Afectados por el robo de niños piden al Senado una comisión de investigación

"Comparezco ante el Senado de mi país para contarles un secreto espantoso enterrado durante cuarenta años. Vengo a hablar en nombre de miles de hijos, padres y hermanos víctimas del robo de niños en España", ha iniciado Antonio Barroso, presidente de Anadir, su comparecencia esta mañana en la comisión de justicia de la Cámara alta. "El Estado y la Iglesia han sido cómplices del robo de nuestra identidad, y les pido que escuchen con el corazón, más allá de su ideología o convicción religiosa", le ha rogado a los senadores presentes.

Barroso, presidente de una de las asociaciones de afectados por el robo de niños, ha relatado en la Cámara alta cómo supo que la mujer que le crió le había comprado a una monja. "Imaginen una vida de engaño, creciendo en una familia que no es la tuya"..., explicó a los senadores. Una prueba de ADN confirmó sus temores: "No soy hijo de mi madre. Ella y mi documentación mentían, pero la justicia me ha cerrado las puertas a la verdad. Mi caso se archivó sin que el juez ni siquiera llamara a declarar a la religiosa que me vendió".

El presidente de Anadir ha llamado la atención a los senadores sobre el "masivo archivo" de los casos que los afectados han denunciado en los juzgados. "Se archivan por falta de pruebas, pero es el Estado el encargado de conseguirlas. ¿Por qué no se llamó a declarar a la monja que me vendió? ¿Por qué esperan a que los implicados se mueran?".

Tanto Barroso como Mar Soriano, presidenta de la plataforma de afectados de clínicas de toda España por la causa de los niños robados, insistieron en que el Estado debe implicarse más para facilitar reencuentros y ayudarles a acceder a los archivos eclesiásticos y hospitalarios donde poder encontrar pistas del paradero de los familiares que están buscando. "En estos cuatro años de denuncias y lucha colectiva no se ha sentado nadie en el banquillo de los acusados. Los únicos reencuentros de familias se han producido gracias a las listas de búsqueda que las víctimas hemos lanzado en las redes sociales. En estos cuatro años nos ha ayudado más Facebook que el propio Gobierno", denunció Barroso. "El pilar fundamental es el Gobierno. Los programas de televisión y las redes sociales nos dan la oportunidad de llegar a todo el mundo, pero no podemos estar sujetos a ese golpe de suerte ni resignarnos a creer que esta es una situación accidental, una tragedia", añadió Soriano.

La senadora popular María de los Ángeles Armisén animó a los afectados a señalarles qué necesidades no se habían cubierto para intentar hacerlo en el futuro y recordó que el Ministerio de Justicia abrió el pasado febrero en el número ocho de la calle de la Bolsa de Madrid una oficina para las víctimas que desde entonces ha atendido a 292 familias y registrado 68 perfiles de ADN. Soriano celebró la apertura de esta oficina, en la que se pueden cruzar los datos que aporten todos los afectados que se registren (hospital, fecha de nacimiento y perfil genético) con el fin de facilitar reencuentros. Pero Barroso aseguró que muchos afectados "no se fían" porque el Instituto Nacional de Toxicología cometió un error con uno de ellos. 

Además de la comisión de investigación, que según el reglamento, solo puede crearse a petición del Gobierno o de 25 senadores, Barroso reclamó que se conceda a los afectados por robo de niños el estatus jurídico de víctimas, como el que tienen las del terrorismo y reclamó, al igual que Soriano, apoyo psicológico para "las madres que por ejemplo, han tenido que pasar el trace de una exhumación y que le dijeran que su hijo no estaba allí enterrado". El socialista Antonio Julián Rodríguez apoyó esta petición. El senador de la Entesa Joan Saura (ICV) ha recordado el caso de una mujer que se ha encadenado en Valencia para reclamar la exhumación de su hija, nacida en 1982 y que sospecha que fue robada. “El papel de la sociedad y de las administraciones no ha sido el que debiera ser. Nuestro papel es estar muy cerca de la gente que sufre y promover sus demandas", añadió.