El director de Telemadrid declarará como imputado en cinco delitos

El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, tendrá que declarar como imputado el próximo 15 de julio en el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por cinco delitos: contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario. La querella presentada por Comisiones Obreras contra Sánchez estuvo motivada por la contratación de la filial de Telefónica TSA para la producción técnica de sus emisiones a partir del 16 de enero, tras el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que fueron despedidos 829 trabajadores del ente público a principios de año y que ha sido declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El sindicato considera que eso supone una cesión ilegal de trabajadores, y señala un posible delito de tráfico de influencias al ser Sánchez un empleado de Telefónica en excedencia (fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional).

La cadena pública ha declinado cualquier comentario a la citación de Sánchez pese a que cuando se conoció la admisión a trámite de la querella emitió una nota en la que negaba la imputación y prometía que en caso de que se les notificase “se podrá efectuar un análisis crítico y riguroso de los hechos denunciados” al tiempo que se reservaba “cuantas acciones procedan contra el querellante como calumniador”.

Precisamente, el contrato para las emisiones de la cadena autonómica que motivó la querella sale ahora a licitación, con un importe máximo superior al que está pagando actualmente la televisión pública. En los pliegos de condiciones se establece un presupuesto de 2.790.000 euros (sin IVA) para nueve meses: 310.000 euros al mes. Una portavoz de la cadena confirma que ahora se pagan 1,2 millones por cuatro meses: 300.000 al mes. No aclara si ese precio incluye el IVA. En todo caso la subida aceptable para la cadena sería como mínimo del 3,3%. El contrato con Telefónica se realizó a dedo: por el procedimiento negociado sin publicidad, por “razones de urgencia”, según la misma portavoz.

El contrato con la filial de Telefónica se realizó primero por dos meses y luego se prorrogó por el mismo plazo, a la espera del dictamen de los tribunales sobre el ERE. Como la sentencia del TSJM ha sido recurrida por todas las partes ante el Tribunal Supremo, la cadena saca a concurso la emisión solo para el plazo que prevé que tarde el alto tribunal en pronunciarse. Incluso se recoge en el pliego una cláusula por la que Telemadrid se reserva el derecho a rescindir el contrato si finalmente el Supremo declara nulo el ERE y obliga a la readmisión de los trabajadores despedidos.