Tanto de los actuales, como de los futuros. En este último caso, se será más exigente hasta alcanzar los 59 datos de aspectos generales y otros 45 económicos. Y desea condicionar la cumplimentación de estos ficheros a la transferencia de los fondos estatales que financian las ayudas. “Este trabajo adicional va a dificultar notablemente el avance de la ley”, advierte el responsable de Dependencia de una de las autonomías con mayor número de personas atendidas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el organismo gubernamental encargado de supervisar la Dependencia, vinculado al Ministerio de Sanidad, sostiene que el sistema debe ser más transparente. En especial, después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera en un informe reciente irregularidades en el reparto de las ayudas y pagos a las autonomías por personas fallecidas o duplicadas. Con este argumento bajo el brazo, el Gobierno está preparando una orden para crear un nuevo sistema de información de la dependencia (la base de datos informática que gestiona el Gobierno a partir de los datos remitidos por las autonomías). Está previsto que este jueves se presente la norma al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, que reunirá a la ministra Ana Mato y a los responsables autonómicos. "Lo único que se pretende es que se sepa adónde se destina el dinero y en qué se gasta", indican fuentes del ministerio. "No se va a demorar la aplicación de la ley bajo ningún concepto, sino todo lo contrario", defienden.

El nuevo sistema de información contempla -según el borrador, aún provisional- que, mensualmente (antes de cada día 25), un alto cargo autonómico (de rango no inferior a director general) debe de certificar la veracidad de los datos incorporados al sistema relativos a las altas, bajas, modificaciones, revisiones y demás registros incluidos en el fichero. Sin esta gestión, el Estado no pagará. Según recoge el borrador de la orden que fue debatida el lunes en Madrid en una reunión entre el ministerio y directores generales de las distintas autonomías, este documento “servirá para la liquidación mensual del nivel mínimo [dinero por cada dependiente] así como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el sistema de información”.

Además, los gobiernos autónomos deberán expedir una vez al año, antes del 30 de abril, otra certificación para justificar en qué han gastado los créditos trasferidos por los presupuestos estatales a su comunidad para financiar la dependencia.

La orden también contempla conceder a las comunidades un año para incorporar toda la información requerida, un plazo que pareció muy justo a buena parte de los responsables autonómicos. A pesar de que las autonomías consultadas por este diario admiten que el ministerio ha rebajado el listón de exigencia del número de datos a incorporar en los ficheros informáticos, prácticamente todas plantearon el lunes alegaciones a la propuesta presentada por el Imserso, según han trasladado a este diario asistentes al encuentro. De ahí que el listado final pueda variar respecto al borrador.

No todas las administraciones autonómicas se verán afectadas en la misma medida. Algunas de las que usan la plataforma informática del ministerio ya incorporaban la nueva información solicitada, que hasta ahora era de cumplimentación voluntaria. Pero son las menos. Y hay nuevos requisitos, como por ejemplo el relativo a la notificación de enfermedades raras, que ni siquiera está en la base de datos actual. Por eso, aun aquellas regiones que rellenaban todos los campos de los ficheros, a pesar de no ser obligatorios, tendrán que revisar y ampliar los datos de todos los expedientes.

Distintas autonomías trasladaron a este diario la ralentización que supondrá en el sistema de dependencia toda esta tarea, al verse obligados a destinar recursos a este nuevo trabajo administrativo. El último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que los plazos para recibir atención siguen ampliándose y alcanzan ya los dos años y medio; y de que existen regiones con importantes bolsas de expedientes paralizados por resolver. En toda España hay 213.824 personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibir las ayudas que contempla la ley de dependencia y que no las perciben, una lista de espera que en los últimos meses ha disminuido sin que los nuevos ingresos al sistema puedan justificarlo: se trata más bien de miles de muerto que no alcanza a percibir sus ayudas.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el sistema informático estatal, que costó 22 millones de euros, ha sido cuestionado de forma repetida por sus fallos. Y ello a pesar de que estaba destinado a ser uno de los más potentes, a la altura de los que maneja la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. En principio, fue criticado por los problemas de interconexión entre esta base de datos y las autonomías. Más tarde, por los errores detectados por el Tribunal de Cuentas (que finalmente fueron menos de los anunciados) sobre los que el Imserso ha culpado a las autonomías (por los datos remitidos) y estas al Imserso (por no comprobarlos y hacer los cruces de información pertinentes).

Desde la semana pasada, el Imserso cuenta con una nueva empresa responsable del soporte y mantenimiento del sistema de información. Una vez finalizado en contrato con Accenture -que llevaba desde el comienzo del proceso-, el Ministerio ha adjudicado el servicio a una unión de empresas. A pesar de tratarse de un contrato público, desde el departamento que dirige Ana Mato se negaron a facilitar a este diario la identidad de las firmas que se habían hecho con el contrato. Se trata de las compañías Indra y Atia, que se harán cargo de la plataforma a lo largo de los próximos dos años por 10,4 millones de euros.