Suecia: prohibido pagar por sexo

No es lugar para esperar. La calle es ancha, ventosa y poco iluminada. Tampoco el tiempo acompaña. Hace frío y la noche es desapacible. Húmeda. A ella no parece importarle. Agita la coleta rubia y se ciñe un poco más el chaleco de piel blanca que lleva sobre una prenda negra de cuello alto, a juego con los pantalones y las botas. Sujeta un teléfono conectado a un auricular manos libres. Habla unos segundos y vuelve a recorrer la lámina de acera. Arriba y abajo. La confluencia entre Malmskillnadsgatan y Master Samuelsgatan. Apenas una esquina. Una franja de cemento en pleno centro de Estocolmo, a solo dos pasos de la zona comercial, que es sinónimo de prostitución. De lo poco que queda a la vista en la capital de Suecia. Un país que desde 1999 castiga a quien pague por obtener servicios sexuales.

Allí, las carreteras no están ribeteadas de clubes. Y si hay contacto de compra y venta, desde luego no se hace bajo a la luz de los neones. Los clientes no lo tienen fácil: si son descubiertos se arriesgan a una pena de un año de cárcel o a una cuantiosa multa. La premisa sueca es que si no hay demanda no habrá oferta. Un modelo que este país defiende y que ha exportado a otros como Noruega, Islandia o Singapur. Ahora, Francia e Irlanda estudian seguir sus pasos. También Valencia dio luz verde hace unos días a una ordenanza municipal que contempla sanciones para los clientes, pero no para las meretrices.

En Suecia, desde que entró en vigor la ley, unas 5.700 personas —todos, salvo contadísimas excepciones, hombres— han sido detenidos por comprar sexo o intentar hacerlo. De ellos, algo más de la mitad han sido condenados, aunque ninguno ha entrado en prisión. Han esquivado las rejas abonando una multa de al menos un tercio de sus ingresos diarios durante dos meses.

“No se trata solo de condenas. La ley busca un cambio social, ser ejemplarizante. Y se está logrando”, asegura la comisaria Kajsa Wahlberg, relatora nacional contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Diez años después de que entrara en vigor la inédita ley, el número de compradores de sexo había descendido del 13,6% a menos del 8% de la población, según datos del Instituto Sueco. Y aunque la norma —que apoya más del 70% de la población— no ha conseguido encerrar a los clientes sí ha conducido a una reducción palpable de la prostitución callejera: antes de la ley unas 600 mujeres ejercían en las calles de Estocolmo cada día; actualmente no son más de diez, según estimaciones de la policía.

¿Es la mujer de la coleta rubia una de ellas? Se ha subido a un coche rojo, familiar, que ha enfilado la calle en dirección a la autopista. Solo ha intercambiado un par de palabras con el conductor. Es posible que sea un amigo o un familiar. Pero también puede que el hombre haya contactado con ella en Internet y la haya recogido en la calle. Porque en Suecia, los burdeles se han trasladado a la Red. Una realidad de la que las autoridades son conscientes y que la asociación Rose Alliance —una de las escasas voces que censura públicamente la norma— considera efecto de la ley. Esta organización de extrabajadoras sexuales sostiene que la prostitución es ahora menos visible y, por tanto, más insegura; y que la regulación contribuye a estigmatizarla. “Existen mujeres que se dedican a ello voluntariamente. Hay explotación y trata, pero no todas son víctimas”, dicen.

Patrick Cederlöff, coordinador nacional contra la trata, no está de acuerdo. Antes de ocupar este cargo, este hombre musculoso de cabello rapado estuvo años trabajando en los servicios sociales de Estocolmo. Desde entonces, remarca entornando los ojos, cree más firmemente que la prostitución —que en Suecia ejercen sobre todo europeas del Este, tailandesas o nigerianas— no es una opción “realmente libre”. “Bajo esa idea se oculta la vulnerabilidad, la pobreza. También la trata y la explotación sexual”, dice. Cederlöff desmiente que la ley —que ha habilitado formas, como teléfonos anónimos para denunciar a quien paga por sexo— haya empujado a las mujeres a la clandestinidad de los hoteles o apartamentos; y a los anuncios en las páginas web. Responsabiliza del cambio más bien a las nuevas tecnologías.

Las autoridades también avanzan por ahí. Un equipo de policías especializado rastrea la Red día y noche en busca de esos reclamos que les permitirán apresar a chulos y clientes. Sus despachos están en la jefatura central de la policía de Estocolmo, muy cerca del de la comisaria Wahlberg, cauta con todo lo que signifique mostrar ese trabajo de campo. Es una mujer alta y enérgica. Tiene los ojos azules y el cabello rubio y corto. Antes de ser relatora investigó delitos sexuales como inspectora de la policía judicial. “El comercio sexual es un medio favorable para la delincuencia organizada. Permanece soterrado, mueve enormes cantidades de dinero y, a través de él, los proxenetas y las redes de trata lavan millones”.

A sus ojos y a los de la ley sueca, alguien que paga por sexo no solo atenta contra la dignidad de las mujeres; además, está contribuyendo a que esa arquitectura criminal prolifere. Desde que entró en vigor la ley, unas 200 personas han sido condenadas por proxenetismo en Suecia. Unas 40 por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, desde que en 2002 se incluyó este delito que implica trasladar a la persona con engaños, coacciones o a la fuerza para explotarla.

Como ocurre en España, no es fácil que las mujeres que han sido explotadas testifiquen contra sus verdugos. Para apoyarlas y fomentar esa colaboración, explica Ulrika Rosvall, experta del Instituto Sueco, el Gobierno tiene programas de acogida y reinserción —además, tiene programas para concienciar a los clientes—. También les ofrece volver a su país con el proyecto Safe Trip (viaje seguro), que coordina Cederlöff y que se apoya en ONG locales, que trata de que las mujeres puedan retornar sin temor a que quienes las explotaban las encuentren. A ellas o a sus familias.

La comisaria Wahlberg explica que Suecia ha ido un paso más allá: ha buscado incluso una solución específica para las nigerianas; que muchas veces están sometidas por el miedo atroz al vudú con el que las mafias las amenazan. Ahora, las autoridades suecas colaboran con “personas capaces de deshacerlo”, afirma la relatora. No es solo acorralar a los clientes. Se trata, dice, de cubrir todos los huecos.