La Audiencia Nacional investigará las prótesis mamarias fraudulentas

La Audiencia Nacional investigará el caso de las prótesis mamarias fraudulentas de la marca francesa Poly Implant Prothèse. Los jueces han admitido una querella penal interpuesta por más de 400 mujeres contra todos los eslabones de la cadena que permitió que se les implantara el producto sanitario que resultó haber sido elaborado con una silicona industrial, de baja calidad y con un porcentaje de rotura y efectos indeseados superior al de la silicona acreditada. Las afectadas buscan responsabilidades en el fabricante francés, Jean Claude Mas —procesado también en su país—, en los distribuidores de los implantes en España, en la compañía certificadora, las aseguradoras, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en las clínicas y cirujanos (más de 60) que las operaron.

La causa fue rechazada hace un mes por el magistrado Javier Gómez Bermúdez que no apreció que fuera competencia de la Audiencia. La sección tercera de lo penal de este tribunal considera ahora, tras un recurso de las afectadas, que si lo es y la devuelve a Bermúdez para que la instruya. Estima que pudo haber fraude con una sustancia farmacéutica: la silicona de mala calidad que contenían las prótesis PIP. También que, como recoge la querella presentada por miembros de la Asociación Nacional de Afectadas por las Prótesis PIP (Anap), pudo haber un fraude para alterar el precio del producto que, a pesar de ser de peor calidad, se vendía a precios similares al de otros.

Las afectadas piden responsabilidades a todos los eslabones de la cadena: desde el fabricante al Ministerio de Sanidad o los cirujanos

“Estamos ante un fraude contra la salud pública. Un fraude, además, con graves perjuicios para la salud física y psicológica de las afectadas”, incide Francisco Boronat, abogado de las querellantes, del despacho Bureau Partagas. En España se han registrado casi 2.000 incidencias con estas prótesis mamarias, fabricadas en Francia y retiradas del mercado en marzo de 2010; más de 1.200 de ellas por roturas. Como el caso de Eva Giménez, a la que los médicos tuvieron que extraerle las prótesis de urgencia en 2010, tres años después de que se las implantasen y tras haber padecido enormes dolores. Cuando se las quitaron, las prótesis llevaban ya ocho meses rotas. “Tenía una infección, quemazón, molestias enormes, inflamación…”, relata esta mujer de 37 años, una de las impulsoras de la asociación Anap. “Hay muchas mujeres que están muy mal, con silicona diseminada por el cuerpo. Todas tenemos muchos dolores físicos pero también psicológicos... Hemos entrado en un quirófano pensando que teníamos unas garantías y no ha sido así; en realidad se nos ha envenenado. Nos han fallado todos, desde el fabricante hasta el último eslabón de la cadena. No se vigiló. Por eso pedimos responsabilidades penales, alguien tiene que responder por esto”, critica.

Esta es la primera causa común y a gran escala —ha habido otras demandas individuales, sobre todo a cirujanos— por los efectos de estos implantes que en España se comercializaron durante 12 años en todo el país; pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha. En Francia un macroproceso penal —5.000 mujeres— contra el fabricante Jean Claude Mas y sus socios que se ha desarrollado en los últimos meses ha quedado visto para sentencia. Los fiscales piden para Mas una pena de cuatro años de prisión, el pago de una multa de 100.000 euros y que se le inhabilite por completo para trabajar en el ámbito médico o empresarial.

Las prótesis PIP se comercializaron en medio mundo. Aunque fue en su casa, en Francia, donde se descubrió por primera vez el fraude. Las autoridades sanitarias de ese país hallaron a finales de 2009, después de una inspección sorpresa —una de las pocas— a la fábrica de Mas que en algunos de los implantes mamarios se habían usado un gel de silicona no apto distinto al declarado. Unos meses después, tras la investigación, alertaron a todos los países de la UE y se prohibió la venta y la implantación de todas las prótesis aún disponibles en el mercado. Un año más tarde, en 2011, saltaron las alarmas por las altas tasas de rotura —al menos tres veces superiores a las normales-y otros problemas de salud graves provocados por estos productos. En ese momento, las autoridades francesas decidieron aconsejar a todas las portadoras que se las retirasen. Y la financió.